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Petro anunciará nuevo decreto de salario mínimo, pero dice que el actual “tiene todos los criterios económicos”

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El Presidente Gustavo Petro anunció la expedición de un nuevo decreto que fijará el salario mínimo en Colombia después de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025 mediante el cual se fijó el salario mínimo legal para el año 2026 en $1.750.905.

En defensa de la norma que estableció el incremento salarial, dijo el Jefe de Estado que “el decreto de salario vital es ordenado por la constitución y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él”.

Expresó que “así que el decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el Consejo de Estado, seguirá las órdenes de la Constitución, respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la constitución”.

Precisó que respetará la decisión del Consejo de Estado, que pide que en 8 días se expida un nuevo decreto mientras se estudia de fondo el del 23.7 %.

“El ministro de trabajo hará una reunión de concertación de inmediato y solicito la reunión de la coordinación de movimientos sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá”, expresó.

Explicó además que “la reunión de concertación se hará a luz de las últimas mediciones económicas y estudios, que muestran la incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios en algunos productos alimenticios. También debe estudiarse la incidencia del alza de la tasa de interés en el empleo en Colombia y en el aumento del déficit y de los precios en Colombia”.

Así mismo invitó a los trabajadores del país a mostrar el desacuerdo de esta suspensión provisional.

“Suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario y anular la prerrogativa del gobierno y sus derechos en materia de salario. Dado el carácter social o antisocial que una medida sobre salarios debe tener. Invito al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto”, reiteró.

Además, puntualizó que “el poder judicial debe saber que el gobierno se debe al voto que lo eligió y a la constitución nacional”.

El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025 expedido por el Gobierno Nacional, mediante el cual se fijó el salario mínimo legal para el año 2026 en $1.750.905.

Se trata de una medida provisional que no implica un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del acto, asunto que será resuelto en la sentencia.

El Consejo de Estado ordenó al Gobierno Nacional expedir y publicar, dentro de los 8 días calendario siguientes a la notificación de la providencia, un decreto transitorio que determine el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 y el valor total correspondiente, el cual regirá hasta que se profiera decisión de fondo en el proceso.

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Nacionalidad estadounidense de Abelardo De La Espriella sería «incompatible» con la Presidencia

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Un grupo de exmagistrados de altas cortes emitió un comunicado cuestionando la candidatura por el juramento que hizo en ese país.

Un grupo de 20 exmagistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, cuestionó en las últimas horas la candidatura de Abelardo De La Espriella y advirtieron que su nacionalidad estadounidense sería «incompatible» con la Presidencia de la República.

Recordemos que el abogado tiene tres nacionalidades: colombiana, italiana y estadounidense.

En la carta firmada por los exmagistrados, la nacionalidad italiana «no suscita ningún problema jurídico para sus aspiraciones presidenciales, por cuanto la Constitución permite que un presidente colombiano tenga doble nacionalidad y la nacionalidad italiana no implica obligaciones hacia ese país incompatibles con la función presidencial en Colombia».

Eso sí, en el documento precisan y aclaran que la ley colombiana no establece que una doble nacionalidad impida que una persona ocupe la Presidencia de la República.

De hecho, el Presidente Gustavo Petro también tiene nacionalidad italiana.

«Sin embargo, es posible que la adquisición de una nacionalidad específica genere una incompatibilidad con el cargo de presidente, no por la doble nacionalidad en sí, sino por los eventuales compromisos que pueda implicar esta nueva nacionalidad», advirtieron.

Puntualizaron que podría haber «conflictos de lealtad nacional».

«El ciudadano De la Espriella tuvo que hacer el siguiente juramento: ‘Por la presente declaro, bajo juramento, que renuncio absoluta y enteramente y abjuro de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera, de quien o de los que hasta ahora he sido súbdito o ciudadano; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales (…)’», argumentaron.

«Consideramos que una persona nacionalizada estadounidense no puede ocupar la presidencia de Colombia, no porque tenga formalmente doble nacionalidad sino por las exigencias impuestas por ese país para adquirir su nacionalidad, que son incompatibles con la función presidencial en Colombia», agregaron.

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Así delinquían ‘Los Náuticos’, red que traía armas desde EE.UU para Clan del Golfo en Colombia

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*Nueve personas fueron capturadas en una operación simultánea desarrollada en cinco departamentos. Las autoridades establecieron que la organización movilizó armamento ilegal avaluado en más de $1.300 millones.

En una operación coordinada entre la Dijin de la Policía y la Fiscalía, las autoridades desarticularon la estructura criminal conocida como ‘Los Náuticos’, señalada de importar armas de fuego y municiones desde Estados Unidos para abastecer a organizaciones criminales que delinquen en Antioquia y otras regiones del país.

El operativo permitió la captura de nueve integrantes de la red mediante diligencias de allanamiento y registro realizadas de manera simultánea en los departamentos de La Guajira, Antioquia, Córdoba, Caldas y Putumayo. Según las investigaciones, que se extendieron durante cerca de un año, la organización adquiría material bélico de forma fraudulenta en territorio estadounidense y lo transportaba por vía marítima hasta las costas de La Guajira, desde donde era ingresado ilegalmente al país.

De acuerdo con la Dijin, la estructura utilizaba empresas legalmente constituidas, especialmente academias de tiro deportivo, para encubrir el desvío de grandes cantidades de munición y armamento.

Las autoridades establecieron que el material terminaba en manos de grupos delincuenciales como ‘El Mesa’, ‘Pachelly’ y ‘Los Triana’, además de estructuras asociadas al Clan del Golfo.

Durante la investigación se determinó que ‘Los Náuticos’ traficaron más de 80 armas de fuego de alto calibre, entre ellas fusiles de asalto y pistolas de marcas reconocidas como Glock, Smith & Wesson y Sig Sauer, así como cerca de 12.000 cartuchos. El valor estimado de este arsenal en el mercado ilegal superaría los 1.332 millones de pesos.

En los procedimientos fueron incautadas 11 armas de fuego, 555 cartuchos de distintos calibres, dos miras telescópicas, cuatro tarros de pólvora, nueve teléfonos celulares, más de 30 millones de pesos en efectivo, 2.285 dólares y 30 euros.

Adicionalmente, en inspecciones realizadas en Medellín fueron decomisadas otras siete armas de fuego y se iniciaron procesos administrativos por posibles irregularidades relacionadas con servicios de vigilancia y seguridad privada.

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Asesinan a contratista de la Alcaldía de Suárez, Cauca: meses atrás había sido secuestrada

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*Trabajaba como reguladora de tránsito y hacía parte de la Defensa Civil.

En el municipio de Suárez, Cauca, fue asesinada una funcionaria de la Alcaldía, identificada como Adriana Agredo, contratista que laboraba como reguladora de tránsito y era parte de la Defensa Civil Colombiana.

El crimen de la funcionaria fue confirmado por la Alcaldía municipal.

“La Administración Municipal de Suárez rechaza de manera contundente los hechos de violencia que siguen arrebatando vidas y sembrando dolor en nuestro territorio. Con profundo pesar lamentamos el asesinato de Adriana Agredo, contratista de la Administración Municipal, reguladora de tránsito e integrante de la Defensa Civil Colombiana, una mujer que dedicó su tiempo, esfuerzo y vocación al servicio de la comunidad suareña”, indicó la Alcaldía en un comunicado.

Expresaron su solidaridad y acompañamiento a sus hijos, familiares, amigos, compañeros de trabajo e integrantes de la Defensa Civil en este difícil momento.

Adriana Agredo fue secuestrada el pasado 23 de enero y permaneció retenida durante 20 días por desconocidos que después la dejaron en libertad en el mes de febrero, por presión de la comunidad.

Las autoridades investigan si su secuestro y posterior asesinato tendrían alguna relación.

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