*Remberto Javier Amell Hernández aceptó su responsabilidad por actos de corrupción que comprometieron contratos financiados por el Departamento para la Prosperidad Social.

El direccionamiento de contratos de pavimentación y el manejo irregular de recursos públicos derivaron en la condena del exalcalde de Galeras (Sucre) Remberto Javier Amell Hernández, quien por disposición de un juez penal de conocimiento deberá cumplir una pena de cinco años y cuatro meses de prisión.

Mediante allanamiento a cargos el exmandatario aceptó su responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer.

Las conductas que motivaron la sentencia están relacionadas con hechos ocurridos durante su administración, entre 2016 y 2019. Amell Hernández intervino, junto con dos congresistas, en gestiones relacionadas con la adjudicación de dos proyectos con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), destinados a recuperar la malla vial de varios barrios de Galeras. Se trata de los convenios 449 de diciembre de 2016, por 9.416 millones de pesos, y 479 Fase II de noviembre de 2017, por 3.796 millones de pesos.

La investigación estableció además que el entonces alcalde intervino en la adjudicación de cuatro contratos de pavimentación, los cuales superaron en valor los 13.000 millones de pesos, en beneficio de terceros previamente seleccionados. Para favorecer su escogencia, impartió instrucciones a funcionarios municipales, suministró información relevante y promovió modificaciones a los pliegos de condiciones.

Por estas acciones ilícitas recibió el 50 % de las ganancias derivadas del primero de los negocios cuestionados. También entregó a los dos congresistas el equivalente al 15 % de los convenios suscritos con el DPS y le entregaron 400 millones de pesos para hacérselos llegar a un funcionario relacionado con la adjudicación de algunos de los contratos.

La condena conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley

*Uno de los procesados también habría participado en el hurto a una joyería en Bucaramanga, en el que murió un intendente jefe de la Policía Nacional.

Los elementos materiales probatorios recaudados en la investigación por la muerte de subintendente de la Policía Nacional Hilde Javier Pimienta, durante el asalto a un banco en Riohacha, La Guajira, permitieron identificar a Jorge Eliecer Peña Mendoza, alias ‘Gordo’, y Orlando José Cabrera Méndez, alias ‘Curramba’, dos de los presuntos implicados en los hechos delictivos ocurridos el 26 de febrero de 2025.

Los dos hombres habrían ingresado armados al establecimiento junto con otras personas, intimidado a clientes y empleados y exigido la entrega de sus pertenencias y del dinero disponible en las cajas.

En medio del hurto, el policía ingresó al banco y fue atacado con arma de fuego. Posteriormente, los presuntos agresores escaparon en tres motocicletas con más de 58 millones de pesos.

Las labores de policía judicial dan cuenta de que alias ‘Curramba’ estaría relacionado con otro asalto armado, perpetrado en noviembre de 2025 en una joyería de Bucaramanga, donde fue asesinado el intendente jefe de la Policía Nacional Fredy Francisco Leal Briceño.

Por los hechos ocurridos en Riohacha, Peña Mendoza fue capturado por la Dijin de la Policía Nacional en Valledupar. Por su parte, Cabrera Méndez fue notificado de la actuación judicial en la cárcel de Palogordo de Girón Santander, donde permanece privado de la libertad.

Una fiscal de la Seccional La Guajira los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas, y fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los dos fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario.

*Una mujer habría registrado en video las agresiones sexuales contra su hija de un año. En otro caso, un hombre presuntamente agredió a su hijastra y difundió imágenes.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), judicializó a cuatro personas que estarían involucradas en la producción, almacenamiento y circulación de material de abuso sexual infantil.

En una primera investigación, adelantada en articulación con la Dijin de la Policía Nacional y autoridades de Aragón (España), fueron capturados Leonardo Muñoz Claros y José Raúl Sabalza Cortés, en Pitalito (Huila) y Cartagena (Bolívar), respectivamente.

Estos hombres habrían utilizado una aplicación de mensajería para compartir archivos de contenido sexual que involucraban a menores de edad. Muñoz Claros es señalado de distribuir 1.223 videos, mientras Sabalza Cortés, al parecer, recibió y difundió este material.

De otra parte, con información de ICSE (por sus siglas en inglés, Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños) de INTERPOL, fue ubicada en Armenia (Quindío) y presentada ante un juez de control de garantías una mujer que presuntamente hizo registros audiovisuales de agresiones sexuales contra su hija, cuando la niña tenía aproximadamente un año.

Asimismo, tras una alerta emitida por la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), fue detectada en Soacha (Cundinamarca) una dirección IP que correspondía a un teléfono móvil y era utilizada para distribuir material de abuso sexual infantil.

El dispositivo pertenecía a un hombre que, al parecer, también abusaba sexualmente de su hijastra, de siete años, y produjo fotografías y videos de las agresiones.

A los procesados les fueron imputados, según su presunta responsabilidad individual, delitos como pornografía con personas menores de 18 años, utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años, acto sexual con menor de 14 años agravado, acceso carnal violento y acto sexual violento agravado. Ninguno aceptó los cargos. Por decisión de jueces de control de garantías, los cuatro deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.