*Entre los procesados está alias El Mexicano, señalado cabecilla de una organización delictiva con injerencia en el departamento.

Más de 50 comunicaciones grupales, el seguimiento a los desplazamientos de las víctimas y el intercambio de información mediante plataformas digitales hacen parte de los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación para conocer la forma en la que se planeó y ejecutó el ataque en el que murieron el hijo de 11 años del director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Rivera (Huila) y el subdirector de ese centro de reclusión.

Los involucrados en la acción armada, ocurrida el 13 de enero de 2026 en el sur de Neiva, fueron identificados en el curso de las labores investigativas. Dos de ellos fueron judicializados. Se trata del señalado cabecilla de un grupo delincuencial con injerencia en el departamento, Fabián Humberto Alvarado Galvis, alias El Mexicano, y Luis David Másmela Sabogal.

Las evidencias indican que estas dos personas habrían participado en múltiples llamadas para coordinar actos previos como vigilancias y seguimientos. Asimismo, se conoció que presuntamente utilizaron diferentes perfiles en plataformas digitales para intercambiar mensajes, compartir ubicaciones y divulgar fotografías de las víctimas.

Parte de esta información fue recuperada de un teléfono celular que, al parecer, pertenecía a alias El Mexicano y que se le extravió durante otro evento delictivo, ocurrido ese mismo día en una obra de construcción del barrio San Jorge, en Neiva. Los datos hallados en el dispositivo permitieron reconstruir parte de la secuencia del atentado.

El día de los hechos, el director del establecimiento penitenciario y sus acompañantes se movilizaban en un vehículo particular por la vía que comunica a Neiva con Rivera, cuando fueron interceptados y atacados con armas de fuego. Según la hipótesis investigativa, Alvarado Galvis y Másmela Sabogal habrían intervenido en el crimen; este último, al parecer, conducía una motocicleta de alto cilindraje

Las investigaciones permitieron identificar el ingreso al país de mercancías transportadas en
21 contenedores procedentes de China y Panamá, así como operaciones financieras que habrían permitido dar apariencia de legalidad a más de 13.731 millones de pesos.

Abud Manopla Abadid, socio mayoritario de empresas importadoras de textiles, es señalado de participar en un esquema que utilizaba el comercio exterior para ingresar mercancías irregularmente al país y dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de contrabando y lavado de activos.

La investigación, liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, documentó el ingreso de 21 contenedores con textiles procedentes de China y Panamá mediante maniobras de subvaloración, falsa clasificación arancelaria y diferencias entre los artículos declarados y los que entraban al territorio nacional.

En diferentes procedimientos realizados en Cartagena (Bolívar) y Buenaventura (Valle del Cauca) las autoridades aprehendieron mercancías avaluadas en cerca de 6.000 millones de pesos.

De esta manera, quedó en evidencia lo que sería un patrón delictivo orientado a evadir los controles aduaneros.

Al examinar los movimientos financieros y cambiarios, los investigadores encontraron diferencias significativas entre los valores reportados por importaciones y los pagos internacionales. También identificaron posibles incrementos patrimoniales injustificados e ingresos no declarados.

De otra parte, se conoció que a través de seis sociedades se habría tratado de ocultar y canalizar más de 13.731 millones de pesos.

Con fundamento en los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía, el juez de control de garantías impuso a Manopla Abadid medida de aseguramiento en centro carcelario.

*Las evidencias dan cuenta de golpes y del uso reiterado de un dispositivo táser durante la aprehensión y posterior trasladado a una estación en Soacha (Cundinamarca).

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantía impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al mayor Roque Correa Yánez, el subintendente Henar Santiago Tapiero Tique y los patrulleros Jonathan Alexander Giraldo Torres y Santiago Vargas Romero, investigados por su presunta responsabilidad en la muerte de Donovan Balanta Paz, de 34 años.

La investigación dirigida por fiscales de la Seccional Cundinamarca y de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se siguió con un enfoque diferencial étnico-racial. Está relacionada con los hechos ocurridos el pasado 20 de septiembre, durante un procedimiento en el barrio Caracolí, en el sur de Bogotá, y la posterior permanencia de la víctima en la estación de policía de Cazucá, en Soacha (Cundinamarca).

Inicialmente, los uniformados atendieron una discusión entre vecinos. En ese contexto, Balanta Paz habría lanzado un objeto contra los policías, por lo que fue inmovilizado y aprehendido. Durante la intervención, al parecer, recibió puños y patadas, así como varias descargas eléctricas con un dispositivo tipo táser.

Luego, el hombre fue trasladado a la estación de policía de Cazucá. Allí presuntamente estuvo esposado de manos y semidesnudo, mientras continuaban las agresiones físicas y recibía otras tres descargas eléctricas.

Aunque manifestaba dificultades para respirar y solicitaba atención médica, al parecer, los funcionarios no gestionaron su traslado oportuno a un centro asistencial.

Una persona detenida en el mismo lugar advirtió sobre la necesidad de brindar ayuda a Balanta Paz. Sin embargo, transcurrieron aproximadamente 20 minutos antes de que fuera remitido a un hospital, a donde llegó sin respiración y con pulso débil. Horas después falleció. El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense evidenció que la muerte estaría relacionada con una arritmia cardíaca provocada por descargas eléctricas.