*El oficial aceptó su responsabilidad por el delito de violación ilícita de comunicaciones y se comprometió a ser testigo de cargo contra otros involucrados en los hechos.

Luego de valorar los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías avaló e impartió legalidad al principio de oportunidad otorgado al capitán de la Policía Nacional, Óscar Leandro Mojica Cordón.

Con esta decisión, se suspende parcialmente la acción penal por el delito de violación ilícita de comunicaciones durante 12 meses. A cambio, el beneficiario se comprometió a rendir testimonio en otros procesos penales en los que resultó víctima Marelbys Meza Buelvas, exempleada de Laura Sarabia.

La Fiscalía estableció que, para la época de los hechos, Mojica Cordón se desempeñaba como jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín Bogotá y, presuntamente, participó en la falsificación de informes y el formato de entrevista a fuente no formal que sirvieron de soporte para obtener, de manera ilegal, órdenes de interceptación.

En dichos documentos se afirmó falsamente que estas personas eran integrantes de una organización dedicada al hurto de residencias en la ciudad. La investigación se originó por el reporte del hurto de unos dólares ocurrido en enero de 2023 en la residencia de la entonces jefe de gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia.

En el curso de ese proceso se detectaron las irregularidades que derivaron en las interceptaciones ilegales. El proceso penal en su contra continúa por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público.

*El exfuncionario, al parecer, direccionó un contrato por 32 millones de dólares en favor de una empresa que no cumplía los requisitos técnicos, jurídicos y financieros.

La Fiscalía General de la Nación judicializó al exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, Luis Edmundo Suárez Soto, por su presunta participación en las irregularidades detectadas en la planeación y ejecución del contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el entonces viceministro, sin tener competencia funcional, habría direccionado el proceso contractual para el mantenimiento y suministro de repuestos de las aeronaves, suscrito el 31 de diciembre de 2024 por 32 millones de dólares.

Los elementos materiales probatorios indican que, presuntamente, ordenó adelantar la contratación mediante la modalidad de selección directa reservada para favorecer a una empresa representada por un ciudadano estadounidense que no acreditaba la experiencia técnica, la capacidad jurídica ni la solidez financiera requeridas.

Asimismo, habría intervenido en reuniones de estructuración para flexibilizar requisitos, mantenido comunicación directa con los contratistas y realizado gestiones ante la Aerocivil para agilizar un trámite indispensable para la ejecución del contrato. La investigación también estableció que conoció informes técnicos y jurídicos que advertían el incumplimiento de los requisitos por parte del contratista y, al parecer, dispuso que un funcionario específico realizara la evaluación financiera. Posteriormente, la forma de pago fue modificada para autorizar un desembolso anticipado del 50% del valor del contrato.

En ese sentido, el 15 de abril de 2025 fueron girados 16.231.700 dólares, aunque únicamente se habían ejecutado actividades por cerca de 2,6 millones de dólares. Tras la declaratoria de incumplimiento, permanecen pendientes de reintegro más de 13 millones de dólares.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal. Los cargos no fueron aceptados.

*Los involucrados habrían aprovechado la situación de poder que tenían sobre sus estudiantes para cometer los abusos.

Como resultado de las acciones investigativas lideradas por la Fiscalía General de la Nación, fueron judicializados tres docentes señalados de vulnerar la libertad, integridad y formación sexual de siete menores de edad en hechos ocurridos en Cesar, Bogotá y Meta.

El primer caso se registró en El Paso (Cesar), donde José Nolberto Muñoz Villazón fue judicializado por hechos ocurridos entre febrero y marzo de 2026. De acuerdo con la investigación, habría aprovechado su posición de autoridad para acercarse en múltiples ocasiones a una de sus alumnas, una adolescente de 14 años.

Por otra parte, en Bogotá, Hugo Horacio Poveda Lotero, entre 2019 y 2020, presuntamente sometió a un estudiante a múltiples agresiones de índole sexual.

Asimismo, en Villavicencio (Meta) fue judicializado Jimmy Cárdenas Machado, señalado de realizar conductas de naturaleza sexual contra cinco estudiantes menores de 14 años entre 2023 y marzo de 2026.

Por lo anterior, fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (UENNA) imputaron a los investigados, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, delitos como acto sexual violento agravado, acoso sexual, acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años agravados, demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años agravada y acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado.

Los tres investigados no aceptaron los cargos y jueces de control de garantías les impusieron medida de aseguramiento en centro carcelario.