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EPM y la Sociedad Hidroeléctrica Ituango llegan a acuerdo conciliatorio que favorece la protección del patrimonio público y la estabilidad energética del país

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*El acuerdo conciliatorio aprobado por el Tribunal Arbitral establece una resolución definitiva de los conflictos técnicos, jurídicos y económicos en disputa, derivados del contrato BOOMT

*El resultado se logra gracias a un trabajo riguroso de los equipos técnicos, financieros y jurídicos de las dos entidades, y de sus asesores externos

*Este es un hito muy relevante para la estabilidad y la confiabilidad al Sistema Interconectado Nacional, ya que le permitirá a EPM avanzar en la finalización del proyecto que aportará el 17 % de la energía que necesita el país

En el marco de la controversia entre EPM y HI, el Tribunal Arbitral ha aprobado el acuerdo conciliatorio presentado por ambas partes, con el concepto favorable del delegado de la Procuraduría General de la Nación, quien confirmó que se cumplían los requisitos y presupuestos legales y jurisprudenciales necesarios para su aprobación. Las condiciones técnicas, jurídicas y económicas acordadas se fundamentan en la valoración de la contingencia, así como en posiciones técnicas y comerciales recíprocas y razonables, orientadas a preservar y reequilibrar el contrato BOOMT. Esto garantiza su ejecución futura en condiciones de estabilidad, previsibilidad y preservación del patrimonio público, además de contribuir a la estabilidad energética del país.

Las partes realizarán los ajustes al contrato BOOMT para incorporar los acuerdos alcanzados y aprobados por el tribunal. Estos cambios permitirán a HI recibir una remuneración periódica, la cual se calculará siguiendo la metodología establecida y reflejada en el modelo financiero del contrato BOOMT. Además, se abordarán aspectos técnicos relacionados con la construcción y la puesta en operación del proyecto.

Para John Maya Salazar, gerente general de EPM “el acuerdo alcanzado nos permitirá seguir concentrados en finalizar la segunda etapa del proyecto, que pondrá en operación cuatro unidades adicionales a las que ya están funcionando. De este modo contribuiremos a la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional. Además, el acuerdo conciliatorio asegura a EPM su sostenibilidad financiera y garantiza la continuidad de las transferencias al Distrito de Medellín, lo que le permitirá atender los proyectos establecidos en su plan de desarrollo”.

Por otra parte, el acuerdo le asegura a la Gobernación de Antioquia y a EPM, accionistas de HI, recibir recursos financieros, vía dividendos, para desarrollar proyectos sociales, ambientales y de infraestructura en beneficio del Departamento de Antioquia, para Medellín y para el País.

Con el acuerdo se está evitando la terminación anticipada del contrato BOOMT, lo que habría implicado una reducción en las rentas que EPM recibe de la generación de energía. Además, se logran los recursos de remuneración para HI, necesarios para el pago de dividendos al IDEA, la Gobernación de Antioquia, EPM y a los accionistas minoritarios.

*Antecedentes del acuerdo*

EPM Ituango y HI firmaron el 30 de marzo de 2011, el contrato BOOMT (Build, Own, Operate, Mantain and Transfer) para la construcción, financiación, operación, mantenimiento y transferencia de la central hidroeléctrica Ituango, la obra de infraestructura más grande que se construye en el país. Dicho contrato fue cedido a EPM mediante un contrato de cesión el 19 de enero de 2013.

El 28 de abril de 2018, cuando el Proyecto alcanzaba el 87 % de cumplimiento en su cronograma y presupuesto, se registró el taponamiento y destaponamiento natural de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), lo que marcó el inicio de la contingencia. EPM no escatimó esfuerzos ni recursos para proteger a la comunidad, cuidar el ambiente y avanzar en la construcción de la central de generación de energía, con el fin de mitigar los riesgos aguas abajo de la presa.

El 12 de mayo de ese mismo año, el túnel de desviación derecho del Proyecto se destaponó, de manera natural, sumándose a la contingencia ya existente. Como consecuencia, fluyeron 5,000 m3/s de agua de forma continua al menos durante cuatro horas, lo que obligó a la evacuación preventiva de poblaciones ubicadas aguas abajo de la presa. Posteriormente, el túnel de desviación derecho se volvió a taponar naturalmente con material de derrumbe y permaneció así hasta el 19 de septiembre de 2024, cuando se produjo su cierre definitivo, en una proeza de la ingeniería.

En 2020, HI presentó un proceso arbitral contra EPM, alegando incumplimientos contractuales relacionados con el cierre de las compuertas de desviación e inicio del llenado del embalse (hito 7), entrada en operación comercial de la unidad 4 (hito 8) y de la unidad 1 (hito 9) del contrato BOOMT.

El 24 de junio de 2024, HI promovió una nueva demanda arbitral en la que buscaba, entre otras cosas, que se declarara el incumplimiento de EPM respecto a la fecha de entrada en operación de la última unidad de generación de la central hidroeléctrica Ituango (hito 10). Además, solicitaba que se le condenara al pago de la remuneración correspondiente, así como las cláusulas penales de apremio, los intereses moratorios y la penalidad por la terminación anticipada del contrato BOOMT.

A su vez, EPM presentó una demanda de reconvención en la que solicitaba que, para el cálculo de la remuneración a la que tendría derecho HI, se considerara el costo promedio ponderado de la deuda incurrida por EPM, las provisiones ambientales y sociales requeridas por el proyecto, así como la modificación de la fecha de puesta en operación de la primera etapa, entre otras variables.

Desde el segundo semestre de 2024, EPM y HI llevaron a cabo negociaciones buscando encontrar soluciones a las controversias surgidas. Se firmaron varios documentos de entendimiento y, finalmente, establecieron de manera conjunta, un acuerdo conciliatorio para la resolución definitiva de los conflictos, el cual fue aprobado el día de ayer por parte del Tribunal Arbitral.

Con este resultado, se pone fin al proceso arbitral iniciado por HI contra EPM.

Un impulso a la sostenibilidad del territorio

A la fecha, el proyecto hidroeléctrico Ituango presenta un avance del 94.48%; ha entregado transferencias del sector eléctrico entre febrero de 2023 y noviembre de 2025 por $179,102 millones a 155 municipios del país, dos Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y un Parque Nacional.

EPM es promotor de desarrollo en los 16 municipios de las áreas de influencia e interés de la central Hidroituango. Desde sus inicios a hoy, la Empresa ha invertido 2.6 billones de pesos, cifra histórica en las subregiones del Norte, Occidente y Bajo Cauca antioqueño.

En materia ambiental, EPM realiza la compensación de 24,121 hectáreas de bosques seco tropical, húmedo tropical y premontano en la zona de influencia del Norte y Occidente de Antioquia. Para el desarrollo de la estrategia de compensación y restauración, EPM cuenta con un vivero para la producción de plántulas de especies nativas de los bosques seco y húmedo tropical.

De igual forma, el territorio cuenta con un centro de atención y valoración de fauna, que permite con profesionales especializados atender los diferentes animales que puedan resultar afectados por las obras o por cualquier otra circunstancia; estudios poblacionales de aves, felinos y la nutria, además de monitoreos de fauna y flora y de fauna íctica, incluyendo monitoreo de ecosistemas acuáticos aguas abajo del Proyecto, entre otras inversiones en materia ambiental.

*Algunos Hechos de Progreso*

– Construcción y recuperación de más de 1,500 kilómetros de vías nuevas y recuperadas.
– 122 instituciones educativas, entre nuevas y mejoradas.
– 739 familias con vivienda nueva o mejorada
– 800 viviendas nuevas, construidas en madera dentro del programa Aldeas.
– 5,489 familias son beneficiadas con el servicio de gas natural.
– Optimización de sistemas de acueducto en algunos de los municipios del área de interés. Entre otras inversiones destacadas.

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Reportan ataque armado y amenaza de desalojo contra campesinos que acaban de recibir tierras del Estado en el Meta

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*Los hechos sucedieron zona rural de Puerto López. Se reportan cinco víctimas. El caso es atendido por la Policía, el Gaula y la Armada.

Los hechos se conocieron por denuncias ciudadanas, un reporte policial y una alerta de la ANT.

Una grave denuncia ciudadana originada desde la vereda Nare, del municipio de Puerto López (Meta), está siendo atendida por la Policía, y la Armada: se trata del ataque armado, posibles hechos de tortura y, además, amenazas de despojo por parte de actores armados, contra un grupo de víctimas del conflicto quienes acabaron de recibir tierras como beneficiarios de la Agencia Nacional de Tierras.

Según reportan las autoridades policiales, el caso ya se está manejando bajo la denominación de “lesiones y daños materiales contra una familia beneficiada por la Agencia Nacional de Tierras en la zona rural de Puerto López”.

Los hechos datan del pasado 24 de junio, cuando en la finca La Primavera irrumpieron cuatro hombres armados.

“Las víctimas corresponden a José Braulio González Melo, Fabio Andrés Rey Rey, Fidelina Roa Córdoba, Rosalba Córdoba Vega y una menor de 14 años, quienes presentan múltiples lesiones físicas realizada con objetos contundentes (machete y palos)”, explicaron en su reporte inicial las autoridades.

De acuerdo con los testimonios con los que cuenta la Fuerza Pública, a la finca La Primavera “habría llegado un sujeto a caballo portando un armada de fuego, quien les indica que iba de parte del señor Salomón y que era el poseedor del predio y que debían abandonarlo”.

Líderes sociales de la región, como Carlos Acero y Santiago Torres, así como el medio de comunicación local Decibeles FM, expresaron públicamente su rechazo por los hechos de violencia, ante las imágenes estremecedoras que dejó el paso de la cuadrilla de armados.

En las imágenes se ve las consecuencias de fuertes golpes en varias partes del cuerpo de las víctimas, quienes están siendo atendidas en el hospital municipal de Puerto López ante la arremetida criminal

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Colombia enviará a 63 rescatistas a Venezuela para apoyar labores de búsqueda

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*El equipo tiene la posibilidad de entrar a espacios colapsados y edificaciones, según la UNGRD.

Colombia enviará este jueves un primer contingente de 63 rescatistas especializados a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras los dos terremotos que sacudieron el miércoles a ese país, informó Javier Pava, director encargado de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), en una rueda de prensa.

«Nosotros vamos a llevar lo que se llama un equipo USAR (por sus siglas en inglés, Urban Search and Rescue), que tiene la posibilidad de entrar a espacios colapsados y edificaciones, y cuenta con todos los implementos para rescatar personas atrapadas dentro de esos edificios», señaló el funcionario en Bogotá al término de una reunión del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

El equipo de rescatistas está conformado por personal de élite de bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía y Ejército, especializado en operaciones de búsqueda y rescate urbano debido a su entrenamiento para operar en estructuras colapsadas.

Pava agregó que el grupo viajará acompañado por perros y que el operativo contará con dos aeronaves militares: un avión Hércules para el transporte del personal y un C-40 destinado a movilizar la carga y los equipos especializados.

Mientras tanto, la Cancillería informó que el Consulado de Colombia en Caracas permanece cerrado debido a afectaciones estructurales ocasionadas por el sismo, mientras se realizan inspecciones para determinar si puede reabrir sus servicios.

La viceministra de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Paula Andrea Cerón, pidió a los familiares de colombianos en Venezuela utilizar exclusivamente los canales oficiales habilitados para reportar personas desaparecidas o solicitar información, con el fin de centralizar la atención.

«Tenemos habilitado el correo contactenos@cancilleria.gov.co, la línea en Colombia (601) 382 6999, opción 2; la línea gratuita 01 8000 938 000; la línea gratuita en Venezuela 0800 100 7214 y el WhatsApp del Consulado de Colombia en Caracas +58 422 204 3032, para que toda la información sobre connacionales desaparecidos o que requieran asistencia sea canalizada por los medios oficiales», afirmó la funcionaria.

La viceministra indicó que, hasta el momento, se han recibido reportes preliminares sobre tres posibles colombianos desaparecidos bajo los escombros, aunque aclaró que aún no existe un balance oficial.

Según el registro consular, en Venezuela hay inscritos 239.652 colombianos, aunque la Cancillería estima que la comunidad colombiana residente en ese país podría oscilar entre 850.000 y 1,5 millones de personas, debido a que la inscripción consular es voluntaria.

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Habla el activista e influencer Beto Coral desde un centro de detención en Louisiana, Estados Unidos

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*Se comunicó con el periodista Daniel Coronell, a quien le dijo que ha sido  maltratado para presionar que firme su autodeportación de Estados Unidos a Colombia.

El activista colombiano Beto Coral detenido hace una semana en Phoenix, Arizona, fue trasladado en las últimas horas al Central Louisiana, un centro de procesamiento de Ice, considerado la última escala antes de la deportación.

«Anoche, poco antes del inicio del partido entre las selecciones de Colombia y Congo, llamó a un amigo suyo que a su vez se comunicó conmigo y me dijo que conserva la esperanza de ganar su caso ante un juez de inmigración», dijo Daniel Coronell.

Coral asegura que sus derechos han sido vulnerados, que fue despojado de documentos básicos para su defensa y que ha sido trasladado seis veces lo que le impidió acceder a la representación de un abogado por varios días.

Afirma que tiene cita ante un juez de inmigración el próximo martes, 30 de junio en El Paso, Texas, pero no tiene certeza de que podrá atenderla porque ahora está en Lousiana. Dice que ha sido presionado para firmar su autodeportación y que su familia también quisiera que lo hiciera.

Beto Coral dijo que no tiene ningún cargo criminal y que su detención por parte de agentes del cuerpo especial de HSI solo obedece a que la orden procedía del secretario de Estado.

Sostiene que inició un proceso para denunciar judicialmente al hoy presidente electo Abelardo de la Espriella, en ejercicio de sus derechos por haber grabado una conversación privada, una conducta que en Florida se sanciona hasta con 5 años de cárcel.

Dice que sueña con ver pronto su hijo de su 12 años, que estaba junto a él en el momento de su detención, y abrió la posibilidad de reencontrarse en un tercer país.

«Anoche, cuando hablé con Beto Coral me dijo que no conocía la carta que nueve congresistas demócratas le dirigieron al Secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de seguridad nacional Markwayne Mulin pidiendo que sea liberado y sosteniendo que nadie en Estados Unidos puede ser detenido por expresar opiniones políticas», precisó el periodista Daniel Coronell.

Coral asegura que en sus pertenencias apareció súbitamente un hilo grueso y aclaró que no piensa suicidarse.

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