La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, y la directora de Inravisión, Ángela Mora, afirmaron que bajo su gestión el Sistema de Medios Públicos dejará de ser un “aparato de propaganda” para “recuperar su carácter público, plural e independiente”.

Una de las medidas adoptadas es terminar la franja noticiosa y de opinión en radio y televisión. Anuncia que la nueva programación tendrá como pilares la cultura, el arte y la educación. Igualmente se revisarán los 1.051 contratos que por un valor que supera los $100.000 millones se suscribieron en la presente vigencia.

Según indicaron, definieron un plan para transformar la programación, revisar la contratación y fortalecer la gestión del Sistema de Medios Públicos.

Medidas anunciadas:

1 – Finalización de la franja noticiosa y de opinión en radio y televisión que hasta el 6 de agosto pasado ocupaba una parte significativa de los recursos humanos y técnicos de Inravisión. De acuerdo con la administración, hasta esa fecha el Sistema mantenía una operación informativa de 6:00 a. m. a 10:00 p. m., lo que representaba aproximadamente el 90 % de los recursos y del personal disponible destinados a actividades «periodísticas».

2 – Revisión inmediata de los contenidos y formatos actualmente al aire. Inravisión debe responder a criterios de independencia, pluralidad, equilibrio, rigor informativo e interés público, y no a intereses particulares o políticos. La entidad será un Sistema de Medios Públicos, no un instrumento político.

3 – La nueva programación tendrá como pilares la cultura, el arte y la educación, con contenidos que reconozcan la diversidad regional, fortalezcan la identidad nacional, promuevan el conocimiento y garanticen que las distintas voces del país tengan espacio en la radio, la televisión y las plataformas digitales públicas.

4 – Revisión de contratos y convenios. Como parte del proceso de reorganización, Inravisión realizará una revisión de los convenios y contratos interadministrativos actualmente vigentes con ministerios y entidades del orden nacional, relacionados con proyectos audiovisuales, radiales y de monitoreo de medios. También se revisarán los contratos de prestación de servicios suscritos durante 2026.

Según la información entregada por la nueva administración, durante la presente vigencia se han suscrito más de 1.051 contratos, por un valor que supera los $100.000 millones. Además, la administración señala que durante los días 6 y 7 de agosto se suscribieron 87 contratos por aproximadamente $4.000 millones.

5 – Solicitud de acompañamiento a organismos de control. Inravisión solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para revisar el estado contractual y presupuestal de la entidad. La revisión incluirá, entre otros aspectos, posibles incumplimientos relacionados con la legalización y ejecución de contratos, así como contratos de mantenimiento y operación de la red, logística y transporte aéreo y terrestre que, según la administración, habrían registrado incrementos superiores al 100 % frente al valor inicial.

La entidad entregará a los organismos competentes la información correspondiente para que sean las autoridades de control las que determinen si existen responsabilidades administrativas, fiscales o de otra naturaleza.

El Gobierno resaltó que las medidas buscan que Inravision concentre sus capacidades en el cumplimiento de su misión pública y en la prestación de un servicio de comunicación dirigido a todos los colombianos.

La inteligencia artificial sigue abriéndose paso en el sector salud. En Italia, un robot humanoide llamado “Alter Ego” comenzó a interactuar con pacientes dentro de un hospital de Milán, donde ayuda a recopilar información médica, acompaña a usuarios y apoya algunas tareas del personal sanitario.

Lo que hace unos años parecía una escena de ciencia ficción hoy es una realidad en el hospital Hospital Maugeri, donde se adelantan pruebas con este innovador asistente robótico. Con una altura cercana a 1,2 metros, “Alter Ego” fue diseñado para comunicarse directamente con los pacientes mediante expresiones faciales, movimientos naturales y una pantalla instalada en su pecho.

Durante las pruebas, el robot preguntar a los pacientes cómo se sienten y recopilar datos que son enviados automáticamente al personal médico y de enfermería. Además, tiene la capacidad de acompañar personas dentro del centro asistencial, transportar objetos sencillos y facilitar la comunicación con especialistas que se encuentren atendiendo de forma remota.

El proyecto comenzó en abril de 2026 en una unidad especializada en pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Uno de los casos más destacados fue el de un paciente de 31 años que utilizó la pantalla del robot para reportar su nivel de dolor, permitiendo que la información llegara de inmediato al equipo de enfermería.

En una iniciativa legislativa que busca transformar la interacción de los menores de edad con el mundo digital, el representante a la Cámara Jesús Lorduy, junto al senador Enrique Cabrales, radicó un proyecto de ley en el Congreso de la República que pretende prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales sin una regulación estricta. La propuesta se inspira en modelos internacionales recientes, como el de Francia, y busca mitigar los riesgos asociados al uso temprano de estas plataformas.

El objetivo principal de la norma es establecer un sistema robusto que salvaguarde la integridad de la infancia en el entorno virtual. Según explicó el representante Lorduy en entrevista, “lo que buscamos es crear un marco integral de protección reforzada para los niños, niñas y adolescentes frente al riesgo derivado del acceso temprano y no regulado de redes sociales”.

El parlamentario enfatizó que la seguridad digital no debe recaer únicamente en los menores, sino que es un asunto de «corresponsabilidad» que involucra al Estado, la sociedad, las instituciones educativas, las familias y, de manera crucial, a los proveedores de servicios. En este sentido, las empresas tecnológicas de redes sociales son señaladas como las principales responsables de implementar los mecanismos de control necesarios.

Uno de los puntos más polémicos y contundentes del proyecto son las sanciones económicas para las empresas que no cumplan con la verificación de edad. Lorduy detalló que las multas están contempladas en el artículo 10 del articulado: “En caso de incumplimiento podrán ser multados hasta por 5000 salarios mínimos legales vigentes. Eso un monto de alrededor de 8.500 millones de pesos”.

Estas multas estarían dirigidas a los prestadores del servicio que no establezcan requisitos claros para identificar si el usuario es menor de edad.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sería el órgano encargado de inspeccionar, vigilar y ejercer el control sobre estos contenidos y el cumplimiento de la ley. Para asegurar que los usuarios cumplan con el requisito de edad, el proyecto propone diversas herramientas tecnológicas. Entre ellas se encuentran el uso del documento de identidad, el consentimiento y vinculación de padres o tutores, y tecnologías avanzadas de reconocimiento facial mediante inteligencia artificial.

“Esa verificación debe tener varios puntos, incluido pues el número de identificación… pero no nos basta solo con esto, sino también con un reconocimiento facial y hoy con la IA y con muchas herramientas que tenemos se puede identificar si esa persona es menor de 16 años o no”, explicó el representante.

Además, la ley busca que las plataformas ofrezcan experiencias diferenciadas: “Es crear prácticamente de manera paralela dos tipos de contenidos. Los contenidos que son para menores de 16 años y los contenidos para personas adultas mayores a 17 años”.

De esta forma, si un menor logra acceder, solo tendría disponible material apto para su edad, similar a como operan los controles parentales en plataformas de streaming como Netflix.