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Formulan imputación a presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, por presunto tráfico de influencias

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El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, fue imputado este miércoles por la Fiscalía por el presunto delito de tráfico de influencias de servidor público, como parte de una investigación por la compra de un apartamento en Bogotá y su posible relación con contratos adjudicados por la petrolera estatal.

La imputación fue presentada ante el Juzgado 35 de control de garantías de Bogotá en una audiencia virtual en la que Roa, quien compareció acompañado de su defensa, no aceptó los cargos y se declaró inocente.

Según la Fiscalía, Roa puedo haber utilizado de manera indebida su posición como presidente de Ecopetrol, la mayor empresa de Colombia, para favorecer intereses particulares, presuntamente en beneficio del empresario y expolicía Juan Guillermo Mancera.

La investigación señala que, al parecer, la presunta influencia tiene que ver con decisiones y oportunidades de negocio en Hocol, una filial de Ecopetrol dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas.

El caso se centra en la compraventa de un apartamento en Bogotá que pertenecía a la empresa Princeton International Holding, vinculada al empresario del sector de hidrocarburos Serafino Iácono.

Para la Fiscalía, Mancera supuestamente actuó como intermediario y garante del pago en cuotas del inmueble, cuyo valor rondó los 1.800 millones de pesos (unos 460.000 dólares).

Las autoridades investigan si tras esa operación inmobiliaria empresas vinculadas a Mancera fueron favorecidas con contratos o negocios relacionados con Ecopetrol o sus filiales.

Roa, quien asumió la presidencia de Ecopetrol en abril de 2023, ha negado irregularidades y sostiene que la compra del inmueble se realizó con recursos propios y dentro de la legalidad.

Antes de ser nombrado presidente de Ecopetrol, Roa fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, cargo por el que también fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por haber violado los topes financieros de dicha campaña.

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Wadith Manzur se entregó a las autoridades tras decisión de la Corte Suprema de Justicia

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Contra el congresista conservador existe una orden de captura impartida por ese alto tribunal por presuntos delitos de corrupción.

Se entregó en el búnker de la Fiscalía en Bogotá el representante a la Cámara y senador electo Wadith Manzur, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

A través de su cuenta en X, Manzur, horas antes, aclaró que estaba a disposición de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dentro de la investigación por presunto cohecho impropio relacionado con el escándalo de corrupción en la UNGRD.

“Recibo con serenidad y absoluto respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Tengo plena tranquilidad frente a mis actuaciones y total disposición para atender cada requerimiento del alto tribunal; por eso me pongo a disposición de las autoridades”, indicó el senador.

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Corte Suprema ordena captura de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique por corrupción en UNGRD

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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó a los seis congresistas salpicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd). Deberán responder por el delito de cohecho impropio.

Además, ordenó la captura de los congresistas Wadith Manzur (Conservador) y Karen Manrique (Citrep), ambos reelegidos en las legislativas de este domingo.

Ambos buscaban repetir. Y lo lograron.

Manzur, parte del combo godopetrista que dio el salto al Senado, fue reelegido con 134.914 votos. Fue el séptimo más votado del país y el tercero de su partido.

El salto lo hizo de la mano de poderosos aliados, como el representante Ape Cuello en el Cesar y Juan Loreto Gómez en La Guajira.

Manrique, por su lado, consiguió la curul de paz por Arauca en la Cámara de Representantes con 5.640 votos.

El Congreso arrancaría con dos curules menos. Si de aquí al 20 de julio —cuando arranca la nueva legislatura— no hay cambios y siguen detenidos, se activará la figura de la silla vacía.

Eso significa que nadie podrá reemplazarlos. Los conservadores perderían una curul en el Senado y Arauca se quedaría sin su única curul de paz en la Cámara.

Los otros salpicados. Son Liliana Bitar (Conservador), Wadith Manzur (Conservador), Julián Peinado (Liberal), Karen Manrique (Citrep Arauca), Juan Pablo Gallo (Liberal) y Juan Diego Muñoz (Verde), quien renunció a su curul.

¿Qué dice la ponencia? Está a cargo del magistrado Misael Rodríguez y señala que las pruebas recogidas suponen que el grupo sí habría aceptado coimas a cambio de su voto positivo en la Comisión de Crédito Público. Según reportó Cambio, el exministro Bonilla y el exviceministro Diego Guevara habrían hecho esas promesas de contratos en la Ungrd.

Rodríguez ya había pedido en una ponencia en 2025 la captura de los cinco congresistas, pero la Sala no lo apoyó.

La ponencia tiene ahora más pruebas en su contra, según los reportes: de Sandra Ortiz, exalta consejera regional hoy presa por el escándalo; del exministro Luis Carlos Reyes; y de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
La prueba “reina” es el celular de María Alejandra Benavides, la exasesora de Bonilla.

Todos los políticos implicados dicen que no se robaron plata. Por ejemplo, Manzur aceptó que hizo una gestión, porque su labor es gestionar proyectos, para la Alcaldía de Cotorra, en Córdoba, su departamento, pero que el proyecto no prosperó.

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Tribunal aumentó pena a Diego Cadena: ahora pagará 8 años y 6 meses de prisión domiciliaria

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Así lo dio a conocer en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá aumentó a 8 años y 6 meses de prisión domiciliaria al abogado Diego Cadena por el delito de soborno en actuación penal por la relación con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para buscar una declaración en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Así mismo en la sentencia, de segunda instancia, deberá pagar una multa de 332.2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 7 años y 2 meses.

Hay que recordar que en septiembre de 2025 el Juzgado 3 de Conocimiento de Bogotá condenó a 7 años de prisión domiciliaria a Diego Cadena Ramírez. El despacho judicial le impuso una multa equivalente a 375 salarios mínimos mensuales legales e inhabilidad para ejercicio de derechos y funciones públicas por 84 meses.

Cadena ofreció dádivas al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que cambiara sus señalamientos contra el expresidente Uribe.

El abogado visitó a Monsalve en la cárcel La Picota en tres ocasiones en febrero de 2018. Los registros fílmicos de una de esas visitas, del 21 de febrero, corroboran la presencia de Cadena en el centro penitenciario.

De acuerdo con la decisión judicial, en febrero de 2018, Cadena Ramírez visitó en dos oportunidades a Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota de Bogotá, donde permanecía privado de la libertad.

En los encuentros le pidió cambiar una declaración rendida ante la Corte Suprema de Justicia y retractarse de sus señalamientos contra el expresidente y exsenador, Álvaro Uribe Vélez. A cambio, le ofreció una acción de revisión de la condena en su contra y la realización de trámites para su incorporación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

No obstante, el juez absolvió a Cadena «por duda razonable» del supuesto ofrecimiento de dinero a otro exparamilitar, Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, en 2017. Esta decisión se tomó porque la declaración de Vélez presentó «varias inconsistencias y contradicciones» que generaron desconfianza en la Corte.

Por esta investigación fue condenado por una juez de Bogotá a 12 años de prisión el expresidente Uribe, pero fue absuelto posteriormente por el Tribunal y el caso se encuentra en este momento en la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia a la espera que se pronuncie.

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