*Otro hombre, de nacionalidad mexicana, con circular de Interpol fue identificado en la terminal aérea del Oriente antioqueño.

En medio de la temporada alta de viajeros, las autoridades migratorias reforzaron los controles en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, en donde recientemente fueron inadmitidos seis ciudadanos estadounidenses que pretendían ingresar al país para realizar turismo con fines de explotación sexual.

Los seis extranjeros arribaron al departamento de Antioquia en un vuelo procedente de Miami y fueron sometidos al protocolo de entrevistas migratorias.

Durante el proceso, los oficiales establecieron que el propósito real de su viaje no coincidía con la información suministrada inicialmente y estaría relacionado con actividades de explotación sexual con menores.

La directora de Migración Antioquia, Paola Salazar, aseguró que la entidad fortaleció los controles migratorios para prevenir el ingreso de personas que representen un riesgo de explotación sexual, especialmente contra niños, niñas, adolescentes y mujeres.

«Nuestro compromiso es proteger especialmente a los niños, niñas y adolescentes, y mujeres en cualquier riesgo de explotación. Adicionalmente, durante otro procedimiento de control migratorio en el mismo aeropuerto, detectamos a un ciudadano mexicano que registraba una notificación roja de Interpol», manifestó la funcionaria.

En la revisión fueron encontrados varios paquetes con billetes de un dólar estadounidense, equivalentes a 50 dólares cada uno, que, de acuerdo con la información recopilada por las autoridades, serían utilizados como propinas en establecimientos nocturnos y otras actividades previstas durante su permanencia en Colombia.

Con estas seis nuevas inadmisiones, Antioquia completa 101 ciudadanos extranjeros rechazados por delitos sexuales con corte al 12 de julio de 2026, superando ampliamente los cerca de 80 casos registrados durante todo 2025.

*Los capturados tendrían nexos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, según las autoridades.

La Policía Nacional, a través de la Interpol, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la DEA de los Estados Unidos, capturaron a 6 presuntos integrantes de una red señalada de estar dedicada al tráfico internacional de clorhidrato de cocaína, en Santa Marta. Política

Según las autoridades, la organización mantendría vínculos estratégicos con el Grupo Armado Organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que proveía apoyo logístico y de seguridad para el movimiento de los cargamentos de cocaína.

La modalidad delictiva, según las autoridades, consistía en la contaminación de aeronaves privadas que operaban desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Santa Marta.

“La investigación, iniciada en 2024, fue posible gracias a la cooperación internacional y el uso de técnicas especiales de investigación. A través de la infiltración de un agente encubierto y el uso de fuentes humanas, los investigadores pudieron documentar la jerarquía criminal y la participación de integrantes clave, incluyendo a alias ‘Barbas’, señalado como cabecilla encargado de la producción y logística, y alias ‘Conde’, quien utilizaba su posición como supervisor de seguridad aeroportuaria para facilitar el ingreso clandestino de cocaína a las aeronaves”, informaron las autoridades en un comunicado.

El proceso investigativo también permitió vincular a la organización con la Operación Ohio, en la cual se incautaron 40 kilogramos de cocaína en Santa Marta y se capturaron a tres ciudadanos en flagrancia.

Además, lograron en medio de las investigaciones la identificación de rutas que incluían no solo los Estados Unidos, sino también conexiones con puertos en Europa y el uso de cruceros turísticos para el tránsito de estupefacientes. Política

Los 6 capturados fueron puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, a la espera de que se surtan los trámites de su extradición hacia territorio estadounidense.

*El Tribunal también tuvo en cuenta el impacto social del caso y recordó que, de acuerdo con información citada en la sentencia, “el fallecimiento de un manifestante genera un impacto social significativo, que puede afectar el ejercicio del derecho a la protesta”.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró administrativamente responsable a la Nación, Ministerio de Defensa y Policía Nacional por los daños ocasionados a los familiares de Dilan Mauricio Cruz Medina, el joven que murió el 25 de noviembre de 2019 tras recibir el impacto en la cabeza de una munición tipo Bean Bag disparada por un integrante del entonces Esmad, durante una jornada de protesta social.

Capitán de la Policía que disparó a Dilan Cruz fue llamado a juicio disciplinario en la Procuraduría
El fallo señala que “en el caso concreto, advierte la Sala que se configuran los presupuestos para entender que la muerte de Dilan Mauricio Cruz Medina, a causa del impacto de una munición disparada desde un arma de dotación oficial de un miembro del Esmad, constituye una grave violación de derechos humanos”.

En la sentencia, la corporación concluyó que existió una falla en el servicio por parte de la institución al clasificar el arma utilizada como un elemento “menos letal”, sin informar de manera suficiente a los uniformados sobre su potencial capacidad de causar la muerte. Según el Tribunal, esa circunstancia impidió que el uso de la fuerza fuera valorado conforme a los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad.

La decisión agrega que con la actuación estatal “se afectó de manera directa, los derechos constitucionales y convencionales a la vida y a la protesta”, al tiempo que quedó demostrado que “el uso de la fuerza por parte de la entidad accionada, no fue precedido de una adecuada valoración de los principios de proporcionalidad y necesidad; es decir, se hizo un uso irregular y excesivo de la fuerza”.

El Tribunal también tuvo en cuenta el impacto social del caso y recordó que, de acuerdo con información citada en la sentencia, “el fallecimiento de un manifestante genera un impacto social significativo, que puede afectar el ejercicio del derecho a la protesta”.

Como medida de reparación integral, el Tribunal ordenó al comandante de la Policía Nacional realizar un acto público de reconocimiento institucional de responsabilidad y presentar disculpas a la familia de la víctima dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia.

Al justificar esa medida, la Sala sostuvo que “esta medida de satisfacción resulta procedente, máxime si se tiene en cuenta que los hechos que desencadenaron en la muerte del joven tuvieron ocurrencia, cuando el mismo se encontraba desarrollando su derecho Convencional y constitucional a la protesta”. Agregó que “ningún manifestante, por ejercer su derecho legítimo a la protesta, debe ser sujeto pasivo de acciones que atenten contra su integridad, su dignidad y su vida”.m