*El procesado, señalado de integrar el grupo delincuencial El Mesa, habría conducido el vehículo en el que la víctima fue retenida el 4 de abril de 2022.

Por su presunta participación en la desaparición de un ingeniero forestal ocurrida el 4 de abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia (Antioquia), la Fiscalía General de la Nación judicializó a Weimar Alexander Castillo, alias 300.

Los elementos materiales probatorios indican que el procesado, presunto integrante del grupo delincuencial El Mesa, habría participado en la retención de la víctima junto con otros hombres armados y conducido la camioneta que le obligaron a abordar.

El día de los hechos, el ingeniero, quien realizaba labores ambientales en el municipio, salió del hotel donde se hospedaba para desayunar. En ese momento, presuntamente fue interceptado, intimidado con armas de fuego, golpeado y obligado a subir al vehículo.

La investigación permitió establecer que la víctima fue trasladada a una vivienda, donde fue vista con lesiones en el rostro y amarrada de las manos.

Posteriormente, fue llevada en un automotor hacia las afueras del municipio. Desde entonces, se desconoce su paradero.

La Fiscalía le imputó a alias 300 el delito de desaparición forzada. El procesado no aceptó el cargo y, por disposición de una juez de control de garantías, le fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Por este mismo caso, ya han sido judicializadas
otras dos personas.

La captura fue realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar, en Bello (Antioquia).

*Alias Sombra habría ordenado labores de inteligencia contra la Fuerza Pública y coordinado acciones armadas en Caloto y Toribio.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a John Heider Troches Mestizo, alias Iván o Sombra, presunto cabecilla de las milicias del frente Dagoberto Ramos Ortiz de las disidencias de las Farc, con injerencia delictiva en Caloto y Toribío (Cauca).

La investigación permitió establecer que, desde 2021, presuntamente hizo parte esa estructura armada ilegal y coordinó el cobro de rentas ilícitas a cultivadores y transportadores de marihuana.

Asimismo, habría ejercido control sobre corredores utilizados para el tráfico de estupefacientes, realizado labores de inteligencia contra la Fuerza Pública, impartido instrucciones a otros integrantes de la organización y participado en la instalación de artefactos explosivos, hostigamientos armados y otras acciones ofensivas ordenadas por el grupo ilegal.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los cargos no fueron aceptados.

Por decisión de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La captura fue realizada por tropas del Ejército Nacional en el corregimiento El Palo, de Caloto (Cauca). En el procedimiento, el procesado tendría en su poder armas de fuego, proveedores y munición sin autorización de la autoridad competente. Además, fueron incautados 7.800 gramos de marihuana distribuidos en paquetes para su comercialización al menudeo.

*La víctima, de cuatro años, habría sido sometida a los abusos mientras permanecía bajo el cuidado del procesado.

La Fiscalía General de la Nación presentó elementos materiales probatorios que dejaron en evidencia la presunta responsabilidad de un hombre en delitos sexuales cometidos contra su hijastra, quien para la época de los hechos tenía 4 años.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2014 y 2015 en Valledupar (Cesar). El hoy procesado, de 43 años, al parecer, aprovechó la cercanía que tenía con la víctima y los momentos en que permanecía bajo su cuidado para agredirla.

Los hechos quedaron al descubierto después de que la víctima presentó cambios en su comportamiento que podrían ser indicativos de una posible situación de abuso sexual. Por lo anterior, una fiscal de la Unidad de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años. El procesado no aceptó los cargos.