Connect with us

nacional

Una mina ilegal de oro destruyó parte del páramo de Santurbán, y nadie hace nada

Published

on

Una bocamina ubicada a más de 3.000 metros de altura, en pleno páramo de Santurbán, quedó registrada por primera vez en una fotografía que confirma el avance de la minería ilegal de oro sobre uno de los ecosistemas más estratégicos del país, del que dependen más de dos millones de habitantes de Santander y Norte de Santander para su abastecimiento de agua.

La imagen fue tomada en el municipio de California, epicentro de una explotación que en los últimos siete años ha dejado sin buena parte de su vegetación a una montaña de aproximadamente 300 hectáreas.

Allí, más de 200 bocas de entrada dan acceso a socavones que originalmente abrieron mineros de tradición en la región, pero que hoy también operan foráneos de otras zonas de Santander, Norte de Santander, Antioquia y varios migrantes, atraídos por lo que se conoce como la «fiebre del oro».

El negocio, pese a ser ilegal, mueve cifras que rondan los miles de millones de pesos. Un estudio de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), realizado hace dos años, estimó en cerca de 26.000 millones de pesos las utilidades mensuales que deja esta actividad en la provincia de Soto Norte.

Se pudo constatar, además, que un solo socavón llegó a producir hasta 10 kilos de oro en apenas una semana, un volumen que, al precio actual del gramo —444.108 pesos—, equivaldría a ganancias cercanas a los 4.441 millones de pesos por un trabajo de días.

No existen registros oficiales de estas cifras justamente por tratarse de minería no autorizada, que además avanza sin ningún control por parte de entidades como el Ministerio de Ambiente o la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

Llegar hasta las minas implica recorrer unos 12 kilómetros desde el casco urbano de California por una vía angosta y en mal estado, que se vuelve peligrosa con las lluvias frecuentes de un terreno que supera los 2.300 metros de altura. Motocicletas van y vienen por esa carretera a cualquier hora del día —también de madrugada—, y no es extraño encontrar hasta 15 de ellas estacionadas cerca de los socavones. Sus conductores suelen cubrirse del frío con ruanas, sacos gruesos y pasamontañas; entre ellos, según pobladores de la zona, cada vez hay más menores de edad que se aventuran a extraer oro.

La situación ocurre en medio de un proceso de delimitación del páramo que lleva nueve años sin concluir, ordenado por la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-361 tras determinar que el trazado anterior no tuvo suficiente participación comunitaria. El nuevo ejercicio exige que los 40 municipios de Santander y Norte de Santander con influencia sobre Santurbán suscriban acuerdos individuales, insumo con el que luego el Ministerio de Ambiente deberá construir una resolución única.

En esa hoja de ruta, la semana pasada se cumplió una mesa de concertación en Bucaramanga y el 18 de julio está programada otra en la Universidad Industrial de Santander (UIS).

Mientras avanza ese trámite, rige desde marzo de 2025 una protección temporal: mediante la Resolución 0221, el Ministerio de Ambiente vetó por dos años —prorrogables por dos más— la extracción de oro y plata en 75.000 hectáreas de Soto Norte, incluida Bucaramanga.

La medida, sin embargo, convive con 57 títulos mineros vigentes de pequeña, mediana y gran minería que, según la Agencia Nacional de Minería, cubren 23.929 hectáreas dentro de esa misma zona protegida, equivalentes al 31,5 % del área total.

Los siete municipios incluidos en la reserva son Matanza (22.659 hectáreas), Suratá (25.871 hectáreas), Tona (5.884 hectáreas), Charta (11.283 hectáreas), Bucaramanga (4.925 hectáreas), California (3.496 hectáreas) y Vetas (1.890 hectáreas).

A la ecuación se suma la presencia de Aris Mining, empresa canadiense y principal accionista del proyecto Soto Norte, que ha insistido en que no realiza ninguna actividad minera en la actualidad, pues no tiene proyectos radicados ante el Gobierno nacional, y recordó que la Zona de Reserva Temporal prohíbe cualquier tipo de extracción mientras esté vigente.

nacional

Alias ‘El Bendito Menor’ apareció nuevamente en la Alta Guajira retando y burlandose de las autoridades 

Published

on

Cuatro días después de que el presidente electo Abelardo De La Espriella conminara a su ministro de Defensa designado, el general retirado Jorge Eduardo Mora, a “capturar o dar de baja” a Nain Pérez Toncel, alias ‘El Bendito Menor’, el peligroso cabecilla de las autodenominadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, reapareció en redes sociales.

‘El Bendito Menor’ publicó en redes sociales un video y varias fotografías en las que aparece con su compañera sentimental conocida con el alias de ‘La bebecita. “Estamos en meloooo”, dice Pérez Toncel en un video en el que conduce una motocicleta en la Alta Guajira.

También, en su página de Facebook escribió: “Mi patria va más allá de simples palabras. Porque mi palabra es mi firma”.

A comienzo de semana el ‘Bendito menor’ retó a las autoridades al presidir una caravana en Riohacha. Vestía una camiseta de la Selección Colombia y también estaba junto a su pareja.

Un días después el Presidente electo Abelardo De La Espriella instruyó a su MinDefensa designado a que “proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, a ‘El Bendito Menor’.

“Les he dado a los bandidos la oportunidad de sometimiento, si no lo hacen, debe caerles todo el peso de la ley. Seré implacable con aquellos que siembran la violencia y la muerte”, escribió De La Espriella en su cuenta de X.

Continue Reading

nacional

Después de 24 años, el Estado colombiano pidió perdón por la masacre de Bojayá, Chocó

Published

on

*El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció la responsabilidad y ofreció excusas por el hecho donde fueron asesinadas más de 100 personas.

El evento fue presidido por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue tajante en sus palabras y no solo aceptó la responsabilidad de la Nación, sino que ofreció excusas públicas a las víctimas de la masacre cometida por las Farc y las AUC.

«En nombre de la Nación. Reconozco ante ustedes que el Estado falló en su deber de protegerlos frente a este acto demencial. Falló porque no actuó con la oportunidad y la eficacia que las circunstancias exigían. Falló porque existieron alertas sobre el riesgo que enfrentaban estas comunidades, y la respuesta institucional no fue suficiente para evitar la masacre», aseguró Sánchez.

La conmemoración tuvo lugar en un territorio que aún guarda las cicatrices de lo ocurrido el 2 de mayo de 2002, cuando más de un centenar de personas fueron asesinadas en medio de enfrentamientos. La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, se refirió al derecho a la no repetición.

«Eso no pasó en la violencia de los 1990, eso no pasó en la violencia de los 2000, eso no pasó en la violencia que se ha reproducido, por ejemplo, en Quibdó y otros municipios a partir del desplazamiento, a partir de la destrucción del tejido social que había creado más violencia. Pero no hay garantía de no repetición», manifestó la mandataria.

Hay que recordar que en aquel entonces y en medio del fuego cruzado, la población civil buscó refugio en la iglesia del pueblo que terminó siendo impactada por un cilindro bomba lanzado por la guerrilla, causando una de las peores masacres registradas en la historia de Colombia.

«El Estado no brindó una pronta y efectiva y oportuna respuesta para proteger a la población civil del municipio de Bojayá y de las poblaciones aledañas frente al inminente enfrentamiento entre grupos armados ilegales», indicó la defensora del Pueblo, Iris Marín.

Los hechos también afectaron a comunidades cercanas, como las del municipio de Vigía del Fuerte en el departamento de Antioquia, donde la confrontación armada causó temor y el desplazamiento forzado en decenas de familias.

Este acto de perdón se dio en el marco de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en materia de verdad, justicia y reparación, especialmente frente a las víctimas del conflicto armado.

Continue Reading

nacional

Qué crueldad: Alcalde de Quinchía, en Risaralda impondrá comparendos a quienes alimenten a perritos de la calle

Published

on

Una polémica medida fue anunciada por el alcalde del municipio de Quinchía, Risaralda, Jader Bañol, quien confirmó que se aplicarán comparendos económicos a los ciudadanos que les den comida y agua a los perros en condición de calle.

Según explicó el mandatario local, la drástica determinación se adopta debido al notable aumento de excrementos en los espacios públicos del casco urbano, una problemática sanitaria que la administración atribuye directamente a los animales callejeros luego de ser alimentados por habitantes de la comunidad.

El alcalde indicó de manera estricta que se ordenará a las autoridades policiales competentes imponer las respectivas sanciones a todas las personas que dispongan de alimento o agua para los caninos en los sitios públicos de la municipalidad.

El anuncio despertó de inmediato un intenso debate entre defensores de los derechos de los animales y ciudadanos preocupados por la salubridad, dividiendo opiniones sobre cuál es el manejo adecuado que el gobierno local debe dar a la población de fauna callejera.

Con esta focalización, el mandatario busca frenar los desórdenes causados por esta manada en particular, mientras la opinión pública regional sigue de cerca la viabilidad y aplicación legal de la sanción.

Continue Reading

Tendencias

Copyright © 2024 Noticaribe