*Fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y a los sargentos segundo Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna, como posibles responsables de recibir dinero de una estructura del ‘Clan del Golfo’ en Antioquia a cambio de revelar información reservada sobre operativos y ubicación de tropas del Ejército Nacional.

Los tres uniformados, adscritos en su momento al Batallón Rifles de Caucasia (Antioquia) y al Batallón de Infantería de Selva N.º 48 ‘Prócer Manuel Rodríguez Torices’ con sede en el sur de Bolívar, habrían integrado una red delictiva señalada de obtener y suministrar datos sobre despliegues y acciones contra el grupo armado ilegal.

Dicha estructura delinquió entre enero de 2022 y febrero de 2025, con la intermediación de Teresa Jaramillo Giraldo, alias La Tía, condenada por estos hechos. En ese sentido, los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el 2 de enero de 2022, el entonces subteniente Bravo Olaya presuntamente recibió un millón de pesos, transferido por un militar retirado, para que posteriormente alertara sobre los desplazamientos de los uniformados a su cargo en inmediaciones de Ayapel (Córdoba).

De otra parte, Sicacha López es señalado de aceptar una promesa remuneratoria por compartir detalles sobre las operaciones en las que participaba; al igual que Henao Luna, quien estaría involucrado en la recepción de dinero por la entrega de datos privilegiados sobre los movimientos de los integrantes de la escuadra que comandaba, esto, luego de recibir una llamada de un suboficial retirado, el 14 de abril del 2022.

Los tres uniformados fueron capturados por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional en Cali (Valle del Cauca), el corregimiento Buenavista, en Distracción (La Guajira) y Yopal (Casanare). Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó, conforme a su posible participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado. Los cargos fueron aceptados por Sicacha López, quien deberá permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia. Entre tanto, los otros procesados recibieron medida de aseguramiento intramural.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a siete presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado Los Plumillas, señalado de apoderarse de motocicletas en Barranquilla (Atlántico) y municipios del área metropolitana.

De acuerdo con la investigación, se evidenció de ‘Los Plumillas’ se dedicaban al hurto de motocicletas mediante la modalidad de halado.

Sus integrantes, al parecer, utilizaban herramientas para forzar cerraduras y alterar lossistemas de encendido, y así, apoderarse de los vehículos.

Estas personas estarían vinculadas en 31 eventos delictivos, ocurridos entre 2025 y 2026, en Barranquilla y los municipios cercanos. En algunos casos, presuntamente, exigían dinero a las víctimas a cambio de devolver las motocicletas hurtadas.

Durante el desarrollo de ocho diligencias de allanamiento y registro, realizadas por la Policía Nacional, en Barranquilla, Soledad y Palmar de Varela (Atlántico), se lograron las capturas de Leider Manuel Ayala, Mauzel Geremis Molina Carrillo, Edwin Cano Muñoz, José de Jesús Mariano Barrios, Jhony Adalberto Gutiérrez Polo, Fabián Xavier Cano Muñoz y Ezneider Manuel Logreira Hernández.

Durante los procedimientosfueron incautados ocho teléfonos celulares y una motocicleta que presentaba alteraciones en sus sistemas de identificación.

Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Atlántico les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

Ninguno de los investigados aceptó los cargos.

En los próximos días definirá la solicitud de medida de aseguramiento.

*Otras tres mujeres habrían sufrido secuelas graves y afectaciones en su salud.

La Fiscalía General de la Nación judicializó al médico Gabriel Fernando Cubillos Valencia por su posible responsabilidad en la muerte de cuatro pacientes y las afectaciones causadas a otras tres personas luego de practicarse procedimientos estéticos en Bogotá.

La investigación, dirigida por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, permitió conocer que desde 2022 el galeno ofrecía servicios de cirugía plástica y reconstructiva a través de redes sociales.

Las publicaciones también ofertaban paquetes quirúrgicos que podían ascender en valor a los 80 millones de pesos, con la posibilidad de acceder a descuentos de hasta el 50%.

El profesional presuntamente solicitaba anticipos de tres millones de pesos para programar las intervenciones en diferentes centros médicos.

Algunas pacientes eran trasladadas posteriormente a inmuebles que, al parecer, no contaban con las adecuaciones y protocolos necesarios para el desarrollo de las actividades médicas.

En cuatro casos, las pacientes fallecieron por complicaciones posteriores a las cirugías. Los dictámenes medicolegales determinaron diferentes causas de muerte relacionadas con afectaciones derivadas de los procedimientos.

Además, fueron documentados casos en los que tres mujeres habrían sufrido secuelas graves en los cuerpos producto de malas prácticas.

Los elementos materiales probatorios también dan cuenta de consentimientos informados suscritos en blanco y de la inclusión, en algunas historias clínicas, de firmas de médicos especialistas que no habrían tenido contacto con las personas atendidas.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó al médico los delitos de homicidio en la modalidad de dolo eventual y lesiones personales.

El procesado no aceptó los cargos y continuará vinculado al proceso penal.