*La labor investigativa permitió identificar un patrón de violencia sobre los empleados de los puntos de atención financiera que funcionan en tiendas de barrio y otros establecimientos de comercio. Cúcuta (Norte de Santander), 18 de octubre de 2026.

La intimidación con armas de fuego y las agresiones a empleados serían los métodos utilizados por Pedro Melchisedek Ramírez para asaltar sucursales bancarias en barrios de Cúcuta y Villa del Rosario (Norte de Santander).

La Fiscalía General de la Nación puso en marcha varias actividades investigativas, agrupó varias denuncias que daban cuenta de las mismas circunstancias de hurto y documentó 11 hechos delictivos ocurridos entre julio y agosto de este año, en los que habrían sido sustraídos más de 20 millones de pesos.

Uno de los casos ocurrió el 11 de julio en el barrio Gramalote de Villa del Rosario.

Los elementos materiales probatorios indican que Ramírez, al parecer, llegó en motocicleta, se presentó ante una empleada como integrante del ELN y la intimidó con un arma de fuego para obligarla a entregar el dinero recaudado.

En otros de los eventos delictivos que se le atribuye también habría tomado teléfonos celulares y pertenencias de las víctimas.

Por estos hechos, fue capturado por la Policía Nacional durante una diligencia de registro y allanamiento realizada en un inmueble de Cúcuta. Un fiscal de la Seccional Norte de Santander le imputó el delito de hurto calificado y agravado.

Ramírez no aceptó el cargo y un juez de control de garantías le impuso medida de
aseguramiento en centro carcelario

*Entre los hechos que se le atribuye está el crimen de una mujer.

Wilmar Elías Zuleta Pulgarín, alias Lobo o El Manuel, señalado cabecilla de una estructura de del autodenominado frente 36 de las disidencias de las Farc, sería el articulador de homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos y ataques contra la fuerza pública en el norte de Antioquia.

Uno de los eventos delictivos en los que estaría implicado ocurrió el 24 de noviembre de 2024, en el barrio El Recreo de San Andrés de Cuerquia (Antioquia). Armado y en compañía de otra persona habría ingresado a un establecimiento de comercio y disparado contra una mujer causándole la muerte.

La investigación dirigida por la Fiscalía General de la Nación da cuenta de que Zuleta Pulgarín, al parecer, se vinculó al grupo armado ilegal en 2022 y posteriormente asumió el control de un componente armado.

En cumplimiento de una orden judicial vigente fue capturado en una acción conjunta del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército Nacional y la Policía Nacional en la vereda La Paulina, en Valdivia (Antioquia).

En el mismo procedimiento fue detenida Alexandra García Legarda, alias Samanta, quien sería la encargada de cumplir labores de seguridad, enfermería y comunicaciones para la estructura.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego de uso personal; tráfico, fabricación o porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y utilización ilegal de uniformes e insignias.

Los procesados no aceptaron cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro
carcelario.

Con el pretexto de validar los beneficios ofrecidos, las víctimas entregaban documentos y datos personales que luego eran utilizados para realizar transacciones.

Bonos, descuentos en tiquetes y paquetes turísticos eran algunos de los ofrecimientos con los que supuestas agencias de viajes atraían a ciudadanos en centros comerciales de Medellín.

Una vez en sus oficinas, les solicitaban cédulas, tarjetas bancarias y teléfonos celulares con el pretexto de validar los beneficios, pero estos elementos eran utilizados para abrir productos financieros y realizar transacciones fraudulentas a su nombre.

Las víctimas, en su mayoría adultos mayores, personas en condición de vulnerabilidad y ciudadanos con limitaciones visuales o cognitivas, eran abordadas por integrantes de una estructura que delinquía mediante empresas con distintas razones sociales.

Los recursos obtenidos terminaban en cuentas controladas por la organización.

Cuando los afectados no llevaban sus documentos o tarjetas, los acompañaban hasta sus viviendas para obtenerlos.

Además, les impedían leer los contratos que firmaban, aprovechando sus limitaciones visuales o la confianza generada con las ofertas.

Las denuncias por estas operaciones y las evidencias recopiladas permitieron a la Fiscalía General de la Nación identificar el esquema ilegal, que dejó más de 1.000 afectados y ganancias ilícitas más de 14.000 millones de pesos.

Los presuntos implicados en el entramado delincuencial fueron identificados como Luis Fernando Berrío Duque, Juan Camilo Vásquez Ramírez, Juan Diego Ramírez Caicedo, Johana Gil Hena, Carlos Andrés Pineda Zapata y Miguel Ángel Manrique Villa. Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada en la modalidad de masa, acceso abusivo a sistema informático y violación de datos personales agravado.