*Los homicidios estarían relacionados con un plan criminal para identificar y atacar a personas señaladas equivocadamente hacer parte de actividades delictivas en la región.

Fermín Cárdenas Pico, alias 30-30, integrante de una red delincuencial autodenominada ‘Los Sayayines’, fue condenado a 44 años de prisión por participar en una ola de homicidios selectivos y otras conductas ilícitas perpetradas en Barrancabermeja (Santander), entre 2006 y 2007.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos aportó en juicio oral pruebas que dan cuenta de que este hombre, el 1 de diciembre de 2006, condujo la motocicleta usada para transportar al sicario que disparó contra un ciudadano señalado equivocadamente de cobrar extorsiones.

El crimen ocurrió en inmediaciones del Club Náutico.

De igual manera, está vinculado al asesinato de un mototaxista frente a la planta de tratamiento de aguas, el 19 de febrero de 2007. En este caso hizo parte de un grupo que siguió de cerca los movimientos de la víctima para evitar su huida y garantizar que la acción criminal fuera ejecutada.

Adicionalmente, se acreditó que Cárdenas Pico también cumplía el rol de conseguir armas de fuego y brindar apoyo logístico a ‘Los Sayayines’, una agrupación ilegal conformada posterior a la desmovilización de las estructuras paramilitares del Magdalena Medio para intimidar a la población y poner en marcha un plan criminal contra las personas que se oponían a su actuar delictivo o supuestamente les diputaban las rentas ilícitas en Barrancabermeja.

Por lo anterior, un juez penal de conocimiento lo sentenció por los delitos de homicidio agravado en dos eventos. Además, le impuso inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 465 meses. La decisión conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

*La víctima fue atacada por su labor de protección del río Caribona. Además, fue señalada de incumplir las normas impuestas por esa organización ilegal.

En atención a las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a 43 años y 4 meses de prisión a Dubán Daniel Hernández Martínez, alias Pajarito, por su responsabilidad en el crimen del líder social Víctor Manuel Trujillo Trujillo, perpetrado el 15 de enero de 2019, en Montecristo (Bolívar).

Este hombre, integrante del Frente Guillermo Ariza del ELN, hizo parte de un componente armado que llegó a la vereda El Salto y obligó a los habitantes a salir de sus viviendas para reunirlos en una tienda. Posteriormente, la víctima llegó al lugar y fue amarrada. Horas más tarde, recibió varios disparos que le ocasionaron la muerte.

El líder social fue asesinado por la labor comunitaria que ejercía en la región, especialmente por su trabajo de protección del río Caribona. Además, había sido señalado de incumplir las normas impuestas por la organización ilegal.

En ese sentido, Hernández Martínez fue declarado responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y rebelión.

Además, le fue impuesta una multa equivalente a 3.150 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

*Convencían a jóvenes de llevar diversas cantidades de cocaína y marihuana ocultas en el cuerpo, poniendo en riesgo su salud e integridad.

Contactar mujeres en condición de vulnerabilidad, convencerlas de viajar e instrumentalizarlas para que llevaran estupefacientes a diferentes países y cárceles colombianas, habría sido la modalidad delictiva utilizada por una red narcotraficante que tenía injerencia en Medellín y San Andrés Islas.

La Fiscalía General de la Nación identificó y judicializó a nueve de los posibles integrantes de esta organización ilegal. Se trata de Carlos Gary Ruiz Taborda, alias El Mago; Xiomara Andrea Ruiz Taborda; Humberto Gallardo Hudgson, alias El Negro; Sergio Alexander Quimbay Castro; Jessica Murillo Álvarez; Marly Marcela Chacón Saldarriaga; Margarita María Tamayo Valencia, alias Margara; María Salomé González, alias Salo; Leidy Estefanía Castro Arango; y Valentina Suaza Holguín, alias Mochita.

En el curso de la investigación, dirigida con un enfoque diferencial y de género, se estableció que el grupo delictivo coordinó la preparación y salida de varias jóvenes que movieron diversas cantidades de cocaína y marihuana ocultas en el cuerpo con destino a España, Países Bajos, Alemania, México y República Dominicana.

Una actividad que puso en peligro la salud e integridad de la viajeras, y le causó la muerte a una de ellas. Las evidencias indican que Ruiz Taborda sería el cabecilla de la organización y el encargado de elaborar, camuflar y dirigir la distribución nacional e internacional de las sustancias.

A su turno, Gallardo Hudgson estaría a cargo de la adquisición de los estupefacientes y la coordinación de los despachos desde San Andrés hacia el exterior.

Por su parte, Tamayo Valencia es señalada de ubicar a las mujeres; mientras que alias Salo y alias Mochita presuntamente se trasladaban pequeños cargamentos a los centros de reclusión. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a los posibles involucrados el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Por disposición de un juez de control de garantías, todos deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.