*La investigación identificó la continuidad de las operaciones ilegales pese a cinco suspensiones ordenadas por la autoridad ambiental.

Los vertimientos de residuos peligrosos que estarían llegando al canal hídrico Policarpa, que desemboca en la bahía de Cartagena (Bolívar), dejaron en evidencia la actividad ilegal de una empresa dedicada a la recolección y tratamiento de residuos de petróleo, aceites y desechos sólidos.

A partir de una denuncia interpuesta por el Establecimiento Público Ambiental (EPA) del Distrito de Cartagena de Indias, la Fiscalía General de la Nación realizó varias actividades investigativas que permitieron conocer que la compañía operaba desde 2021, sin licencia ambiental.

Desde su sede, ubicada en el barrio Arroz Barato, arrojaba material que afectaban la flora, la fauna, el suelo y el agua. Los peritajes evidenciaron que las descargas estarían causando afectaciones en la salud de los habitantes, pues usaban el agua contaminada para cubrir sus
necesidades básicas.

Además, se acreditaron daños en el ecosistema, desaparición de especies animales y vegetales, y pérdida de nutrientes y disminución de la fertilidad en el terreno.

La autoridad ambiental suspendió a la empresa en, al menos, cinco oportunidades. No obstante, continuó con sus actividades industriales.

Por estos hechos, fueron capturados Omar Arturo Gutiérrez Florián, representante legal de la compañía; Pedro Enrique Figueroa Salcedo, Cecilio Rodríguez Amaranto, Wilmer José Sarmiento Tejedor y Yan Carlos Núñez Bautista.

Durante la diligencia adelantada con apoyo de la Policía Nacional fueron hallados contenedores y tanques con sustancias oleosas y viscosas derivadas de hidrocarburos, así como mangueras, válvulas y tapones que evidenciarían descargas directas al canal.

Una fiscal especializada de la Seccional Bolívar les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, el delito de contaminación ambiental.

A Gutiérrez Florián, representante legal, se le atribuyeron circunstancias de agravación. Los cargos fueron aceptados.

*La víctima abordó un taxi al salir de un establecimiento nocturno en Chapinero. Permaneció retenida cerca de 40 horas y fue obligada a realizar transferencias por aproximadamente 40 millones de pesos.

Luego de valorar las pruebas y argumentos de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal especializado condenó a los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo a 28 años y 6 meses de prisión por el secuestro y hurto de una mujer que tomó un taxi para regresar a su residencia en Bogotá.

En el curso de la investigación liderada por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales se conoció que, en la madrugada del 22 de febrero de 2026, la víctima salió de un establecimiento nocturno en la localidad de Chapinero y, ante la imposibilidad de solicitar transporte mediante una aplicación, abordó un taxi en la calle con destino a Engativá.

Juan Pablo Gómez Cardozo conducía el vehículo y se detuvo cerca de la residencia de la mujer para permitir que su hermano y otro hombre subieran. Los dos la sometieron mediante agresiones físicas y verbales, y se apoderaron de sus pertenencias.

Posteriormente, la trasladaron a un inmueble donde permaneció retenida cerca de 40 horas.

Durante ese tiempo le exigieron las claves bancarias y obligaron a realizar transferencias virtuales por aproximadamente 40 millones de pesos. Finalmente, fue liberada el 23 de febrero en inmediaciones de la vía a Choachí (Cundinamarca).

Los hermanos Gómez Cardozo, durante la audiencia de imputación realizada en marzo, aceptaron de manera libre y voluntaria los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado, ambas conductas agravadas. La condena en su contra, además de definir pena en centro carcelario, les impuso una multa de 4.374 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

*Entre los elementos incautados había un fusil Colt, dos pistolas y accesorios tácticos. La mujer fue capturada en flagrancia y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.

Una diligencia de embargo y secuestro por el presunto incumplimiento del pago del arriendo puso al descubierto armas y municiones en la casa donde residía la creadora de contenido Wendy Jeanette Durán Bocanegra, en el sector de Pance, en Cali.

La inspección de un clóset cambió el curso del procedimiento ordenado por un juez civil. Allí fueron encontrados 977 cartuchos calibre 5.56, utilizados en armas de largo alcance. Posteriormente, fueron hallados un fusil Colt calibre 5.56 de fabricación estadounidense, cuyo modelo y características no hace parte del inventario de la fuerza pública en Colombia; dos pistolas Glock calibre 9mm, con sus respectivos cargadores y cartuchos; un cargador con 35 cartuchos, dos miras holográficas, un adaptador de luz y láser.

Durante la diligencia Durán Bocanegra manifestó que no tenía permisos para mantener ese material y fue capturada en situación de flagrancia por la Policía Nacional.

En el lugar también había 4.844 dólares, una máquina contadora de billetes, dos grameras digitales, un teléfono celular, dos computadores portátiles y estupefacientes.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a la mujer el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Los cargos no fueron aceptados y un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las investigaciones de la Fiscalía continúan para establecer la posible participación de la creadora de contenido en otros hechos delictivos, así como el origen y destinación de los elementos encontrados.