*Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, mientras de desempeñó como juez laboral en Barranquilla (Atlántico), habría desconocido la decisión de un superior jerárquico y ordenado el desembolso de 1.697 millones de pesos en favor de un pensionado.

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra la magistrada del Tribunal Superior de Cartagena (Bolívar), Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, como presunta responsable de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.

La funcionaria, quien para la fecha de los hechos investigados se desempeñaba como juez laboral del circuito de Barranquilla (Atlántico), libró un mandamiento de pago por más de 1.697 millones de pesos en favor de un pensionado. Esta decisión, del 10 de julio de 2013, habría desconocido la normatividad vigente y las pruebas que daban cuenta de que las mesadas que sustentaban la determinación fueron desembolsadas de manera completa y oportuna.

Adicionalmente, la actuación judicial incrementó de manera injustificada el valor inicial de 571 millones de pesos que ella misma liquidó en un auto anterior del 24 de mayo de 2010, al incluir pagos realizados por el Instituto de Seguros Sociales (ISS) y adicionar intereses moratorios e indexación.

Esto, pese a que el Tribunal Superior de Barranquilla ordenó expresamente que el crédito debía establecerse en “cero” porque las obligaciones pensionales estaban cubiertas en su totalidad.

De acuerdo con la investigación orientada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, la decisión favoreció al accionante al permitir que se apropiara de dineros por concepto de mesadas que el ISS pagó a tiempo. Una situación que generó un detrimento patrimonial para el Estado.

*Una de las víctimas fue asesinada en una finca de Mesetas (Meta), luego de oponerse a integrar el grupo armado ilegal.

Elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que Cristian Camilo Olaya Jiménez, señalado integrante del autodenominado frente Ever Castro de las disidencias de las Farc, estaría implicado en acciones armadas contra firmantes del Acuerdo de Paz en el oriente del país.

Entre los hechos investigados está el homicidio de Yesid Octavio Morales, ocurrido el 13 de diciembre de 2024, en una finca de la vereda La Paz, en Mesetas (Meta).

Hombres armados llegaron al inmueble y obligaron a la víctima a salir para luego dispararle. El hoy procesado habría permanecido vigilando los alrededores de la casa para facilitar la ejecución del crimen.

En el curso de la investigación se conoció que, desde noviembre de 2023, estaría vinculado a una estructura armada que tendría injerencia en Mesetas, La Uribe, La Julia y La Macarena (Meta), y sería la responsable de intimidaciones y agresiones contra firmantes de paz.

Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Yesid Octavio Morales los delitos de concierto para delinquir; homicidio; y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

*Los procesados habrían exigido 80 millones de pesos para dejar en libertad a la víctima.

Edward Yesid Palencia Garavito y Javier Alexander Ortiz Amado, presuntos integrantes del grupo delincuencial trasnacional ‘Tren de Aragua’, serían los responsables del secuestro extorsivo y tortura de un comerciante venezolano en Norte de Santander, el pasado 29 de abril.

De acuerdo las evidencias en poder la Fiscalía General de la Nación, la víctima fue retenida en un inmueble del corregimiento de Urimaco, en San Cayetano; y posteriormente trasladada a una vivienda del barrio 20 de Julio, en Villa del Rosario, donde permaneció retenida.

Los elementos materiales probatorios indican que Palencia Garavito y Ortiz Amado habrían cumplido funciones de vigilancia y custodia del ciudadano extranjero, y exigido 80 millones de pesos por su liberación en medio de actos de tortura y otras conductas en contra de su integridad. Finalmente, el comerciante fue rescatado por unidades del Gaula de la Policía Nacional.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los dos hombres los delitos de secuestro extorsivo agravado y tortura, al tiempo que solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario, petición a la que accedió un juez penal de control de garantías.