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Falleció el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

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Después de luchar dos meses y tres días por su vida, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció en la Fundación Santa Fe de Bogotá, confirmó en su cuenta de X el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”, escribió Uribe Vélez en su cuenta de X.

El pasado sábado 9 de agosto, la clínica había confirmado que «en las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”.

Señaló que el político del Centro Democrático seguía con manejo integral y multidisciplinario en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El 7 de agosto, cuando se cumplieron dos meses del atentado, María Claudia Tarazona, esposa de Uribe, había dicho «gracias Dios, ayúdame más. Amor lindo, me haces una falta tan grande que se me desgarra el alma».

¿Cómo sucedió el atentado?

Miguel Uribe Turbay, de 39 años, lideraba el pasado 7 de junio una reunión política con vecinos del barrio Modelia en la localidad de Fontibón, cuando fue alcanzado por los impactos de arma de fuego de un sicario menor de edad que posteriormente fue capturado por la seguridad del precandidato.

Desde su hospitalización, consecutivamente, la Fundación emitió comunicados en los que reiteró la extrema gravedad del estado de salud del político, sin embargo, había informado de una mejoría, como por ejemplo el 14 de julio, cuando indicó que «el paciente ha mostrado una respuesta clínica favorable y estable, evidenciada tanto en las recientes imágenes diagnósticas realizadas como en su respuesta a las intervenciones quirúrgicas y médicas».

Además del menor de edad, también fueron capturadas por este hecho la barranquillera Katerine Andrea Martínez Martínez, William Fernando González Cruz, Carlos Eduardo Mora, Cristian Camilo González Ardila y Elder José Arteaga, alias ‘El Costeño’, presunto coordinador del crimen.

Otro menor de edad también se había presentado ante la justicia por este caso, para supuestamente entregar información. Sin embargo, a los pocos días huyó.

Miguel Uribe, nieto de Julio Cesar Turbay Ayala (Presidente de la República en el periodo 1978-1982), era precandidato del Centro Democrático, partido que mediante el mecanismo de la consulta elegirá un candidato para las presidenciales de 2026.

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Liberaron a hijo de ex alcalde de Tame, Arauca, tras cinco días de secuestro

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*La liberación se realizó a través de una comisión humanitaria, que facilitó el encuentro en un punto acordado previamente,

En un nuevo hecho relacionado con la situación de orden público en el departamento de Arauca, el Ejército de Liberación Nacional dejó en libertad a Iván Alfredo Guzmán, hijo del exalcalde de Tame Alfredo Guzmán, quien había sido secuestrado el pasado lunes 25 de mayo.

Junto a él también fue liberado Plácido Ovallos Rangel, según confirmaron fuentes de la zona.

Ambos ciudadanos permanecían en poder de esa guerrilla y su entrega se produjo en medio de un proceso de mediación.

Las liberaciones se realizaron a través de una comisión humanitaria, que facilitó el encuentro en un punto acordado previamente, en medio de la tensión que persiste en varias zonas rurales del departamento.

Cabe recordar que, recién el pasado jueves, el ELN se había atribuidoel secuestro de Iván Alfredo Guzmán Valcárcel.

En esa oportunidad, el grupo armado ilegal señaló que Guzmán Valcárcel fue secuestrado el pasado lunes, hacia las 3:30 de la mañana, en el casco urbano del municipio de Tame, en medio de lo que denominó acciones de “control territorial”.

“Al señor Guzmán se le está llevando el debido proceso y, en los próximos días, será entregado ante organismos humanitarios”, había adelantado el mismo grupo ilegal por medio de un comunicado sobre la situación de Guzmán, quien es estudiante de Derecho y trabaja en instalaciones de la Contraloría General en Bogotá.

Según las primeras versiones, él había viajado al municipio para visitar a sus padres cuando ocurrió el hecho.

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Comunidad indígena se desplaza por guerra entre alias ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’

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*Ambos grupos se disputan las rutas del narcotráfico, los corredores de movilidad entre los departamentos de Meta y Guaviare y el control social de la región.

El desplazamiento forzado en el sur de Colombia no da tregua y, una vez más, el pueblo indígena Jiw se encuentra en el centro de una crisis humanitaria. En las últimas semanas, decenas de familias se han visto obligadas a abandonar sus territorios ancestrales en el municipio de Mapiripán (Meta) para buscar refugio en San José del Guaviare.

Las razones de este éxodo masivo están ligadas a la guerra territorial que libran dos facciones de las disidencias de las Farc: la estructura de alias ‘Iván Mordisco’ y las fuerzas comandadas por alias ‘Calarcá’.

Ambos grupos se disputan las rutas del narcotráfico, los corredores de movilidad entre los departamentos de Meta y Guaviare y el control social de la región.

Según la denuncia de una lideresa de la comunidad, quien habló bajo estricta reserva de su identidad para proteger su vida, el miedo a ser asesinados o reclutados los ha obligado a dejar su territorio.

“Nosotros salimos por el temor. Ya estamos quedando poquitas familias porque todos están desaparecidos. Los que se han llevado nunca aparecen, nunca sabemos noticias de ellos”, señaló la líder.

La denuncia pública de la comunidad Jiw apunta a una estrategia de terror por parte de los grupos armados ilegales que delinquen en la zona. El reclutamiento forzado de jóvenes y menores de edad se ha convertido en la principal amenaza para la supervivencia cultural y física de este pueblo indígena.

De acuerdo con el testimonio, aquellos jóvenes que caen en manos de los grupos armados ilegales desaparecen por completo, dejando a sus familias en una dolorosa incertidumbre. A esto se suman las constantes ejecuciones y homicidios selectivos que se registran en las diferentes zonas del sur del Meta y Guaviare, lo que ha desatado el desplazamiento masivo de estas familias.

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Mujeres denuncian acoso sexual durante exámenes de ingreso al Ejército, en Popayán

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*Según la denuncia, los hechos sucedieron el pasado 14 y 15 de mayo.

Un grupo de mujeres denunció haber sufrido acoso sexual durante los exámenes médicos para ingresar al Ejército colombiano, en Popayán, mientras que la institución castrense, anunció este jueves la apertura de una investigación sobre el caso.

Según la denuncia, los hechos sucedieron el pasado 14 y 15 de mayo cuando el médico que hacía las revisiones físicas presuntamente realizó toques indebidos a las mujeres que cumplían con el procedimiento para el segundo ingreso del año a la institución.

Las aspirantes, que ingresaron de manera individual al consultorio, tuvieron que hacer sentadillas y flexiones de pecho, momento en el que el médico hizo toques en los senos sin explicar los motivos ni pedir consentimiento, según declaraciones de algunas afectadas recogidas por la revista Semana.

Las denunciantes explicaron que el procedimiento siguió con una revisión abdominal en la que se pidió a las mujeres bajarse la ropa interior hasta las rodillas y ponerse en posición fetal para que el doctor hiciera una inspección manual en los genitales.

Frente a estas denuncias, el Comando de Reclutamiento y Control de Reservas de la Dirección de Reclutamiento del Ejército aseguró este jueves que iniciará una investigación sobre el caso.

«La Dirección de Reclutamiento tiene plena disposición con las autoridades competentes para efectuar la verificación e investigación que se adelanta, suministrando toda la información requerida para el esclarecimiento de los hechos», informó la entidad.

Según el Ejército, los exámenes médicos de ingreso que se realizan «siguen criterios técnicos y clínicos orientados a determinar las condiciones psicofísicas requeridas para la prestación del servicio militar».

Este procedimiento «se fundamenta en principios de transparencia, legalidad, respeto, trato digno y protección de los derechos humanos», por lo que la institución rechazó cualquier denuncia sobre vulneración de derechos.

«El Ejército Nacional rechaza categóricamente cualquier conducta que atente contra la integridad, la dignidad o los derechos de los ciudadanos que participan en los procesos de incorporación», expuso en el comunicado.

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