En estos tiempos, en los que al ciudadano colombiano se le dificulta enormemente acceder a cualquier tipo de solución a problemas de salud y requerimientos de información, entre otros, en entidades públicas y privadas, la acción de tutela se constituye en una gran opción para satisfacer sus necesidades.

En Colombia, una tutela es una acción constitucional que permite a cualquier persona solicitar a un Juez de la República la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos son vulnerados o amenazados por autoridades públicas o, en algunos casos, por particulares.

Es un mecanismo rápido y efectivo para garantizar que los derechos constitucionales de los ciudadanos sean respetados.

Por eso es muy importante que sepamos cómo impetrar una tutela. A continuación, Jorge Francisco «Tachi» Nieto, periodista y experto en esta materia, explica cuáles son las razones comunes para instaurar una tutela en Colombia:

1. No entrega de medicamentos (indicando que están pendientes).

2. Dificultad para obtener citas médicas.

3. Exámenes de especialistas en otras ciudades.

4. Demora injustificada en la programación de cirugías.

5. Falta de agenda disponible.

Requisitos para instaurar una tutela:

a. Copia de la cédula por ambas caras del paciente.

b. Historia Clínica.

c. Orden Médica.

d. Copia de la cédula por ambas caras de la persona que interpondrá la tutela en representación del paciente (Agente Oficioso).

e. Orden de medicamentos no entregados.

f. Correo electrónico (si tiene).

g. Contacto telefónico.

Es importante que todos los documentos deben enviarse en formato PDF. Si usted desea entablar una acción de tutela puede comunicarse al siguiente número de contacto de  WhatsApp:  315- 7527781.

La Policía Nacional, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y el CTI, ejecutó una ofensiva interinstitucional contra el Grupo Delincuencial Organizado ‘La Terraza’, en zona urbana y rural del municipio de Andes, subregión del Suroeste antioqueño.

Esta organización es señalada como responsable de al menos 38 homicidios entre 2022 y 2025, y considerada una de las estructuras criminales más violentas de la región.

Las autoridades informaron que en respuesta a posibles alteraciones del orden público asociadas al plan cosecha, se realizó una intervención preventiva que logró anticiparse a nuevas acciones violentas, afectando la capacidad operativa del grupo antes de que ejecutaran nuevos homicidios o disputas por rutas de microtráfico.

La operación permitió la ejecución de 17 diligencias de allanamiento y registro, con un balance de 8 personas judicializadas: cinco por orden judicial y tres en el momento de los hechos, por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, tráfico de armas y tráfico de estupefacientes.

Entre los capturados destaca alias Buty, presunto cabecilla de zona y coordinador de sicarios, con más de cuatro años de trayectoria criminal. Bajo su coordinación, la estructura mantenía presencia delictiva en Andes, Hispania, Betania, Jardín y los corregimientos de Santa Rita y Santa Inés. Se le atribuyen múltiples homicidios cometidos durante 2023 en los municipios de Andes y Betania.

También alias “Josué”, presunto autor material de la masacre del 19 de marzo de 2025 en la vereda La Clara, corregimiento Santa Rita, donde fueron asesinadas cuatro personas, entre ellas dos ciudadanos extranjeros.

Los demás capturados son alias Piedro, colaborador encargado del cobro de extorsiones en Andes; alias “Silencio”, sicario, encargado de distribución de estupefacientes y hurto de motocicletas; alias “Manguito”, miembro de base de la estructura; alias Daniela, colaboradora logística y compañera sentimental de alias Bollo, responsable del transporte de armas y drogas; alias Felipe o Elionel, integrante operativo, y alias Jorge, integrante operativo.

En las diligencias, las autoridades también incautaron dos revólver calibre 38, una pistola 9 milímetros, 700 dosis de cocaína, 60 dosis de marihuana, $4.900.000 en efectivo, una gramera, tres agendas contables con registros criminales y nueve celulares con evidencias delincuenciales.

“Esta acción se logra una afectación directa a la capacidad criminal de mando, ejecución y financiación del GDO “La Terraza”, reduciendo de manera significativa el riesgo de hechos violentos y fortaleciendo el control institucional del territorio. La coordinación entre las autoridades permitió consolidar un resultado estratégico que aporta a la recuperación de la seguridad y la tranquilidad ciudadana en el Suroeste antioqueño”, concluyeron las autoridades en un comunicado.

Fuentes confirmaron a SEMANA que el Gobierno de Estados Unidos tomó esta decisión como parte de las medidas que lo llevaron a llamar a su encargado de negocios a consultas.

El gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, decidió retirarles las visas a varios miembros del gobierno de Gustavo Petro, según le confirmó a SEMANA una fuente cercana a la administración norteamericana. Esto como parte de la crisis diplomática que se desató esta mañana entre ambas naciones.

La fuente le aseguró a SEMANA que algunos de los miembros de esta lista ya habrían sido notificados del retiro de su visado hacia los Estados Unidos, aunque aún no se conoce concretamente qué funcionarios del gobierno Petro son los afectados por la medida tomada por la administración de Donald Trump.

Esto se da luego de que el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, llamara a John T. McNamara, encargado de Negocios interino de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, a Washington para consultas urgentes tras lo que según un comunicado del gobierno estadounidense fueron “las declaraciones infundadas y reprobables de los más altos niveles del Gobierno de Colombia”, dice el texto.

En el mismo comunicado en el que se hablaba de la llamada a consultas del funcionario estadounidense, se aseguraba que “Estados Unidos está tomando otras medidas para dejar clara su profunda preocupación por el estado actual de nuestra relación bilateral”, por lo que el retiro de visas hacia los funcionarios es prueba de la escalada en las tensiones entre ambas partes.