*Uno de los procesados también habría participado en el hurto a una joyería en Bucaramanga, en el que murió un intendente jefe de la Policía Nacional.

Los elementos materiales probatorios recaudados en la investigación por la muerte de subintendente de la Policía Nacional Hilde Javier Pimienta, durante el asalto a un banco en Riohacha, La Guajira, permitieron identificar a Jorge Eliecer Peña Mendoza, alias ‘Gordo’, y Orlando José Cabrera Méndez, alias ‘Curramba’, dos de los presuntos implicados en los hechos delictivos ocurridos el 26 de febrero de 2025.

Los dos hombres habrían ingresado armados al establecimiento junto con otras personas, intimidado a clientes y empleados y exigido la entrega de sus pertenencias y del dinero disponible en las cajas.

En medio del hurto, el policía ingresó al banco y fue atacado con arma de fuego. Posteriormente, los presuntos agresores escaparon en tres motocicletas con más de 58 millones de pesos.

Las labores de policía judicial dan cuenta de que alias ‘Curramba’ estaría relacionado con otro asalto armado, perpetrado en noviembre de 2025 en una joyería de Bucaramanga, donde fue asesinado el intendente jefe de la Policía Nacional Fredy Francisco Leal Briceño.

Por los hechos ocurridos en Riohacha, Peña Mendoza fue capturado por la Dijin de la Policía Nacional en Valledupar. Por su parte, Cabrera Méndez fue notificado de la actuación judicial en la cárcel de Palogordo de Girón Santander, donde permanece privado de la libertad.

Una fiscal de la Seccional La Guajira los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas, y fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los dos fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario.

*Una mujer habría registrado en video las agresiones sexuales contra su hija de un año. En otro caso, un hombre presuntamente agredió a su hijastra y difundió imágenes.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), judicializó a cuatro personas que estarían involucradas en la producción, almacenamiento y circulación de material de abuso sexual infantil.

En una primera investigación, adelantada en articulación con la Dijin de la Policía Nacional y autoridades de Aragón (España), fueron capturados Leonardo Muñoz Claros y José Raúl Sabalza Cortés, en Pitalito (Huila) y Cartagena (Bolívar), respectivamente.

Estos hombres habrían utilizado una aplicación de mensajería para compartir archivos de contenido sexual que involucraban a menores de edad. Muñoz Claros es señalado de distribuir 1.223 videos, mientras Sabalza Cortés, al parecer, recibió y difundió este material.

De otra parte, con información de ICSE (por sus siglas en inglés, Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños) de INTERPOL, fue ubicada en Armenia (Quindío) y presentada ante un juez de control de garantías una mujer que presuntamente hizo registros audiovisuales de agresiones sexuales contra su hija, cuando la niña tenía aproximadamente un año.

Asimismo, tras una alerta emitida por la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), fue detectada en Soacha (Cundinamarca) una dirección IP que correspondía a un teléfono móvil y era utilizada para distribuir material de abuso sexual infantil.

El dispositivo pertenecía a un hombre que, al parecer, también abusaba sexualmente de su hijastra, de siete años, y produjo fotografías y videos de las agresiones.

A los procesados les fueron imputados, según su presunta responsabilidad individual, delitos como pornografía con personas menores de 18 años, utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años, acto sexual con menor de 14 años agravado, acceso carnal violento y acto sexual violento agravado. Ninguno aceptó los cargos. Por decisión de jueces de control de garantías, los cuatro deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

*La procesada aceptó su responsabilidad y fue sentenciada a más de 10 años de prisión.

Nancy Catalina Agudelo Arango aceptó mediante preacuerdo su responsabilidad en la estafa de alrededor de 30 personas que entregaron dinero para supuestas inversiones en la producción y comercialización de bolsas ecológicas y otros productos en Medellín (Antioquia) y Bucaramanga (Santander). En ese sentido, fue condenada a 10 años y 3 meses de prisión.

La investigación, adelantada por una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Medellín, permitió conocer que entre enero de 2019 y noviembre de 2024 la mujer se presentó como empresaria y promovió oportunidades de negocio a través de dos compañías. Para generar confianza entre los interesados, aseguraba contar con contratos con reconocidas multinacionales y ofrecía rendimientos de entre el 7 % y el 45 % del capital aportado, con plazos de devolución que oscilaban entre 8 y 60 días.

Las personas afectadas entregaron recursos que iban desde 1 millón hasta 763 millones de pesos, mediante pagos en efectivo o transferencias a cuentas de otras dos personas. En uno de los casos, la procesada recibió un vehículo como parte de la inversión. Cuando no cumplía con los pagos prometidos, justificaba los retrasos con supuestos bloqueos bancarios o incumplimientos de los clientes con los que, según afirmaba, tenía relaciones comerciales.

De acuerdo con las pruebas recaudadas, Agudelo Arango obtuvo un provecho económico ilícito superior a 3.914 millones de pesos. Además, durante el periodo investigado registró movimientos financieros superiores a 11.520 millones de pesos. Por estos hechos, un juez de conocimiento la sentenció por los delitos de estafa agravada en modalidad de masa y enriquecimiento ilícito de particulares. La decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley.