*La investigación da cuenta de descargas con un dispositivo tipo táser y golpes durante la captura y la permanencia en la estación de policía de Cazucá, así como una posible demora en el traslado a un centro asistencial ante las complicaciones médicas que presentaba la víctima.

Con enfoque diferencial, en consideración a la condición étnico-racial de Donovan Balanta Paz, y a partir del análisis de la evidencia técnica, científica y forense, la Fiscalía General de la Nación avanzó en una nueva fase en la investigación relacionada con los hechos que desencadenaron su muerte el pasado 20 de septiembre, después de permanecer en custodia de unidades de la Policía Nacional en Cazucá en Soacha (Cundinamarca).

En ese sentido, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con la Sijin de la Policía Nacional materializaron cuatro órdenes de captura contra un mayor, un subintendente y dos patrulleros en diligencias realizadas de manera simultánea en Soacha y Barbosa (Santander). La labor articulada de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Seccional Cundinamarca permitió identificar a los uniformados que estarían implicados en las agresiones que sufrió el hombre de 34 años durante su aprehensión y permanencia en la estación de policía de Cazucá, en Soacha, así como la posible omisión de asistencia médica pese a sus reiterados gritos de auxilio.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados, Balanta Paz fue detenido en el barrio Caracolí, en el sur de Bogotá, durante un procedimiento que buscaba dirimir una discusión entre vecinos y derivó en un enfrentamiento entre civiles y uniformados. Inicialmente, fue señalado de lanzar un objeto contundente contra un grupo de policías.

Un subintendente y tres patrulleros, al parecer, reaccionaron, lo esposaron, golpearon con puños y patadas en cabeza, abdomen y sometieron a descargas eléctricas con un dispositivo tipo táser. Posteriormente, lo trasladaron a la estación de Cazucá, donde presuntamente continuaron las agresiones y los electrochoques.

Las evidencias indican que Balanta Paz pidió reiteradamente atención médica porque tenía dificultades para respirar y sentía un dolor intenso en el pecho. Otra persona detenida solicitó que lo socorrieran. Pese a estas señales de alarma, no recibió apoyo oportunamente. El mayor, quien se desempeñaba como comandante de la estación de policía de Cazucá y estaba a cargo de las unidades que estarían involucradas, es señalado de no activar los protocolos de atención médica, no evitar las agresiones ni descargas eléctricas, además de advertir el deterioro físico del aprehendido y sus llamados.

Cerca de 20 minutos después, luego de perder el conocimiento, el hombre fue llevado a un hospital, donde falleció en la noche del 20 de septiembre. El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses da cuenta de que la causa de muerte fue una arritmia cardíaca por descargas eléctricas. Adicionalmente, documentó quemaduras y otras lesiones en el cuerpo de la víctima. Los cuatro uniformados capturados serán presentados ante un juez de control de garantías. En las audiencias concentradas, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputará, de acuerdo con la posible responsabilidad y participación individual, los delitos de homicidio y tortura, ambas conductas agravadas.

*El excabecilla del Bloque Norte de las AUC se acogió a sentencia anticipada por homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado.

El trabajo investigativo y de contexto adelantado por la Fiscalía General de la Nación permitió documentar 22 hechos delictivos que dejaron 145 víctimas entre 1999 y 2005 en Valledupar y otros municipios del Cesar. Por estos crímenes, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, excabecilla del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aceptó su responsabilidad y se acogió a sentencia anticipada.

Ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, el procesado reconoció su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado.

La actuación se enmarca en la estrategia institucional para la terminación anticipada de procesos regidos por la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).

Entre los eventos ilícitos incluidos en la aceptación de cargos hay cinco homicidios colectivos: el ocurrido en el corregimiento La Meza, en Valledupar, el 11 de diciembre de 1999, que dejó cinco personas asesinadas; el perpetrado en el sector Los Tupes, en San Diego, el 30 de mayo de 2001, con seis víctimas; los ataques armados en los barrios Bello Horizonte y Divino Niño, en Valledupar, el 13 de enero de 2001, que causaron nueve muertes; y las incursiones armadas en Lamas Verdes, en Curumaní, entre el 4 y el 7 de diciembre de 2005, en las que fueron asesinadas 20 personas.

De igual manera, están los homicidios de 20 integrantes de los pueblos indígenas Kankuamo y Arhuaco, entre ellos líderes comunitarios y menores de edad.

Mediante un enfoque diferencial, la investigación opuso en evidencia graves afectaciones a estas comunidades, sus territorios, formas de vida y prácticas culturales y espirituales.

Las conductas atribuidas a Tovar Pupo corresponderían a un plan sistemático de amenazas, desplazamientos, torturas y homicidios contra personas que se oponían a la presencia
paramilitar en la región.

*Los afectados recibían amenazas contra su vida y exigencias de pagos mensuales.

Una mujer fue asegurada en centro carcelario y dos adolescentes deberán permanecer en internamiento preventivo por su presunta participación en las amenazas y exigencias económicas contra 20 conductores de transporte público en Soacha (Cundinamarca), a quienes les cobraban cuotas semanales para permitirles trabajar.

Se trata de Yisseth Daniela De Diego Zarate y dos menores de edad, de 16 años, investigados por la Fiscalía General de la Nación por hechos ocurridos durante los últimos dos meses, en el paradero de una ruta que presta servicio a diferentes barrios del municipio.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, las víctimas eran abordadas para obtener los números telefónicos de otros conductores que realizaban el mismo trayecto. Posteriormente, recibían llamadas en las que supuestos integrantes de un grupo delincuencial les imponían pagos de entre 22.000 y 50.000 pesos por vehículo.

La mujer fue capturada y los dos menores de edad aprehendidos por la Policía Nacional justo cuando recibían 300.000 pesos. Uno de los adolescentes sería el encargado de vigilar a los transportadores y controlar la entrega del dinero.

Un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó el delito de extorsión agravada. Los procesados no aceptaron los cargos.