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Fiscalía

Desmantelan red que enviaba correos electrónicos con software maliciosos a nombre de la Dian

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La Fiscalía y la Policía Nacional capturaron a tres presuntos integrantes de una red señalada de suplantar entidades públicas para enviar de manera masiva correos electrónicos con software maliciosos, que copiaban información personal y financiera que las víctimas almacenaban en sus computadores o celulares.

Los señalados ciberdelincuentes fueron capturados en Medellín y Valledupar. En los procedimientos fueron incautados 40 dispositivos electrónicos, 4 memorias USB, 2 discos duros, 6 simcards y 6 routers.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos presentó a estas personas ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir, uso de software malicioso, suplantación de página web, acceso abusivo a un sistema informático y hurto por medio de un sistema informático.

Esta organización ilegal, al parecer, remitía correos electrónicos a nombre de dependencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de diferentes secretarías municipales de tránsito y de movilidad, entre otras autoridades.

Los mensajes contenían un RAT o troyano, un virus capaz de controlar los computadores y equipos, y que permitía tener acceso remoto a los archivos e información personal de los usuarios que abrían las comunicaciones recibidas creyendo que eran auténticas. Con los datos obtenidos de manera ilegal se habrían realizado hurtos y otros hechos fraudulentos.

Los elementos de prueba indican que también estaría implicada en un intento de ataque cibernético a la página del CAI virtual de la Policía Nacional.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en los lugares de residencia. Los afectados con la decisión son: Jair Enrique Velásquez Bohórquez, Juan Carlos Fernández Navarro, y Hernán Alonso Trejos.

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Fiscalía

Judicializan a presunto cabecilla del Clan del Golfo en el Bajo Cauca Antioqueño

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*Estaría implicado en la retención y posterior crimen de un hombre señalado de pertenecer a otro grupo armado ilegal.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a Juan David Pineda Vargas, señalado integrante del ‘Clan del Golfo’ que estaría implicado en múltiples actividades delictivas perpetradas en Zaragoza, El Bagre y otras poblaciones del Bajo Cauca antioqueño.

Según la investigación, este hombre presuntamente asumió funciones como sicario en 2024.

A finales de ese año habría sido designado cabecilla urbano con la responsabilidad de coordinar homicidios selectivos, secuestros, extorsiones, tráfico de estupefacientes y extracción ilegal de minerales; además de recopilar información sobre movimientos de la fuerza pública en la zona.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, el 5 de agosto de 2024, hizo parte de un grupo armado que se trasladó a una vivienda ubicada en la vereda Cacales, en El Bagre, y retuvo en contra de su voluntad a un hombre y lo condujo hasta el sector conocido como La Arenosa, donde fue amarrado de manos y sometido a agresiones físicas para que revelara información sobre una agrupación rival.

Al no obtener lo que pretendían, la víctima fue llevada a otro lugar y asesinada con arma de fuego, mientras permanecía maniatada e indefensa.

Su cuerpo fue hallado al día siguiente, 6 de agosto de 2024. Pineda Vargas, al parecer, fotografió el cuerpo para reportar a sus superiores la ejecución del crimen.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado en calidad de cabecilla, secuestro simple agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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Fiscalía

Fiscalía solicitó detención domiciliaria para el hijo de Diomedes y demás imputados

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*La audiencia fue suspendida y continuará el 6 de julio a las 4 de la tarde.

El Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito, Rodrigo Restrepo, solicitó al Juzgado 09 Penal Municipal Control Garantías De Barranquilla detención domiciliaria para los señalados de secuestro y tortura del prestamista Carlos Alfredo Mejía Vargas, en Barranquilla.

Esta medida aplicaría para Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz; Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Alexis Rafael Jiménez Urina y Stiven Rafael Bolaño De La Hoz.

“La Fiscalía le solicita detención preventiva en la residencia señalada por los imputados, porque la Fiscalía considera que no obstaculiza el juzgamiento”.

El ente acusador precisó que “la detención domiciliaria no es exagerada, no es abusiva por parte de la Fiscalía”, además, aseguró que “las víctimas están de acuerdo con la medida domiciliaria”.

Los defensores de los procesados estuvieron de acuerdo con la medida solicitada por la Fiscalía. Sin embargo, al turno del Juzgado, la audiencia fue suspendida.

La suspensión por parte del Juzgado se debió a que el material probatorio enviado por la Fiscalía al despacho, llegó en diferentes correos electrónicos con múltiples archivos adjuntos, sin numeración, identificación ni organización, lo que dificultó ubicar y verificar los elementos probatorios citados durante la audiencia.

Precisó la juez que el despacho debe evaluar los elementos materiales probatorios que sustentó la medida el Fiscal y por ello, suspendió la audiencia, la cual continuará el 6 de julio a las 4 de la tarde.

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Fiscalía

Encarcelan a un hombre que mató a su mamá porque ella no le dio dinero para comprar drogas

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*Hace dos meses el caso conmocionó al sur del Valle de Aburrá porque el señalado agresor habría fingido estar muerto y luego atacó a un policía que atendía la emergencia. Ahora fue enviado a la cárcel por feminicidio agravado.

Dos meses después del crimen que conmocionó al municipio de Caldas, en el sur del Valle de Aburrá, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Juan Pablo Jaramillo Martínez, de 26 años, señalado de asesinar a su propia madre en medio de una discusión ocurrida en la madrugada del pasado 1 de mayo en el barrio El Pombal.

De acuerdo con la investigación, la mujer, identificada en su momento como María Teresa Martínez, de 45 años, habría sido atacada porque se negó a entregarle dinero para comprar sustancias estupefacientes.

El caso generó gran conmoción en su momento por la forma en la que ocurrieron los hechos. Cuando los policías llegaron a la vivienda, tras las llamadas de vecinos que escucharon los gritos, encontraron al presunto agresor herido junto al cuerpo de la víctima.

Inicialmente creyeron que estaba inconsciente o sin vida, pero, según las autoridades, el hombre habría fingido estar muerto y, cuando uno de los uniformados se acercó, lo atacó con el cuchillo.

Ante la agresión, una subintendente de la Policía accionó su arma de dotación para controlar la situación.

En medio del procedimiento, el hoy procesado resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, donde permaneció bajo atención médica antes de ser capturado mediante orden judicial una vez recibió el alta.

Por esto, la Fiscalía le imputó el delito de violencia contra servidor público agravada por las lesiones ocasionadas a los uniformados que atendieron la emergencia.

Las investigaciones permitieron establecer que la víctima venía siendo objeto de violencia intrafamiliar por parte de su hijo desde tiempo atrás.

Según el ente acusador, incluso la habría amenazado de muerte en noviembre de 2025.

En su momento, la Alcaldía de Caldas informó que el hombre tenía antecedentes por violencia intrafamiliar y consumo de sustancias estupefacientes. De hecho, el año pasado estuvo vinculado a un proceso de rehabilitación, pero, al parecer, habría recaído.

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Además, había requerido en varias ocasiones la intervención de la Policía por episodios de agresividad.

Con base en el material probatorio, la Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado y violencia contra servidor público agravada.

Durante las audiencias preliminares, Jaramillo Martínez no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.

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