*Se les atribuyen delitos como falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal. 

Elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de irregularidades en la adjudicación del contrato 012 del 31 de diciembre de 2024, suscrito entre el Ministerio de Defensa y una empresa norteamericana, el cual ascendió a 32 millones de dólares y tenía por objeto el mantenimiento y suministro de repuestos para los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

En ese sentido, se conoció que el particular Carlos Martín Uribe Forero y el contratista James Lester Montgomerie se habrían concertado con el entonces viceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, Luis Edmundo Suárez Soto, para que la compañía extranjera se quedara con el contrato sin tener la idoneidad, experiencia, capacidad técnica y financiera para ejecutar las actividades encomendadas.

Para consolidar esta actividad ilegal presuntamente contaron con la intervención del exsecretario general, Hugo Alejandro Mora Tamaño, y el exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa, Herbert Arnulfo Buitrago Galán; y el excomandante de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional, coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte.

Los entonces funcionarios, al parecer, no adelantaron un proceso abierto y recurrieron a una contratación directa para adjudicar el contrato y realizaron una convocatoria directa, flexibilizaron requisitos habilitantes y extendieron plazos para la presentación de cotizaciones. Adicionalmente, son señalados de convocar reuniones de estructuración en busca de beneficiar al oferente, permitirle entregar información financiera y técnica no real, y modificar la forma de pago para girar 16 millones de dólares con el primer corte de ejecución, que correspondía al 50% del valor total del contrato.

Por lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra la corrupción radicó escrito de acusación contra los seis procesados, de acuerdo con su posible rol y grado de intervención, por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal. La audiencia de acusación se hará en la fecha y la hora establecidas por la Judicatura.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a siete presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado Los Plumillas, señalado de apoderarse de motocicletas en Barranquilla (Atlántico) y municipios del área metropolitana.

De acuerdo con la investigación, se evidenció de ‘Los Plumillas’ se dedicaban al hurto de motocicletas mediante la modalidad de halado.

Sus integrantes, al parecer, utilizaban herramientas para forzar cerraduras y alterar lossistemas de encendido, y así, apoderarse de los vehículos.

Estas personas estarían vinculadas en 31 eventos delictivos, ocurridos entre 2025 y 2026, en Barranquilla y los municipios cercanos. En algunos casos, presuntamente, exigían dinero a las víctimas a cambio de devolver las motocicletas hurtadas.

Durante el desarrollo de ocho diligencias de allanamiento y registro, realizadas por la Policía Nacional, en Barranquilla, Soledad y Palmar de Varela (Atlántico), se lograron las capturas de Leider Manuel Ayala, Mauzel Geremis Molina Carrillo, Edwin Cano Muñoz, José de Jesús Mariano Barrios, Jhony Adalberto Gutiérrez Polo, Fabián Xavier Cano Muñoz y Ezneider Manuel Logreira Hernández.

Durante los procedimientosfueron incautados ocho teléfonos celulares y una motocicleta que presentaba alteraciones en sus sistemas de identificación.

Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Atlántico les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

Ninguno de los investigados aceptó los cargos.

En los próximos días definirá la solicitud de medida de aseguramiento.

*Otras tres mujeres habrían sufrido secuelas graves y afectaciones en su salud.

La Fiscalía General de la Nación judicializó al médico Gabriel Fernando Cubillos Valencia por su posible responsabilidad en la muerte de cuatro pacientes y las afectaciones causadas a otras tres personas luego de practicarse procedimientos estéticos en Bogotá.

La investigación, dirigida por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, permitió conocer que desde 2022 el galeno ofrecía servicios de cirugía plástica y reconstructiva a través de redes sociales.

Las publicaciones también ofertaban paquetes quirúrgicos que podían ascender en valor a los 80 millones de pesos, con la posibilidad de acceder a descuentos de hasta el 50%.

El profesional presuntamente solicitaba anticipos de tres millones de pesos para programar las intervenciones en diferentes centros médicos.

Algunas pacientes eran trasladadas posteriormente a inmuebles que, al parecer, no contaban con las adecuaciones y protocolos necesarios para el desarrollo de las actividades médicas.

En cuatro casos, las pacientes fallecieron por complicaciones posteriores a las cirugías. Los dictámenes medicolegales determinaron diferentes causas de muerte relacionadas con afectaciones derivadas de los procedimientos.

Además, fueron documentados casos en los que tres mujeres habrían sufrido secuelas graves en los cuerpos producto de malas prácticas.

Los elementos materiales probatorios también dan cuenta de consentimientos informados suscritos en blanco y de la inclusión, en algunas historias clínicas, de firmas de médicos especialistas que no habrían tenido contacto con las personas atendidas.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó al médico los delitos de homicidio en la modalidad de dolo eventual y lesiones personales.

El procesado no aceptó los cargos y continuará vinculado al proceso penal.