*El suceso ocurrió en febrero de 2023, al interior de la vivienda que compartían las mujeres. La madre falleció dos meses después del brutal ataque.

Un juez de conocimiento condenó a 50 años de prisión a Duván Esteban Ruiz Rodríguez por el asesinato de su abuela y su madre, de 82 y 52 años, respectivamente. Según trascendió, Ruiz Rodríguez asesinó a las dos mujeres en una casa del conjunto residencial Altos del Progreso, del barrio Santana de Girardota.

Los hechos se registraron a las 5:20 de la mañana del domingo 5 de febrero de 2023. Tras los gritos de auxilio de ambas mujeres, los vecinos irrumpieron en el inmueble. Cuando llegaron, se encontraron con que ambas estaban tendidas en el suelo y la casa completamente ensangrentada.

Con el apoyo de personal del Cuerpo de Bomberos de Girardota, ambas mujeres fueron trasladadas al Hospital San Rafael, de la localidad. La abuela, María Ilía Méndez Yonda, de 82 años, falleció antes de ser atendida por los médicos por cuenta de las dos puñaladas que recibió en la espalda.

La otra mujer, hija de la víctima e identificada como Yolanda Rodríguez Méndez, de 55 años fue remitida al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, por las múltiples heridas que sufrió en la cabeza con esta arma blanca. Posteriormente, dos meses después del ataque, falleció.

Ese día, Ruiz Rodríguez escapó del lugar, pero mediante la persecución de la Policía fue capturado cuando se ocultaba dentro de una fundación, con su ropa completamente ensangrentada.

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Ruiz Rodríguez ejercía violencia constante contra las mujeres, por lo que el procesado fue declarado responsable del delito de feminicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Tras los alegatos de las partes, un juez halló al hombre responsable del feminicidio, por lo que lo condenó a 50 años de cárcel.

Los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle continuarán privados de la libertad mientras avanza el proceso que enfrentan por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión fue tomada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que rechazó la solicitud de libertad presentada por ambos excongresistas.

Las defensas de Name y Calle sostenían que ya se habían vencido los términos legales, al argumentar que habían transcurrido más de seis meses desde la audiencia de acusación sin que se iniciara el juicio. Sin embargo, el alto tribunal concluyó que no había razones para concederles la libertad.

Aunque mantuvo la medida de aseguramiento, la Corte aceptó parcialmente algunos recursos presentados por los abogados de los excongresistas. En ese sentido, autorizó la práctica de tres pruebas que habían sido negadas en primera instancia y ordenó ampliar el periodo de análisis de otras evidencias para incluir información comprendida entre 2021 y 2024.

No obstante, confirmó las demás decisiones adoptadas previamente por la Sala Especial de Primera Instancia, dejando en firme la continuidad de la detención de ambos procesados.

Iván Name y Andrés Calle permanecen recluidos en el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota, en Bogotá, donde enfrentan un juicio por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.

La investigación está relacionada con el presunto desvío de recursos de la UNGRD para influir en el trámite de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional en el Congreso. Según la hipótesis de la Fiscalía, en septiembre de 2023 se habría acordado entregar millonarios sobornos a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes para favorecer la agenda legislativa del Ejecutivo.

Con esta decisión, el proceso judicial seguirá su curso con la incorporación de las nuevas pruebas autorizadas por la Corte, mientras los dos excongresistas continúan detenidos.

*De acuerdo con la Fiscalía, las obligaba a sostener relaciones sexuales con él y visitarlo cada semana en las distintas cárceles.

La Fiscalía informó que fue condenado a 21 años de cárcel el exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, responsable de numerosos casos de violación sexual durante el conflicto armado y por abusar de tres menores de edad mientras estaba preso en una cárcel, entre 2004 y 2006, antes de ser extraditado a los Estados Unidos en 2008.

«El hombre obligaba a las víctimas a que lo visitaran en las cárceles donde se encontraba recluido y allí fueron abusadas sexualmente y sometidas a distintos actos ilícitos», señaló la Fiscalía en un comunicado.

Giraldo fue jefe del Frente Resistencia Tayrona de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y, según la Fiscalía, «aprovechó su condición de cabecilla» para obligar a tres niñas de 11 y 12 años de edad «a sostener relaciones sexuales con él, vivir en las fincas donde residía y visitarlo cada semana en las distintas cárceles» en las que estuvo.

«En los centros penitenciarios fueron abusadas sexualmente y sometidas a distintos actos ilícitos por parte del exjefe paramilitar. Una de las jóvenes, al cumplir 14 años, quedó embarazada y fue obligada a abortar por orden del hoy condenado. Otra de las víctimas dio a luz un bebé producto de los reiterados abusos», agregó la información.

La investigación está llena de detalles escabrosos, como que «una de las víctimas fue utilizada en condición de servidumbre, debido a que presentaba una discapacidad cognitiva» según la Fiscalía.

Estos crímenes fueron declarados de lesa humanidad para ser considerados imprescriptibles, y Giraldo, conocido con los alias de ‘El Viejo’, ‘El Señor de la Sierra’ y ‘Taladro’, aceptó su responsabilidad durante las audiencias celebradas el año pasado el año y se acogió a una sentencia anticipada.

De esta forma, un juzgado penal del Circuito de Santa Marta condenó a Giraldo a 20 años, 11 meses y 24 días de prisión «por los delitos de acceso carnal violento agravado, trata de personas con fines de explotación sexual, aborto forzado y tortura, todas estas conductas cometidas contra persona protegida», además de al pago de una multa.

Giraldo se desmovilizó de las AUC en 2006 junto con más de mil de sus hombres, pero luego fue excluido de la Ley de Justicia y Paz, que guió el proceso contra los paramilitares, por incumplir los compromisos adquiridos.

Tras ser extraditado a Estados Unidos en 2008, pagó en ese país una condena por narcotráfico y regresó a Colombia en calidad de deportado en 2021 para responder por sus múltiples crímenes ante la justicia colombiana.