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Fiscalía

Caen presuntos extorsionistas de transportadores de servicio público

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*Los afectados recibían amenazas contra su vida y exigencias de pagos mensuales.

Una mujer fue asegurada en centro carcelario y dos adolescentes deberán permanecer en internamiento preventivo por su presunta participación en las amenazas y exigencias económicas contra 20 conductores de transporte público en Soacha (Cundinamarca), a quienes les cobraban cuotas semanales para permitirles trabajar.

Se trata de Yisseth Daniela De Diego Zarate y dos menores de edad, de 16 años, investigados por la Fiscalía General de la Nación por hechos ocurridos durante los últimos dos meses, en el paradero de una ruta que presta servicio a diferentes barrios del municipio.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, las víctimas eran abordadas para obtener los números telefónicos de otros conductores que realizaban el mismo trayecto. Posteriormente, recibían llamadas en las que supuestos integrantes de un grupo delincuencial les imponían pagos de entre 22.000 y 50.000 pesos por vehículo.

La mujer fue capturada y los dos menores de edad aprehendidos por la Policía Nacional justo cuando recibían 300.000 pesos. Uno de los adolescentes sería el encargado de vigilar a los transportadores y controlar la entrega del dinero.

Un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó el delito de extorsión agravada. Los procesados no aceptaron los cargos.

Fiscalía

Alias Jorge 40, excabecilla de las AUC, reconoce su responsabilidad en crímenes en el Cesar

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*El excabecilla del Bloque Norte de las AUC se acogió a sentencia anticipada por homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado.

El trabajo investigativo y de contexto adelantado por la Fiscalía General de la Nación permitió documentar 22 hechos delictivos que dejaron 145 víctimas entre 1999 y 2005 en Valledupar y otros municipios del Cesar. Por estos crímenes, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, excabecilla del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aceptó su responsabilidad y se acogió a sentencia anticipada.

Ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, el procesado reconoció su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado.

La actuación se enmarca en la estrategia institucional para la terminación anticipada de procesos regidos por la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).

Entre los eventos ilícitos incluidos en la aceptación de cargos hay cinco homicidios colectivos: el ocurrido en el corregimiento La Meza, en Valledupar, el 11 de diciembre de 1999, que dejó cinco personas asesinadas; el perpetrado en el sector Los Tupes, en San Diego, el 30 de mayo de 2001, con seis víctimas; los ataques armados en los barrios Bello Horizonte y Divino Niño, en Valledupar, el 13 de enero de 2001, que causaron nueve muertes; y las incursiones armadas en Lamas Verdes, en Curumaní, entre el 4 y el 7 de diciembre de 2005, en las que fueron asesinadas 20 personas.

De igual manera, están los homicidios de 20 integrantes de los pueblos indígenas Kankuamo y Arhuaco, entre ellos líderes comunitarios y menores de edad.

Mediante un enfoque diferencial, la investigación opuso en evidencia graves afectaciones a estas comunidades, sus territorios, formas de vida y prácticas culturales y espirituales.

Las conductas atribuidas a Tovar Pupo corresponderían a un plan sistemático de amenazas, desplazamientos, torturas y homicidios contra personas que se oponían a la presencia
paramilitar en la región.

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Fiscalía

Pillan a presunto autor de hurtos sistemáticos a sucursales bancarias

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*La labor investigativa permitió identificar un patrón de violencia sobre los empleados de los puntos de atención financiera que funcionan en tiendas de barrio y otros establecimientos de comercio. Cúcuta (Norte de Santander), 18 de octubre de 2026.

La intimidación con armas de fuego y las agresiones a empleados serían los métodos utilizados por Pedro Melchisedek Ramírez para asaltar sucursales bancarias en barrios de Cúcuta y Villa del Rosario (Norte de Santander).

La Fiscalía General de la Nación puso en marcha varias actividades investigativas, agrupó varias denuncias que daban cuenta de las mismas circunstancias de hurto y documentó 11 hechos delictivos ocurridos entre julio y agosto de este año, en los que habrían sido sustraídos más de 20 millones de pesos.

Uno de los casos ocurrió el 11 de julio en el barrio Gramalote de Villa del Rosario.

Los elementos materiales probatorios indican que Ramírez, al parecer, llegó en motocicleta, se presentó ante una empleada como integrante del ELN y la intimidó con un arma de fuego para obligarla a entregar el dinero recaudado.

En otros de los eventos delictivos que se le atribuye también habría tomado teléfonos celulares y pertenencias de las víctimas.

Por estos hechos, fue capturado por la Policía Nacional durante una diligencia de registro y allanamiento realizada en un inmueble de Cúcuta. Un fiscal de la Seccional Norte de Santander le imputó el delito de hurto calificado y agravado.

Ramírez no aceptó el cargo y un juez de control de garantías le impuso medida de
aseguramiento en centro carcelario

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Fiscalía

Judicializan a señalado cabecilla de las disidencias por homicidios y otras conductas delictivas

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*Entre los hechos que se le atribuye está el crimen de una mujer.

Wilmar Elías Zuleta Pulgarín, alias Lobo o El Manuel, señalado cabecilla de una estructura de del autodenominado frente 36 de las disidencias de las Farc, sería el articulador de homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos y ataques contra la fuerza pública en el norte de Antioquia.

Uno de los eventos delictivos en los que estaría implicado ocurrió el 24 de noviembre de 2024, en el barrio El Recreo de San Andrés de Cuerquia (Antioquia). Armado y en compañía de otra persona habría ingresado a un establecimiento de comercio y disparado contra una mujer causándole la muerte.

La investigación dirigida por la Fiscalía General de la Nación da cuenta de que Zuleta Pulgarín, al parecer, se vinculó al grupo armado ilegal en 2022 y posteriormente asumió el control de un componente armado.

En cumplimiento de una orden judicial vigente fue capturado en una acción conjunta del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército Nacional y la Policía Nacional en la vereda La Paulina, en Valdivia (Antioquia).

En el mismo procedimiento fue detenida Alexandra García Legarda, alias Samanta, quien sería la encargada de cumplir labores de seguridad, enfermería y comunicaciones para la estructura.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego de uso personal; tráfico, fabricación o porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y utilización ilegal de uniformes e insignias.

Los procesados no aceptaron cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro
carcelario.

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