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Fiscalía

En evidencia red delictiva señalada de cobrar por falsos servicios de reciclaje

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*Mediante falsedades y otras maniobras ilícitas habría recibido más de 6.800 millones de pesos por concepto de remuneración tarifaria de la actividad de aprovechamiento, sin cumplir en realidad con labores de recolección, transporte y clasificación de residuos.

La Fiscalía General de la Nación identificó a los presuntos articuladores principales de una red delictiva señalada de realizar cobros por servicios de reciclaje en Tunja, Duitama y Sogamoso (Boyacá), que no se realizaron con la frecuencia reportada ni en las condiciones que acreditaron ante las autoridades competentes.

Se trata de Laura Maritza Castro Alezones y Ronald Yosefer Pulido Forero, representantes legales de dos empresas recolectoras de residuos; y la particular Ingrid Yineth Amaro Guavare. Estas personas se habrían articulados para entregar información falsa a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre la cantidad de material reciclable recolectado y clasificado.

Los elementos materiales probatorios indican que las dos sociedades no contaban con bodegas operativas para el almacenamiento y disposición del material, ni con el personal requerido para cumplir con la labor. Además, en sus informes incluyeron nombres de habitantes de calle y recicladores para justificar facturas por toneladas inexistentes de material reciclable. Estos documentos con información espuria fueron cargados al Sistema Único de Información (SUI) de la Superservicios y les permitieron recibir en dos años más de 6.829 millones de pesos, por concepto de la remuneración tarifaria de la actividad de aprovechamiento, un reconocimiento monetario que contempla la ley para los recicladores de oficio por recolectar, transportar y clasificar residuos.

En el curso de la investigación se conoció que parte de los recursos, al parecer, fueron destinados para la compra de vehículos de gama alta e inmuebles, entre otros bienes. Asimismo, quedaron al descubierto diversas actuaciones posteriores como ajustes ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), simulaciones documentales y alteración de información con el propósito de evitar que fuera detectado el entramado ilícito y obstaculizar la acción de la justicia.

Fiscalía

Caen cuatro integrantes de una banda delictiva dedicada al tráfico de estupefacientes

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*Los hechos ocurrieron entre septiembre de 2023 y noviembre de 2025 en Risaralda, Valle del Cauca y Quindío. En algunos casos, los automotores habrían sido reportados como hurtados después de ser dejados con el estupefaciente para intentar recuperarlos.

Cuatro vehículos abandonados con cargamentos de marihuana permitieron a la Fiscalía General de la Nación identificar a una organización dedicada al transporte de estupefacientes desde zonas de producción ilegal en Corinto, Caloto y El Palo (Cauca) hacia diferentes regiones del país.

Los hechos investigados ocurrieron entre septiembre de 2023 y noviembre de 2025, en Balboa (Risaralda), Guacarí y Buga (Valle del Cauca), y La Tebaida (Quindío).

En estos procedimientos fueron incautados 461 kilos y 467 gramos de marihuana. Las evidencias indican que los conductores dejaban en la vía los automotores en los que transportaban la sustancia ilícita y huían del lugar.

Posteriormente, algunos de ellos reportaban falsamente el hurto de los vehículos con el propósito de recuperarlos.

Cuatro de los posibles integrantes de este grupo delictivo fueron capturados y judicializados.

Se trata de Andrés Osvaldo Cuero Arroyo, quien sería el encargado de adquirir la marihuana y coordinar los desplazamientos; Migdonio Manuel Ordóñez Silva, señalado de realizar labores de vigilancia para advertir sobre la presencia o los controles de las autoridades; y Juan Camilo Martínez y Francisco Eliezer Orovio Mina, presuntos transportadores.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a estas personas los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

Adicionalmente, a Cuero Arroyo le fue atribuido el delito de violencia contra servidor público, con circunstancias de agravación punitiva, por arrollar a dos policías que intentaron evitar que escapara luego de dejar abandonado un carro con estupefacientes; y a Camilo Martínez, el delito de falsa denuncia.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en
centro carcelario

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Fiscalía

Fiscalía judicializa a presunto disidente por atacar con explosivos a la fuerza pública

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*Ronaldinho Trujillo Trujillo, alias Ronald, habría realizado labores de inteligencia y vigilancia para coordinar la instalación de dos cargas explosivas en zona rural de Pasto.

Una acción criminal que buscaba atraer a integrantes de la fuerza pública para
posteriormente atacarlos con dos cargas explosivas en la vía Chachagüí – Remolino Panamericano, en zona rural de Pasto (Nariño), el pasado 7 de septiembre, es investigada por la Fiscalía General de la Nación.

Ronaldinho Trujillo Trujillo, alias Ronald, presunto integrante de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc, habría participado en la planeación y cumplido labores de obtención de información y vigilancia para facilitar la instalación de las cargas.

Uno de los explosivos de alto poder estaba acondicionado en cilindros de gas y con mecanismos de activación remota, y sería utilizado como señuelo para provocar la llegada de unidades del Ejército Nacional y posteriormente activar el segundo, que permanecía oculto a la altura de la vereda La Ensillada. Los dos artefactos fueron hallados y activados de manera controlada.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a Trujillo Trujillo los delitos de concierto para delinquir agravado; terrorismo; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Fiscalía

Juez envía a prisión a pareja señalada de asesinar a guarda de Transmilenio que no los dejó “colar”

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Un juez de control de garantías envió preventivamente a prisión a Deibi Gabriel Acevedo Sánchez y su pareja Anggi Natalia Díaz, quienes fueron capturados por presuntamente asesinar a Cristian Garzón, guarda de seguridad de Transmilenio en la estación Terreros ubicada en Soacha.

Según la investigación de la Fiscalía, el guarda Cristian Garzón se opuso a que los dos capturados entraran a la estación sin pagar el pasaje, por lo cual presuntamente Acevedo Sánchez agredió con un cuchillo al empleado de seguridad, mientras era instigado por Anggi Natalia Díaz.

A pesar de los esfuerzos por parte de los compañeros de Garzón por mantenerlo con vida, y que alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, falleció en el centro médico. Por su parte, Acevedo Sánchez y su pareja fueron detenidos en vía pública y les fue incautada el arma blanca.

Los dos sindicados del asesinato no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía, la cual los presentó ante el juez por la presunta comisión del delito de homicidio agravado.

Nathaly Ariza, compañera del guarda de seguridad asesinado habló con Caracol Radio el pasado 18 de septiembre, y contó cómo se produjo la agresión.

Según su testimonio, Garzón se interpuso entre ella y el presunto agresor Deibi Acevedo, mientras discutían para impedir el ingreso irregular de estas personas a la estación.

En este momento, de acuerdo con su relato, el procesado por el crimen, en compañía de su pareja, sacó un cuchillo y le propinó dos puñaladas en el pecho al guarda Garzón.

Aunque trataron de auxiliarlo, Ariza narró que el guarda de seguridad se desvaneció en sus brazos, mientras trataban de llevarlo con urgencia a un centro de salud.

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