*Se encontraban mezcladas en productos derivados del café.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que 2,4 toneladas de cocaína fueron incautadas en el puerto de Cartagena.

Sánchez afirmó que el destino de esta cocaína era Europa.

«Se encontraban mezcladas en productos derivados del café y pretendían ser enviadas a Valencia, España», afirmó.

Sánchez agregó que este resultado golpea «de manera contundente las finanzas del narcotráfico transnacional y evita que miles de dosis lleguen a mercados internacionales para seguir financiando violencia y crimen organizado».

El jefe de la cartera de seguridad no informó de capturas por este hallazgo

*Según las autoridades, la droga era transportada en una embarcación tipo go fast.

La operación dejó dos capturados y la mercancía incautada está avaluado en más de 64 millones de dólares.

La Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial incautaron 1.390 kilos de clorhidrato de cocaína, en San Andrés y Providencia.

Según el contralmirante Omar Moreno, comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia, la droga era transportada en una embarcación tipo ‘Go fast’.

La Instrucción informó que “gracias al empleo coordinado de capacidades marítimas, aéreas y de guardacostas, fue posible realizar el seguimiento e interdicción de la embarcación. Durante la inspección fueron hallados varios paquetes con características similares a las utilizadas por las organizaciones narcotraficantes para el transporte de sustancias ilícitas, así como dos hombres que tripulaban la motonave”.

Los capturados, la embarcación y el material incautado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con los procedimientos de judicialización correspondientes.

“Con esta operación evitamos que más de 3 mil de dosis llegaran a mercados ilícitos internacionales y afectamos las finanzas de las organizaciones criminales en más de 64 millones de dólares”, agregó el Comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia.

*Fueron 209 los ‘falsos positivos’ documentados por la JEP, en el Meta.

Dos generales retirados del Ejército y otros 25 militares, imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por crímenes de guerra y de lesa humanidad, admitieron su responsabilidad por 209 asesinatos y 65 desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate en el departamento del Meta entre 2002 y 2007.

«Por primera vez en la historia del país, dos brigadieres generales retirados del Ejército Nacional reconocieron públicamente la existencia de órdenes superiores orientadas al cumplimiento de cuotas de bajas», aseguró la JEP, tribunal creado por el acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y la desmovilizada guerrilla de las FARC.

La investigación del tribunal documentó 209 asesinatos presentados falsamente como bajas en combate, conocidas en Colombia como falsos positivos, incluidos diez menores de edad, así como 65 desapariciones forzadas y una tentativa de homicidio ocurridas en Meta entre 2002 y 2007.

Los dos brigadieres generales retirados son Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, excomandantes de la Séptima Brigada del Ejército.

Saavedra admitió que ejerció presión sobre los comandantes para incrementar las bajas reportadas y reconoció haber utilizado expresiones que transmitían el mensaje de acudir a grupos paramilitares para producir resultados operacionales.

Por su parte, Ardila reconoció que incumplió sus deberes de mando y control cuando estuvo al frente de la Séptima Brigada y aseguró que el sistema de incentivos institucionales contribuyó a cometer estos crímenes.

«Las personas que fueron asesinadas no eran combatientes. Eran civiles, con proyectos de vida, familias, sueños y aspiraciones, a quienes estigmatizamos como delincuentes», manifestó Ardila durante una audiencia.

Junto a ellos reconocieron responsabilidad otros 25 exintegrantes de la fuerza pública pertenecientes al Batallón de Infantería No. 21 Pantano de Vargas (Bivar) y al Gaula Rural Meta, entre ellos coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes, suboficiales y soldados profesionales retirados.

En noviembre de 2025, la JEP imputó a los 27 comparecientes por crímenes de guerra, de lesa humanidad y otros delitos relacionados con los falsos positivos, uno de los episodios más oscuros del conflicto colombiano, en el que miembros del Ejército hicieron desaparecer y asesinaron a inocentes para hacerlos pasar por bajas guerrilleras con el fin de obtener premios y ascensos.

La JEP ha contabilizado 7.837 de estos casos, que fueron cometidos sobre todo entre 2002 y 2010, durante la Presidencia de Álvaro Uribe.