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Judicial

Consejo de Estado salva a Petro de la ‘muerte política’

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*La corporación rechazó una demanda que pedía tumbar su investidura por hechos relacionados cuando era senador de la República.

Mientras el país comenta la decisión sobre la suspensión provisional al presidente Gustavo Petro, este mismo jueves se conoció que el Consejo de Estado negó una demanda que buscaba despojarlo de la investidura que tuvo como senador de la República por presuntas inasistencias a sesiones plenarias.

La decisión fue adoptada por la Sala Especial, que concluyó en primera instancia que no se configuró la causal demandada. Según explicó el Consejo de Estado, la norma exige que existan al menos seis ausencias injustificadas a sesiones plenarias dentro de un mismo período de sesiones para que proceda la pérdida de investidura.

La demanda sostenía que Petro había acumulado 17 inasistencias cuando ocupó una curul en el Senado y destacaba ocho de ellas durante la legislatura 2018-2019. Sin embargo, el análisis del tribunal determinó que esas faltas no ocurrieron dentro de un mismo período legislativo, lo que era indispensable para aplicar la sanción.

De acuerdo con el fallo, cinco de las ausencias señaladas correspondieron al primer período de sesiones y las otras tres al segundo. Por esa razón, el Consejo de Estado concluyó que no era posible sumarlas para configurar la causal de pérdida de investidura prevista en la Constitución.

“La corporación verificó que 5 correspondían al primer periodo de sesiones y 3 al segundo, por lo que no se configuró la causal invocada”, señaló el alto tribunal.

La decisión se conoce después de que la representante Gloria Elena Arizabaleta radicara ante la Comisión de Acusación un auto que ordena su suspensión provisional del cargo dentro de una investigación por presunta participación en política, una medida que ha sido cuestionada por juristas que consideran que la Comisión no tiene competencia constitucional para apartar al jefe de Estado de sus funciones.

Aunque se trata de procesos completamente distintos y relacionados con hechos ocurridos en momentos diferentes de la trayectoria política de Petro, ambas decisiones coincidieron en una misma jornada convulsa política y judicialmente.

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“Sabían que estábamos asesinando gente inocente”: oficial (r) salpica a altos mandos del Ejército por ‘falsos positivos’

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*Durante la Audiencia de Reconocimiento de Verdad en la JEP.

De manera contundente y sin vacilaciones salpicó el teniente coronel en retiro Luis Fernando Borja Aristizábal a entonces altos mandos del Ejército con prácticas de ‘falsos positivos’ entre 2007 y 2008 en el departamento de Córdoba.

Los señalamientos los dijo en la Audiencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial de la Paz, realizado el día anterior en la ciudad de Valledupar.

“Mi general Freddy Padilla de León, entonces comandante general de las fuerzas militares, conocía lo que estaba pasando, conocía que estábamos asesinando gente inocente”, afirmó.

También salpicó al General Mario Montoya Uribe, quien en su momento fue comandante del Ejército; al General Óscar Enrique González Peña, excomandante del Comando Conjunto del Caribe I; y al General Luis Roberto Pico Hernández, entonces comandante de la Séptima División del Ejército. “Esto no era una manzana podrida, no era una rueda suelta. Todos sabíamos lo que estaba pasando, absolutamente todos”, dijo sin duda alguna.

Además, señaló al excomandante de la Brigada 11 del Ejército, con sede en Montería, quien les exigió cuotas de muertos.

“Mi Coronel Jorge Arturo Salgado Restrepo, comandante de la Brigada 11 desde noviembre de 2007 hasta que salí trasladado 2008, sabía que estábamos asesinando personas y cuando llegó a la unidad colocó cuota de muertos. La Fuerza Conjunta de Tarea Sucre tenía 3 muertos mensuales”, dijo el teniente coronel retirado.

También salpicó al coronel William Peña Forero, comandante de la Brigada 11 del Ejército en el año 2007, de quien dijo que sabía que “estábamos asesinando personas inocentes” y en varias oportunidades le pidió resultados relacionado con asesinatos para quedar en el primer lugar de escalafón dentro de las brigadas del Ejército.

“Todos ellos los nombro porque lo que siempre he manifestado a ustedes las víctimas, a la magistratura y a la justicia ordinaria desde el 2010 es que esto no era una manzana podrida, no era una rueda suelta. Todos sabíamos lo que estaba pasando, absolutamente todos”, reiteró.

Su intervención concluyó con una frase contundente: “Una vez le dije a unas víctimas que no pregunten quién dio la orden, pregunten quiénes sabían lo que estaba pasando”.

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¡Condenan a 50 años de cárcel a un hombre que mató a su madre y su abuela!

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*El suceso ocurrió en febrero de 2023, al interior de la vivienda que compartían las mujeres. La madre falleció dos meses después del brutal ataque.

Un juez de conocimiento condenó a 50 años de prisión a Duván Esteban Ruiz Rodríguez por el asesinato de su abuela y su madre, de 82 y 52 años, respectivamente. Según trascendió, Ruiz Rodríguez asesinó a las dos mujeres en una casa del conjunto residencial Altos del Progreso, del barrio Santana de Girardota.

Los hechos se registraron a las 5:20 de la mañana del domingo 5 de febrero de 2023. Tras los gritos de auxilio de ambas mujeres, los vecinos irrumpieron en el inmueble. Cuando llegaron, se encontraron con que ambas estaban tendidas en el suelo y la casa completamente ensangrentada.

Con el apoyo de personal del Cuerpo de Bomberos de Girardota, ambas mujeres fueron trasladadas al Hospital San Rafael, de la localidad. La abuela, María Ilía Méndez Yonda, de 82 años, falleció antes de ser atendida por los médicos por cuenta de las dos puñaladas que recibió en la espalda.

La otra mujer, hija de la víctima e identificada como Yolanda Rodríguez Méndez, de 55 años fue remitida al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, por las múltiples heridas que sufrió en la cabeza con esta arma blanca. Posteriormente, dos meses después del ataque, falleció.

Ese día, Ruiz Rodríguez escapó del lugar, pero mediante la persecución de la Policía fue capturado cuando se ocultaba dentro de una fundación, con su ropa completamente ensangrentada.

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Ruiz Rodríguez ejercía violencia constante contra las mujeres, por lo que el procesado fue declarado responsable del delito de feminicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Tras los alegatos de las partes, un juez halló al hombre responsable del feminicidio, por lo que lo condenó a 50 años de cárcel.

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Excongresistas Iván Name y Andrés Calle seguirán en La Picota: Corte Suprema les negó la libertad

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Los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle continuarán privados de la libertad mientras avanza el proceso que enfrentan por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión fue tomada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que rechazó la solicitud de libertad presentada por ambos excongresistas.

Las defensas de Name y Calle sostenían que ya se habían vencido los términos legales, al argumentar que habían transcurrido más de seis meses desde la audiencia de acusación sin que se iniciara el juicio. Sin embargo, el alto tribunal concluyó que no había razones para concederles la libertad.

Aunque mantuvo la medida de aseguramiento, la Corte aceptó parcialmente algunos recursos presentados por los abogados de los excongresistas. En ese sentido, autorizó la práctica de tres pruebas que habían sido negadas en primera instancia y ordenó ampliar el periodo de análisis de otras evidencias para incluir información comprendida entre 2021 y 2024.

No obstante, confirmó las demás decisiones adoptadas previamente por la Sala Especial de Primera Instancia, dejando en firme la continuidad de la detención de ambos procesados.

Iván Name y Andrés Calle permanecen recluidos en el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota, en Bogotá, donde enfrentan un juicio por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.

La investigación está relacionada con el presunto desvío de recursos de la UNGRD para influir en el trámite de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional en el Congreso. Según la hipótesis de la Fiscalía, en septiembre de 2023 se habría acordado entregar millonarios sobornos a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes para favorecer la agenda legislativa del Ejecutivo.

Con esta decisión, el proceso judicial seguirá su curso con la incorporación de las nuevas pruebas autorizadas por la Corte, mientras los dos excongresistas continúan detenidos.

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