*La víctima fue atacada por su labor de protección del río Caribona. Además, fue señalada de incumplir las normas impuestas por esa organización ilegal.

En atención a las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a 43 años y 4 meses de prisión a Dubán Daniel Hernández Martínez, alias Pajarito, por su responsabilidad en el crimen del líder social Víctor Manuel Trujillo Trujillo, perpetrado el 15 de enero de 2019, en Montecristo (Bolívar).

Este hombre, integrante del Frente Guillermo Ariza del ELN, hizo parte de un componente armado que llegó a la vereda El Salto y obligó a los habitantes a salir de sus viviendas para reunirlos en una tienda. Posteriormente, la víctima llegó al lugar y fue amarrada. Horas más tarde, recibió varios disparos que le ocasionaron la muerte.

El líder social fue asesinado por la labor comunitaria que ejercía en la región, especialmente por su trabajo de protección del río Caribona. Además, había sido señalado de incumplir las normas impuestas por la organización ilegal.

En ese sentido, Hernández Martínez fue declarado responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y rebelión.

Además, le fue impuesta una multa equivalente a 3.150 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

*Convencían a jóvenes de llevar diversas cantidades de cocaína y marihuana ocultas en el cuerpo, poniendo en riesgo su salud e integridad.

Contactar mujeres en condición de vulnerabilidad, convencerlas de viajar e instrumentalizarlas para que llevaran estupefacientes a diferentes países y cárceles colombianas, habría sido la modalidad delictiva utilizada por una red narcotraficante que tenía injerencia en Medellín y San Andrés Islas.

La Fiscalía General de la Nación identificó y judicializó a nueve de los posibles integrantes de esta organización ilegal. Se trata de Carlos Gary Ruiz Taborda, alias El Mago; Xiomara Andrea Ruiz Taborda; Humberto Gallardo Hudgson, alias El Negro; Sergio Alexander Quimbay Castro; Jessica Murillo Álvarez; Marly Marcela Chacón Saldarriaga; Margarita María Tamayo Valencia, alias Margara; María Salomé González, alias Salo; Leidy Estefanía Castro Arango; y Valentina Suaza Holguín, alias Mochita.

En el curso de la investigación, dirigida con un enfoque diferencial y de género, se estableció que el grupo delictivo coordinó la preparación y salida de varias jóvenes que movieron diversas cantidades de cocaína y marihuana ocultas en el cuerpo con destino a España, Países Bajos, Alemania, México y República Dominicana.

Una actividad que puso en peligro la salud e integridad de la viajeras, y le causó la muerte a una de ellas. Las evidencias indican que Ruiz Taborda sería el cabecilla de la organización y el encargado de elaborar, camuflar y dirigir la distribución nacional e internacional de las sustancias.

A su turno, Gallardo Hudgson estaría a cargo de la adquisición de los estupefacientes y la coordinación de los despachos desde San Andrés hacia el exterior.

Por su parte, Tamayo Valencia es señalada de ubicar a las mujeres; mientras que alias Salo y alias Mochita presuntamente se trasladaban pequeños cargamentos a los centros de reclusión. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a los posibles involucrados el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Por disposición de un juez de control de garantías, todos deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

*Las investigaciones determinaron que habrían recibido 500 millones de pesos a cambio de facilitar el escape.

La Fiscalía General de la Nación judicializó al dragoneante José Daniel Yunda Fajardo y al inspector Édgar Alfredo Melo Forero, presuntamente responsables de haber facilitado el escape de un supuesto integrante del ‘Tren de Aragua’, recluido en la cárcel La Picota de Bogotá con fines de extradición a Perú por el delito de homicidio agravado.

De acuerdo con la investigación, durante el turno de vigilancia correspondiente al 1o. de abril, los procesados habrían dejado abierta la puerta de la lavandería, omitido la verificación reglamentaria del privado de la libertad en los conteos y abstenido de activar la alerta de fuga, así como de registrar las novedades en la minuta de servicio.

La ausencia fue advertida al siguiente día en horas de la mañana. El hombre fue recapturado el 8 de mayo en Medellín (Antioquia). Por estas omisiones, los dos funcionarios, al parecer, recibieron 500 millones de pesos.

En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de favorecimiento de fuga y cohecho propio.

Los procesados no aceptaron los cargos y una juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.