Un operativo de registro y allanamiento realizado en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocido como La Tramacúa, originó la incautación de equipos y elementos de comunicación que permanecían en el interior del centro penitenciario.

La diligencia fue adelantada por unidades del GAULA de la Policía Cesar, en coordinación con la Policía Metropolitana de Valledupar, en los pabellones 8 y 9, específicamente en la celda 506C, donde se encontraban personas privadas de la libertad señaladas por las autoridades de tener vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Durante el procedimiento fueron incautados nueve celulares, seis cargadores, un manos libres, una memoria SD y 10 tarjetas SIM.

El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, destacó el resultado como parte de las acciones de control que buscan evitar que desde el interior del establecimiento penitenciario se utilicen medios de comunicación para coordinar o cometer delitos, entre ellos la extorsión.

“Este resultado demuestra que debemos mantener y fortalecer los controles dentro de La Tramacúa. Desde la Administración Municipal seguiremos acompañando a las autoridades para evitar que la delincuencia pueda utilizar estos espacios para afectar la tranquilidad de los vallenatos”, señaló el mandatario.

Este procedimiento se suma a las acciones que se vienen desarrollando para reforzar la seguridad de La Tramacúa, especialmente después de los traslados de personas privadas de la libertad provenientes de otros departamentos.

Semanas atrás, el alcalde Ernesto Orozco Durán había solicitado fortalecer los controles en el establecimiento y verificar las medidas implementadas para prevenir comunicaciones no autorizadas desde el interior del penal. Durante una visita realizada en agosto, también fueron revisados los avances en la instalación de inhibidores de señal, orientados a restringir este tipo de comunicaciones.

De esta manera, en Valledupar continuamos articulando esfuerzos con la Policía y las autoridades para cerrar espacios a la delincuencia y proteger la tranquilidad de nuestra gente.

*La detonación se produjo cuando un tren de la empresa minera se movilizaba vacío por la zona, el cual sufrió daños. El atentado no dejó trabajadores heridos.

La infraestructura férrea de Cerrejón se vio afectada por un nuevo ataque terrorista ocurrido la noche de este martes, a la altura del kilómetro 60,en jurisdicción del municipio de Uribia, donde sufrió daños un tren que se movilizaba vacío en dirección sur.

Cerrejón informó que por este atentado, ocurrido hacia las 10:45 de la noche, no hubo heridos, pero el personal de la compañía minera “fue evacuado de manera preventiva” y “la evaluación de los daños se realizará una vez las condiciones de seguridad permitan el ingreso a la zona”, para lo cual mantienen una “coordinación permanente con las autoridades”.

Informan que “el Ejército Nacional ha desplegado tropas desde primeras horas de este miércoles para asegurar el área y acompañar la inspección de la infraestructura”.

La empresa justamente ha pedido este acompañamiento, teniendo en cuenta que este es el sexto atentado que ha sufrido Cerrejón a lo largo del año, poniendo en riesgo a las personas y afectando una infraestructura fundamental para la operación minera, para La Guajira y para el país. “Seguiremos informando oportunamente sobre la situación y sobre las condiciones para el restablecimiento de nuestra operación ferroviaria”.

Como resultado de los controles adelantados frente a presuntas infracciones urbanísticas en diferentes sectores de la ciudad, entre junio del 2024 hasta la fecha, más de 80 medidas de suspensión provisional o preventiva de obra fueron impuestas por el gobierno del alcalde Ernesto Orozco Durán.

De acuerdo con la revisión realizada por la Inspección de Policía, entre junio y diciembre del 2024 se registraron más de 38 órdenes de suspensión provisional de obras; durante 2025 se impusieron más de 32 medidas y en lo que va del 2026, hasta el 10 de septiembre, se generaron más de 16 sellos de suspensión preventiva, principalmente por comportamientos contrarios al orden urbanístico contemplados en el artículo 135 de la Ley 1801 de 2016, de acuerdo al trabajo realizado por la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana de Valledupar.

El secretario de Gobierno, Félix Valera Ibáñez, destacó que estas acciones buscan frenar las obras que incumplen las normas urbanísticas y garantizar que las construcciones en Valledupar se desarrollen dentro de la legalidad.

“Estamos ejerciendo control para que en Valledupar se cumpla la normatividad, cuando encontramos una edificación que presenta irregularidades, actuamos y ordenamos su suspensión, porque nadie puede construir desconociendo las reglas que protegen el desarrollo de la ciudad”, advirtió.

Asimismo, la Administración Municipal recuerda que una obra suspendida debe permanecer detenida hasta que se resuelva la situación que originó la medida, continuar los trabajos pese a una orden de policía puede constituir una acción de desacato, de acuerdo con el artículo 35, numeral 2, de la Ley 1801 de 2016, conducta que puede generar una multa de $1.867.616, por lo que el llamado a propietarios y constructores es a cumplir las normas y tramitar previamente las autorizaciones correspondientes.