*Las víctimas habrían entregado más de 270 millones para evitar ataques contra sus vidas y vehículos.

Una red de extorsión del grupo delictivo autodenominado ‘Satanás’ que durante el último año habría sometido a conductores de transporte informal de la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá, fue afectada por la Fiscalía General de la Nación con la judicialización de seis de sus posibles integrantes.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, estas personas presuntamente exigían a los propietarios de vehículos de transporte informal el pago colectivo de 13 millones de pesos mensuales. La suma debía ser entregada en dos cuotas quincenales de 6’500.000 pesos, en medio de amenazas de atentar contra sus vidas o dañar los automotores.

La intimidación habría escalado hasta el punto de que, el 24 de septiembre de 2023, se registró el asesinato de un conductor y su hijo menor de edad, además de las lesiones ocasionadas a su compañera sentimental. Este hecho correspondería a una retaliación por el incumplimiento de los desembolsos ilícitos fijados. Los cobros extorsivos afectaban a conductores que cubrían las rutas Bosa Estación, Bosa El Recreo, Bosa Porvenir, Bosa Santafé, Bosa San Bernardino, Bosa Brasil y Parques de Bogotá.

Los señalados implicados, en algunas oportunidades, obligaron a las víctimas a designar a una persona para que recolectara el dinero y lo transfiriera a una billetera virtual específica. Las labores de policía judicial permitieron conocer que, de esta manera, ‘Satanás’ alcanzó a percibir hasta 270 millones de pesos, a través de consignaciones que se efectuaron de manera periódica entre septiembre de 2023 y junio de 2026.

En una acción conjunta realizada con unidades del Gaula de la Policía Nacional fueron capturados los presuntos involucrados. Se trata de Nesly María Iriarte Martínez, Liliana Paola Soto Fonseca, Mayfred Joselin Romero Loaiza, Manuel Alberto Ordoñez Chima, Juan David Oyola Galvis y Bill Kleiber Paz Chávez. Los procedimientos se realizaron en Cartagena (Bolívar), Barranquilla y Soledad (Atlántico), Medellín (Antioquia), Soacha (Cundinamarca) y Bogotá.

Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambas conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados. Este resultado es producto del modelo estratégico de investigación de la Fiscalía, orientado a identificar y afectar estructuralmente las organizaciones delincuenciales que más inciden en la seguridad y la convivencia en las ciudades.

A través de labores investigativas articuladas, análisis criminal y asociación de casos, se avanzó en la identificación de los posibles responsables, sus dinámicas delictivas y los mecanismos utilizados para recibir y distribuir los recursos obtenidos mediante las extorsiones.

*Rafael Antonio Velásquez Pinzón aceptó su responsabilidad en los hechos que le fueron atribuidos entre ellos el caso de un niño de 12 años que fue asesinado.

La Fiscalía General de la Nación recopiló elementos materiales probatorios que dan cuenta de coincidencias en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de varias agresiones sexuales contra menores de edad ocurridas en zonas rurales de Quindío; y de un mismo señalado responsable: Rafael Antonio Velásquez Pinzón.

Este hombre sería el responsable de interceptar a niños y adolescentes que se desplazaban solos hacia sus colegios o regresaban a sus viviendas por carreteras veredales de Circasia, Salento y Montenegro.

En la mayoría de los casos los intimidaba con armas de fuego o cortopunzantes, los trasladaba por la fuerza a zonas boscosas y, en esos lugares, los sometía a agresiones sexuales.

Las víctimas identificadas son cinco menores de edad, de sexo masculino, con edades entre los 12 y 15 años. Las actividades de policía judicial permitieron relacionar los casos y documentar los eventos delictivos perpetrados en septiembre de 2022, julio de 2025 y febrero de 2026. Una de las víctimas, un niño de 12 años, fue asesinado.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Seccional Quindío obtuvo orden de captura, la cual fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en un inmueble de Quimbaya.

En el procedimiento fueron incautados una motocicleta, un teléfono celular y otros elementos serán sometidos a los respectivos análisis.

Velásquez Pinzón fue imputado por los delitos de homicidio agravado, secuestro simple agravado, acceso carnal violento agravado y actos sexuales violentos.

Los cargos fueron aceptados y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Ante la posibilidad de que existan otras víctimas, la Fiscalía General de la Nación invita a quienes hayan sido afectados por conductas similares a denunciar a través de la línea 122, por los canales virtuales habilitados por la entidad o a la sede de la Seccional Quindío.

*Diez presuntos integrantes de esta organización delincuencial fueron judicializados. La estructura estaría relacionada con un ataque con granada que dejó una persona muerta y 18 heridas, así como con al menos seis homicidios registrados durante 2026.

El uso de explosivos, los homicidios y las amenazas contra quienes interferían en sus actividades ilícitas eran los mecanismos de violencia usados por la organización delincuencial conocida como ‘Los Boyacos’ para mantener el control de la venta de estupefacientes en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá.

Los elementos materiales probatorios indican que este grupo delictivo tendría presencia en el sector desde, al menos, 2024 y contaría con una organización jerarquizada, integrada por cabecillas, administradores de puntos de expendio, distribuidores, vendedores, vigilantes y un brazo armado encargado de ejecutar acciones violentas para proteger sus actividades ilegales y mantener el dominio territorial. 10 personas señaladas de integrar esta estructura fueron judicializadas por la Fiscalía General de la Nación, entre ellas Miguel Vargas Parra, alias Yimi o Boyaco, uno de los principales dinamizadores; y un hombre conocido como ‘Miguel’ o ‘El Viejo’, quien habría coordinado la distribución de sustancias ilícitas en seis zonas, el manejo de las ganancias ilegales y la financiación de la estructura.

Estos dos posibles articuladores principales, al parecer, ordenaron homicidios contra personas sospechosas de suministrar información a las autoridades, comercializar estupefacientes por fuera de los intereses de la red o intentar abandonarla. Para ejecutar estas determinaciones contarían con un grupo sicarial que estaría a cargo de alias ‘Carramán’ y ‘Drilococo’. Entre sus posibles integrantes fueron identificados Osneiber Rafael Sabino Aguache, alias Mailo, y Reinaldo de Jesús Hernández Bonett, alias El Diablo, quienes estarían encargados de las acciones violentas y de proteger los expendios.

Uno de los hechos atribuidos a ‘Los Boyacos’ ocurrió el 22 de enero de 2026, cuando fue lanzada una granada contra un grupo de ciudadanos que permanecía en una concurrida zona del barrio Santa Fe. El ataque, que habría sido ordenado por los cabecillas como represalia por la comercialización de estupefacientes ajenos a la estructura, ocasionó la muerte de una persona, lesiones a otras 18 y daños materiales. Alias ‘Mailo’ es señalado de lanzar el artefacto explosivo desde una motocicleta. De acuerdo con la hipótesis investigativa.

A este episodio se suma, por lo menos, seis homicidios perpetrados durante 2026. Los casos corresponderían a disputas por el control del tráfico local de estupefacientes, sospechas de colaboración con las autoridades e incumplimiento de las condiciones impuestas. Las actividades de policía judicial también permitieron identificar maniobras para ocultar los eventos delictivos, como la eliminación de registros de cámaras de seguridad y el traslado de cuerpos a otros sectores de la ciudad.

En este contexto, es investigado Yermmy Rincón Alza, alias ‘Chatico’, quien habría brindado apoyo logístico a la banda delincuencial e intervenido en actuaciones posteriores a uno de los homicidios para favorecer el ocultamiento de lo ocurrido. Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó a los 10 procesados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, o explosivos; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, y favorecimiento agravado.

Este resultado es producto del modelo estratégico nacional de investigación de la Fiscalía, orientado a identificar y afectar estructuralmente las organizaciones delincuenciales que más impactan la seguridad y la convivencia en las ciudades. Mediante labores investigativas articuladas con la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá, análisis criminal y asociación de casos, se estableció el posible funcionamiento de esta red, sus niveles de coordinación y su relación con diferentes hechos violentos.