*Mediante falsedades y otras maniobras ilícitas habría recibido más de 6.800 millones de pesos por concepto de remuneración tarifaria de la actividad de aprovechamiento, sin cumplir en realidad con labores de recolección, transporte y clasificación de residuos.

La Fiscalía General de la Nación identificó a los presuntos articuladores principales de una red delictiva señalada de realizar cobros por servicios de reciclaje en Tunja, Duitama y Sogamoso (Boyacá), que no se realizaron con la frecuencia reportada ni en las condiciones que acreditaron ante las autoridades competentes.

Se trata de Laura Maritza Castro Alezones y Ronald Yosefer Pulido Forero, representantes legales de dos empresas recolectoras de residuos; y la particular Ingrid Yineth Amaro Guavare. Estas personas se habrían articulados para entregar información falsa a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre la cantidad de material reciclable recolectado y clasificado.

Los elementos materiales probatorios indican que las dos sociedades no contaban con bodegas operativas para el almacenamiento y disposición del material, ni con el personal requerido para cumplir con la labor. Además, en sus informes incluyeron nombres de habitantes de calle y recicladores para justificar facturas por toneladas inexistentes de material reciclable. Estos documentos con información espuria fueron cargados al Sistema Único de Información (SUI) de la Superservicios y les permitieron recibir en dos años más de 6.829 millones de pesos, por concepto de la remuneración tarifaria de la actividad de aprovechamiento, un reconocimiento monetario que contempla la ley para los recicladores de oficio por recolectar, transportar y clasificar residuos.

En el curso de la investigación se conoció que parte de los recursos, al parecer, fueron destinados para la compra de vehículos de gama alta e inmuebles, entre otros bienes. Asimismo, quedaron al descubierto diversas actuaciones posteriores como ajustes ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), simulaciones documentales y alteración de información con el propósito de evitar que fuera detectado el entramado ilícito y obstaculizar la acción de la justicia.

*Durante nueve años la víctima soportó las agresiones de la mamá y el padrastro, fue encerrada y encadenada en diferentes momentos en una vivienda de Ibagué (Tolima) porque conseguía amigos, y obligada a abortar en dos oportunidades.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a una pareja señalada de abusarsexualmente y someter a tratos crueles e inhumanos a una menor de edad en un inmueble de Ibagué (Tolima).

Los hechos investigados comenzaron en 2016, cuando la víctima tenía ocho años, y se prolongaron hasta 2025. Durante este tiempo la mujer habría permitido que su compañero sentimental ejerciera un ciclo de violencia sistemática y prolongada contra su hija, afectando su integridad, libertad y formación sexual.

En ese sentido, se conoció que el hombre, al parecer, agredía sexualmente a la niña y grababa en video los vejámenes a los que la sometía para generarle vergüenza y chantajearla. Adicionalmente, hay evidencias de que presuntamente la encerraba y encadenaba en la vivienda cada vez que se enteraba que tenía amigos.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que producto del recurrente abuso sexual la menor de edad quedó embarazada y fue obligada a abortar en dos oportunidades sin recibir asistencia médica, situación que puso en grave riesgo su vida y salud emocional.

Por lo anterior, la pareja fue capturada en una diligencia de registro y allanamiento realizada de manera articulada con la Policía Nacional en el sector Praderas de Santa Rita, en Ibagué.

En el procedimiento fueron incautados dos celulares.

Entre tanto, una fiscal de la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó al hombre y a la mujer los delitos de acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años, pornografía con personas menores de 18 años, tortura agravada, violencia intrafamiliar agravada, aborto sin consentimiento e inducción al suicidio.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario

*En su calidad de gerente y administrador de los recursos de la campaña ‘Petro Presidente 2022’ habría permitido que los gastos electorales superaran los topes fijados por la autoridad electoral en 1.388 millones para la primera vuelta y 276 millones de pesos para la segunda vuelta.

La Fiscalía General de la Nación imputó al exgerente de la campaña ‘Petro Presidente 2022’ y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, como presunto responsable del delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales. Cargo no aceptado.

El hoy procesado, en ejercicio de su labor de dirección y gestión de los recursos y
movimientos de dinero, habría permitido que los gastos de campaña excedieran el techo fijado por la autoridad electoral para garantizar equidad y transparencia en el proceso.

No obstante, reportó en el aplicativo ‘Cuentas Claras’ y ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un balance contable de ingresos y egresos que aparentemente cumplía los requisitos de ley.

Los elementos materiales probatorios y la información legalmente obtenida dan cuenta de que en realidad se habrían superado en 1.388 millones de pesos los topes permitidos para la primera vuelta presidencial y en 276 millones de pesos el límite fijado para la segunda vuelta.

Los gastos que habrían excedido los topes estarían asociados a ruedas de prensa en hoteles, desayunos, préstamos, transporte, logística, alimentación, créditos para eventos de cierre de campaña, piezas publicitarias y aportes de un sindicato.

De igual manera, en el curso de la investigación orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción se conoció que desembolsos y costos generados en primera vuelta, al parecer, fueron reportados en los informes de segunda vuelta; y muchas de las inversiones de segunda, en los registros de primera vuelta.