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El Ejército despliega artillería pesada en el sur del país para hacer frente a la amenaza de grupos guerrilleros

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En un importante refuerzo a la seguridad en el sur de Colombia, llegó al aeropuerto Antonio Nariño, ubicado en el municipio de Chachagüí, un sistema de artillería de 155 mm que fortalecerá la “Operación Cordillera”, en el departamento de Nariño. Transportado en un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), tiene como objetivo aumentar las capacidades operacionales del Ejército Nacional de Colombia en la región.

La llegada de este sistema de artillería se da en un contexto especialmente crítico, marcado por la confrontación armada ilegal entre las disidencias de las FARC, conocidas como los «Franco Benavides», y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos grupos armados se disputan el control de economías ilícitas, lo que ha generado una situación de violencia persistente que afecta gravemente a las comunidades en la región.

Con este despliegue el Ejército de Colombia refuerza su presencia en las zonas más afectadas por estos enfrentamientos, con el propósito de garantizar la seguridad y el control territorial. Este sistema de artillería de 155 mm permitirá una mayor capacidad de respuesta frente a las amenazas de estos grupos armados, mejorando la efectividad de las operaciones militares en la región.

En la actualidad, el Ejército Nacional de Colombia cuenta con un total de 13 obuses de 155 mm x 52 calibres APU SBT V07-10, piezas que fueron adquiridas en el año 2007 a través de una oferta presentada por General Dynamics Santa Bárbara. Estos obuses fueron fabricados en el año 2006, y su adquisición se formalizó tras una visita a la fábrica de la empresa y la firma del contrato en febrero de 2007.

Las pruebas de recepción de los obuses y la munición se realizaron en septiembre de ese mismo año, y las piezas fueron asignadas a partir de 2008 a diversas unidades militares, entre ellas el Batallón de Artillería No. 10 “Santa Bárbara”, el Batallón de Artillería No. 5 “José Antonio Galán”, la Escuela de Artillería “General Carlos Julio Gil Colorado” y el Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”. Desde entonces, estos sistemas han sido desplegados a nivel nacional para apoyar estratégicamente a las distintas divisiones del Ejército comprometidas en el conflicto interno.

El refuerzo de la Operación Cordillera con este equipo militar demuestra la iniciativa del gobierno colombiano en la lucha contra la violencia y el crimen organizado en el país, especialmente en un departamento clave como Nariño, que históricamente ha sido una de las zonas más complejas debido a la presencia de grupos armados ilegales y sus vínculos con el narcotráfico.

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Ileso excontralor de Cali en un atentado a bala en su contra

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*Autoridades ofrecen recompensa de $20 millones para dar con responsables del atentado criminal.

Las autoridades adelantan operativos en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de ubicar y capturar al responsable del ataque.

Un atentado armado contra el excontralor de Cali Pedro Antonio Ordóñez encendió las alarmas en las últimas horas en el oeste de la ciudad. El hecho, ocurrido en el barrio Santa Teresita.

Según el reporte de la Policía Metropolitana, la víctima se desplazaba en un vehículo particular cuando fue sorprendido por un hombre que, movilizándose en motocicleta, disparó en varias ocasiones contra él. A raíz del ataque, el excontralor sufrió una herida de bala en el hombro izquierdo y fue trasladado a un centro asistencial, donde su estado de salud es estable y se encuentra fuera de peligro.

Tras lo ocurrido, la Alcaldía de Cali anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita dar con el paradero de los responsables.

«Tanto la Policía como la Fiscalía desplegaron un equipo especializado para dar con los responsables de este hecho; rechazamos contundentemente esta clase de situaciones», dijo.

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Frenan actividades mineras en la cuenca del río Fonce, en Santander, tras inspección ambiental

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La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) ordenó frenar varias labores extractivas tras detectar posibles riesgos para microcuencas y afluentes que abastecen al río Fonce, en la provincia Comunera.

Las denuncias de comunidades de la provincia comunera sobre presuntas irregularidades en actividades extractivas terminaron en una intervención de la autoridad ambiental.

A través de un comunicado, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) informó que ordenó la suspensión inmediata de varias actividades mineras que se desarrollaban en la zona de influencia de la cuenca del río Fonce, una de las fuentes hídricas más importantes del sur del departamento.

La decisión fue adoptada luego de una visita de inspección, vigilancia y control realizada por profesionales de la entidad en sectores rurales de los municipios de Socorro, Cabrera y Palmar.

La actuación se produjo tras las denuncias elevadas por habitantes de la vereda Baraya y del sector El Hoyo, quienes venían alertando sobre el avance de labores de extracción de materiales de construcción en áreas cercanas a fuentes hídricas y ecosistemas de importancia ambiental.

De acuerdo con la información entregada por la CAS, durante la inspección técnica se verificaron varios frentes de explotación asociados al título minero DAO-151.

Sin embargo, la autoridad ambiental aseguró que algunas de estas actividades se estarían desarrollando por fuera de las áreas autorizadas tanto por la Agencia Nacional de Minería como por la propia corporación.

Para la entidad, la situación genera preocupación debido a que las intervenciones detectadas se encuentran en una zona de influencia de la cuenca del río Fonce, un sistema hídrico del que dependen comunidades rurales, actividades agrícolas y diversos ecosistemas de la provincia comunera.

Según explicó la corporación en el comunicado, el desarrollo de actividades extractivas en sectores no autorizados podría ocasionar afectaciones sobre microcuencas y afluentes que desembocan en el río Fonce, comprometiendo no solo el equilibrio ambiental del territorio, sino también el abastecimiento de agua y la productividad agrícola de la región.

Ante los hallazgos, la autoridad ambiental ordenó la suspensión inmediata de las actividades desarrolladas en las áreas cuestionadas e inició un proceso sancionatorio ambiental, con el propósito de establecer responsabilidades y determinar el alcance de los posibles impactos generados.

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Capturaron a alias Chalá, señalado responsable del crimen del periodista Mateo Pérez

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*El hombre estaba huyendo de las autoridades hacia el Caquetá cuando fue sorprendido con otros cinco disidentes a la altura del peaje de Flandes, Tolima..

Un operativo adelantado por el Grupo Antiterrorismo de la Policía Nacional (GRATE) permitió la captura, en las últimas horas, de Jhon Edison Chala Torrejano, quien llevaba cuatro meses delinquiendo en Antioquia tras llegar del Cauca y ser designado como cabecilla de comisión de las disidencias en el municipio de Briceño.

Alias Chalá estaba huyendo de las autoridades desde inicios del mes de mayo, tras ser señalado responsable del crimen del periodista Mateo Pérez en la vereda Palmichal. Incluso, en un operativo de las autoridades en el Norte de Antioquia hace unas semanas, el hombre escapó herido con ayuda de otros disidentes y, esta vez, pretendía llegar a Caquetá, según confirmaron las autoridades a Blu Radio.

Fue sorprendido en el peaje de Flandes, Tolima, junto con otros cuatro presuntos integrantes de las disidencias de alias Calarcá. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió que haya justicia y que este hombre no quede en libertad.

En cuanto a su prontuario, se conoció que tiene una trayectoria criminal de aproximadamente 10 años. En 2024 fue cabecilla financiero de la comisión Darío Gutiérrez; para el 26 de abril fue encargado de esa zona por parte de alias “Primo Gay”, que lo considera su hombre de confianza, y finalmente generó rencillas internas tras ser señalado de ordenar y participar en la desaparición y homicidio del periodista.

Ahora deberá responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Asimismo, las autoridades incautaron cuatro pistolas 9 mm, ocho proveedores, 115 cartuchos 9 mm, 33 millones de pesos, una camioneta Toyota y siete celulares.

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