*Se trata de cinco inmuebles y cuatro vehículos de alta gama identificados durante el rastreo patrimonial.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, adscritas a la Delegada para las Finanzas Criminales, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre cinco inmuebles y cuatro vehículos de alta gama, que pertenecerían al creador de contenido digital Kevin Alex Thobias.

Los activos, avaluados preliminarmente en más de 17.000 millones de pesos, fueron ocupados en diligencias realizadas con apoyo de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional en Medellín (Antioquia).

Entre las propiedades afectadas está una mansión ubicada en el sector de El Poblado, dotada con cancha de tenis, sala de cine, un lago, sauna, jacuzzi y objetos lujosos.

En el inmueble se encontraron joyas, documentación de interés y dinero en efectivo en denominaciones de pesos colombiano y moneda extranjera. Parte de estos objetos era exhibido por Thobias en redes sociales, donde publicaba imágenes y videos de excentricidades, carros clásico y de marcas exclusivas, entre otros artículos.

Creador de contenido digital Kevin Alex Thobias.

El creador de contenido fue capturado en julio de 2025, por autoridades federales de Estados Unidos y es requerido por un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por presuntas conductas relacionadas con fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y lavado de activos. En desarrollo de la investigación financiera realizada en Colombia se conoció que parte del patrimonio constituido con su presunto actuar ilícito habría sido destinado a comprar inmuebles y vehículos para presumir sobre su estilo de vida o comercializarlos.

En una acción articulada, la Fiscalía General de la Nación y la Policia realizaron diligencias de registro y allanamiento en dos patios de los establecimientos carcelarios El Bosque y La Modelo, en Barranquilla, y en La Tramacúa, en Valledupar.

El objetivo: ubicar elementos y dispositivos que estarían siendo utilizados para extorsionar a víctimas en diferentes regiones del país.

Noticia en desarrollo

*Entre los involucrados hay oficiales, suboficiales y uniformados en retiro. Fueron imputados por delitos como peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

La garantía de una alimentación adecuada para la tropa es un deber de quienes administran los recursos asignados a las fuerzas militares. Por presuntamente incumplir esa obligación mediante el desvío de dineros destinados al abastecimiento de un batallón ubicado en Ocaña (Norte de Santander), la Fiscalía General de la Nación judicializó a nueve integrantes del Ejército Nacional.

Se trata de los mayores Juan Camilo Lasso Leyton, David Leandro Hernández Ramírez y Daniel Camilo Rodríguez Guerrero; los sargentos Gilberto Valencia Vargas, Jair Alberto Polo Pedraza, Richard Josué Rodríguez Pontón, Luis Carlos Tafur Tafur y Carlos Arturo Hurtado Ayala; y el suboficial en retiro Jorge Armando Mejía Quevedo. Entre abril y octubre de 2024, los hoy procesados habrían aprovechado las funciones que desempeñaban para apropiarse de más de 100 millones de pesos reservados al suministro de raciones alimentarias.

Adicionalmente, para intentar encubrir el posible actuar ilícito, al parecer, alteraron documentos y suscribieron planillas que certificaban la entrega de víveres secos a seis pelotones, lo cual no correspondía a las necesidades reales de la unidad.

De acuerdo con las evidencias, en los registros también aparecían alimentos entregados a escuadras que no estaban agregadas operacionalmente al batallón, mientras que otra parte figuraba destinada a uniformados que se encontraban en novedades administrativas o adelantaban actividades de entrenamiento y reentrenamiento en Aguachica (Cesar).

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander les imputó, conforme a su posible participación, los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, cargos que no fueron aceptados.

Los nueve uniformados fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de la Policía Nacional, en Bogotá, Cúcuta (Norte de Santander), San Vicente de Chucurí y Barrancabermeja (Santander), Fusagasugá y Nilo (Cundinamarca), Puerto Boyacá (Boyacá), Caucasia (Antioquia) y Túquerres (Nariño).