Las intimidaciones a la funcionaria judicial obedecían a la investigación que ella adelantaba contra la esposa del ahora procesado. La mujer sería responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con extorsión agravada.

El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió que de manera libre, espontánea y asesorado por su abogado Ober Ricardo Martínez Gutiérrez admitiera su responsabilidad frente al delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.

Ante esta manifestación, el juez de control de garantías aprobó el acuerdo suscrito entre el procesado y la Fiscalía General de la Nación, por lo que impartió una condena a 36 meses de prisión y una multa de 8,8 salarios mínimos legales vigentes.

Los hechos que motivaron la sentencia ocurrieron el 27 de marzo de 2023 cuando Martínez Gutiérrez, desde la cárcel de máxima seguridad de Palogordo en Girón (Santander), grabó un video que divulgó en redes sociales.

En la publicación el hombre amenazaba de muerte a una fiscal que investigaba penalmente a su esposa, de quien exigía su liberación, so pena de quitarle la vida a la funcionaria judicial.

Todo está listo y organizado. El próximo domingo 19 de octubre, desde las 4:00 de la tarde, se realizará una Asamblea General de la Federación de Asociaciones del asentamiento humano Santa Helena, de Caucasia, el más grande del país, un territorio de paz y esperanzas en el corazón del Bajo Cauca Antioqueño. El evento tendrá lugar en el sitio conocido como Casa Roja.

Adrián Simanca y algunos de los líderes que están invitando a la Asamblea General de Asociaciones del asentamiento Santa Helena, de Caucasia, Antioquia.

De acuerdo con Adrián Simanca, uno de los líderes del asentamiento, el objetivo de esta Asamblea General es dar a conocer y socializar con la comunidad de Santa Helena, los detalles y logros alcanzados durante la visita que un grupo de líderes realizó en días pasados a Bogotá.

«Hacemos un llamado a toda la comunidad del asentamiento Santa Helena para que asista masivamente el próximo domingo 19 de octubre a esta Asamblea General. Es muy importante que nos acompañen para que conozcan las buenas noticias que traemos de Bogotá. Los esperamos en Casa Roja, todos están cordialmente invitados», manifestó Adrián Simanca, uno de los líderes más carismáticos y dinámicos de ese conglomerado humano.

Lo cierto es que son más de 40 líderes trabajando mancomunadamente para que el sueño de los habitantes de Santa Helena, que es el de tener una vivienda digna, se convierta en una realidad para esa comunidad integrada en su mayoría por familias vulnerables.

Por su parte, Olmar González, otro líder de ese populoso sector caucasiano, hizo un vehemente llamado a la comunidad del asentamiento Santa Helena para que asista a este importante evento en el que se tratarán temas de vital importancia para las familias que allí residen, cuyo sueño es tener una vivienda propia.

La cita es entonces el domingo 19 de octubre en el sector Casa Roja, de Santa Helena, a partir de las 4:00 de la tarde, en donde la comunidad tendrá la oportunidad de conocer lo que sus líderes lograron en Bogotá a través de reuniones con dignatarios del alto Gobierno Nacional, congresistas y funcionarios de diferentes organismos e instituciones.

El ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, aseguró que Colombia avanza con determinación en la lucha contra el narcotráfico y en la reducción de cultivos ilícitos.

El funcionario afirmó que 11.000 hectáreas de hoja de coca han sido eliminadas entre erradicación forzosa y sustitución voluntaria en lo que va del año.

“Más de 11.000 hectáreas ya llevamos entre erradicadas y sustituidas, 700 toneladas incautadas, eso equivale a 450 millones de dosis letales que dejaron de llegar al exterior”, explicó el ministro. Según Sánchez, estas acciones forman parte de los esfuerzos que espera Estados Unidos para otorgar la certificación en materia antidrogas, un reconocimiento clave para la cooperación bilateral.

El jefe de la cartera de Defensa aclaró las cifras que han generado debate público. De las 11.000 hectáreas reportadas, 5.300 corresponden a erradicación realizada por la Policía Nacional, mientras que cerca de 6.000 se han logrado a través de programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

“Lo importante aquí es certificar que esa sustitución de cultivos ilegales sí se hizo. En una la arranca el policía y en la otra el campesino. Pero finalmente es quitarlo”, enfatizó.