*En su calidad de gerente y administrador de los recursos de la campaña ‘Petro Presidente 2022’ habría permitido que los gastos electorales superaran los topes fijados por la autoridad electoral en 1.388 millones para la primera vuelta y 276 millones de pesos para la segunda vuelta.

La Fiscalía General de la Nación imputó al exgerente de la campaña ‘Petro Presidente 2022’ y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, como presunto responsable del delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales. Cargo no aceptado.

El hoy procesado, en ejercicio de su labor de dirección y gestión de los recursos y
movimientos de dinero, habría permitido que los gastos de campaña excedieran el techo fijado por la autoridad electoral para garantizar equidad y transparencia en el proceso.

No obstante, reportó en el aplicativo ‘Cuentas Claras’ y ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un balance contable de ingresos y egresos que aparentemente cumplía los requisitos de ley.

Los elementos materiales probatorios y la información legalmente obtenida dan cuenta de que en realidad se habrían superado en 1.388 millones de pesos los topes permitidos para la primera vuelta presidencial y en 276 millones de pesos el límite fijado para la segunda vuelta.

Los gastos que habrían excedido los topes estarían asociados a ruedas de prensa en hoteles, desayunos, préstamos, transporte, logística, alimentación, créditos para eventos de cierre de campaña, piezas publicitarias y aportes de un sindicato.

De igual manera, en el curso de la investigación orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción se conoció que desembolsos y costos generados en primera vuelta, al parecer, fueron reportados en los informes de segunda vuelta; y muchas de las inversiones de segunda, en los registros de primera vuelta.

*Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, mientras de desempeñó como juez laboral en Barranquilla (Atlántico), habría desconocido la decisión de un superior jerárquico y ordenado el desembolso de 1.697 millones de pesos en favor de un pensionado.

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra la magistrada del Tribunal Superior de Cartagena (Bolívar), Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, como presunta responsable de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.

La funcionaria, quien para la fecha de los hechos investigados se desempeñaba como juez laboral del circuito de Barranquilla (Atlántico), libró un mandamiento de pago por más de 1.697 millones de pesos en favor de un pensionado. Esta decisión, del 10 de julio de 2013, habría desconocido la normatividad vigente y las pruebas que daban cuenta de que las mesadas que sustentaban la determinación fueron desembolsadas de manera completa y oportuna.

Adicionalmente, la actuación judicial incrementó de manera injustificada el valor inicial de 571 millones de pesos que ella misma liquidó en un auto anterior del 24 de mayo de 2010, al incluir pagos realizados por el Instituto de Seguros Sociales (ISS) y adicionar intereses moratorios e indexación.

Esto, pese a que el Tribunal Superior de Barranquilla ordenó expresamente que el crédito debía establecerse en “cero” porque las obligaciones pensionales estaban cubiertas en su totalidad.

De acuerdo con la investigación orientada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, la decisión favoreció al accionante al permitir que se apropiara de dineros por concepto de mesadas que el ISS pagó a tiempo. Una situación que generó un detrimento patrimonial para el Estado.

*Una de las víctimas fue asesinada en una finca de Mesetas (Meta), luego de oponerse a integrar el grupo armado ilegal.

Elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que Cristian Camilo Olaya Jiménez, señalado integrante del autodenominado frente Ever Castro de las disidencias de las Farc, estaría implicado en acciones armadas contra firmantes del Acuerdo de Paz en el oriente del país.

Entre los hechos investigados está el homicidio de Yesid Octavio Morales, ocurrido el 13 de diciembre de 2024, en una finca de la vereda La Paz, en Mesetas (Meta).

Hombres armados llegaron al inmueble y obligaron a la víctima a salir para luego dispararle. El hoy procesado habría permanecido vigilando los alrededores de la casa para facilitar la ejecución del crimen.

En el curso de la investigación se conoció que, desde noviembre de 2023, estaría vinculado a una estructura armada que tendría injerencia en Mesetas, La Uribe, La Julia y La Macarena (Meta), y sería la responsable de intimidaciones y agresiones contra firmantes de paz.

Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Yesid Octavio Morales los delitos de concierto para delinquir; homicidio; y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.