*La labor investigativa orientada por la Fiscalía General de la Nación permitió judicializarlo por los delitos de secuestro extorsivo y tortura.

Una mujer fue retenida en contra de su voluntad y sometida a agresiones físicas y psicológicas por parte de su compañero sentimental, quien además habría exigido dinero para dejarla en libertad, en hechos ocurridos en el barrio Manrique, en Medellín (Antioquia), entre el 6 y el 8 de febrero del año en curso.

De acuerdo con los actos investigativos orientados por la Fiscalía General de la Nación, Johan Stiven Marino Mosquera sería el responsable de lo sucedido.

Este hombre presuntamente ocultó a la mujer en una vivienda y la golpeó con objetos contundentes hasta hacerla perder el conocimiento en varias oportunidades.

Entre tanto, llamaba a la mamá de la víctima para pedirle dos millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida y dejarla en libertad.

En ese sentido, el señalado agresor fue capturado en una acción conjunta realizada con unidades del Gaula de la Policía Nacional. En el procedimiento se incautaron cuatro teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a Marino Mosquera ante un juez penal de control de garantías y le imputó los delitos de secuestro extorsivo y tortura.

El procesado no aceptó los cargos y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

*Exigían más de mil millones de pesos a familiares de las víctimas. Alcanzaron a transferir más de 20 millones de pesos a través de operaciones bancarias.

Un fiscal de la Seccional Atlántico judicializó a Jhan Carlos Gamboa Jiménez y Yulieth Elizabeth Carvajal Gómez, por su presunta participación en los delitos de secuestro extorsivo y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Las víctimas fueron secuestradas al salir de un centro comercial del norte de Barranquilla con el propósito de asistir a una cita relacionada, supuestamente, con un negocio.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron entre el 12 y el 16 de enero del año en curso, en jurisdicción de Juan de Acosta.

Familiares de las víctima conocieron de lo sucedido luego de recibir mensajes extorsivos en los que, al parecer, los hoy imputados exigían el pago de más de mil millones de pesos.

En ese lapso, los familiares alcanzaron a transferir más de 20 millones de pesos a través de operaciones bancarias.

Labores de policía judicial, así como actividades de seguimiento, análisis de datos y llamadas, permitieron que uniformados de la Policía Nacional lograron el rescate de las víctimas y la captura en flagrancia de los imputados en el mencionado sector.

Durante el procedimiento se incautaron un arma de fuego, dos cartuchos, cinco celulares, dos tarjetas SIM y un vehículo.

Un juez con funciones de control de garantías les impuso medida de aseguramiento intramural.

*Una fundación que no contaba con la experiencia ni la idoneidad para la construcción de embarcaciones fue beneficiada con un contrato que superó los 1.000 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a dos exfuncionarios de la Gobernación de Atlántico y a un particular a la investigación que se sigue por las presuntas irregularidades detectadas en un contrato que tenía por objeto garantizar el suministro de 200 cascos para lanchas pesqueras artesanales.

Se trata del exasesor financiero, Jorge Luis Sampayo Herrera; y la exasesora jurídica, Gertrudis María Peralta Vásquez, imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento sin requisitos legales y falsedad ideológica en documento público; así como el contratista Julio Cesar Altamar Rodríguez, a quien le fueron formulados los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el contrato 059 de julio de 2014, que superó en valor los 1.000 millones de pesos, habría sido direccionado para beneficiar a una fundación privada representada por Altamar Rodríguez, la cual no tenía la idoneidad para la construcción de embarcaciones.

En ese sentido, el contratista presuntamente presentó un Registro Único de Proponentes (RUP) expedido en Cámara y Comercio de Barranquilla, el cual contenía información falsa para acreditar la experiencia requerida y así cumplir con uno de los requisitos habilitantes.

Los dos exasesores investigados hicieron parte del comité evaluador que otorgó altas calificaciones a la fundación y se afirmó que cumplía con todos los requisitos habilitantes exigidos cuando no era cierto para dar viabilidad a la propuesta presentada.

Adicionalmente, se conoció que el contrato fue suspendido para que el plazo de ejecución de 30 días se prolongara indefinidamente, de tal manera que la fundación tuviera tiempo suficiente para elaborar y entregar los 200 cascos previstos.