*La víctima, de cuatro años, habría sido sometida a los abusos mientras permanecía bajo el cuidado del procesado.

La Fiscalía General de la Nación presentó elementos materiales probatorios que dejaron en evidencia la presunta responsabilidad de un hombre en delitos sexuales cometidos contra su hijastra, quien para la época de los hechos tenía 4 años.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2014 y 2015 en Valledupar (Cesar). El hoy procesado, de 43 años, al parecer, aprovechó la cercanía que tenía con la víctima y los momentos en que permanecía bajo su cuidado para agredirla.

Los hechos quedaron al descubierto después de que la víctima presentó cambios en su comportamiento que podrían ser indicativos de una posible situación de abuso sexual. Por lo anterior, una fiscal de la Unidad de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años. El procesado no aceptó los cargos.

*Bienes avaluados en cerca de 18.000 millones de pesos pasarán al Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 18 inmuebles que conformaron el denominado ‘Parqueadero Padilla’, avaluados en cerca de 18.000 millones de pesos.

El predio original fue objeto de una división material que dio origen a 18 inmuebles independientes. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) materializaron las medidas cautelares decretadas sobre los bienes y fueron puestos a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Los predios corresponden al lugar en el que, el 30 de abril de 1998, investigadores del CTI realizaron un allanamiento en busca de un sitio donde, presuntamente, se fabricaban uniformes para grupos paramilitares.

Durante la diligencia fueron hallados documentos, registros contables y equipos informáticos que evidenciaron la existencia de un centro financiero y logístico de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).

Asimismo, se determinó que ese centro financiero y logístico habría sido dirigido por Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’, señalado como uno de los hombres de confianza de los hermanos Castaño Gil.

*Luis Arnulfo Tuberquia, excomandante del Bloque Noroccidental de las Autodefensas Unidas de Colombia fue determinador de los crímenes perpetrados entre 1996 y 2005.

La investigación adelantada por una fiscal especializada contra las violaciones a los derechos humanos permitió establecer la actuación criminal de Luis Arnulfo Tuberquia, conocido con el alias de ‘Memín’, cuando era comandante del Bloque Noroccidental de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en hechos de violencia perpetrados entre noviembre de 1996 y septiembre de 2005 contra población campesina, comerciantes, finqueros, líderes sociales en los municipios de San Jerónimo y Ebéjico, Antioquia.

En diligencia de formulación de cargos, el exparamilitar aceptó su responsabilidad en 167 hechos delictivos, 123 ocurridos en San Jerónimo y 44 en Ebéjico. Entre ellos están los homicidios del exalcalde de Santa Fe de Antioquia y excandidato a la Cámara de
Representantes William de Jesús Rivera Brand; del concejal de San Jerónimo Jaime Arturo Ramírez Arboleda; y del líder comunitario José Milagros Mena Gil.

También reconoció el reclutamiento de un adolescente de 17 años, la violencia sexual contra su madre y su hermana, y el desplazamiento forzado de esa familia en zona rural de Ebéjico.

El procesado se acogió a sentencia anticipada por 109 homicidios en persona protegida; 16 desapariciones forzadas; 11 desplazamientos forzados; 9 torturas en persona protegida; 5 secuestros simples agravados; 4 casos de acceso carnal violento en persona protegida; 2 lesiones en persona protegida; 11 hurtos calificados y agravados; además de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Militares, y utilización ilegal de uniformes e insignias.

La presente investigación corresponde a una estrategia para la terminación anticipada de procesos de Ley 600 contra integrantes de las AUC, continuará ante un juez especializado, que será el encargado de emitir la sentencia correspondiente.