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Deuda de las EPS con los hospitales públicos pasó de $12,5 billones a $16,28 billones

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Un informe de la Contraloría General de la República reveló que la deuda de las EPS con los hospitales públicos pasó de $12,5 billones a $16,28 billones entre enero y septiembre de 2025. La reducción en el flujo de recursos frente a la facturación y las dificultades de conciliación de cartera concentran la atención de los entes de control y del gremio hospitalario.

La Contraloría General de la República presentó un informe en el que evidencia el crecimiento de las deudas de las EPS con los hospitales públicos del país. De acuerdo con el documento, entre enero y septiembre de 2025 la cartera pasó de $12,5 billones a $16,28 billones, lo que representa un aumento cercano a $4 billones y un incremento del 30 % en solo nueve meses.

Julián Niño, contralor delegado para el sector salud, explicó que la información analizada proviene, entre otras fuentes, de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), gremio que agrupa a más del 50 % de estas instituciones.

Según el funcionario, en el listado de mayores deudores aparece de manera recurrente la EPS más grande del país, responsable de la atención de más de 11 millones de afiliados, seguida por otras entidades como Avia Salud, Emsanar, Asmet Salud y Comparta, esta última ya liquidada.

Niño indicó que, por el peso que tiene en el sistema, la Nueva EPS concentra una parte importante de la cartera reportada y señaló que la Contraloría realizará una aproximación adicional con la Superintendencia Nacional de Salud para revisar el comportamiento del resto de las EPS en materia de deuda. Frente a las causas del incremento, el contralor delegado explicó que el informe evidencia una disminución en el flujo de recursos frente a la facturación de los hospitales.

Como ejemplo, detalló que en 2024 los hospitales públicos facturaron $18,8 billones y recibieron pagos por $15,7 billones, equivalentes al 84 % de lo facturado, lo que dejó un rezago del 16 %. En contraste, entre enero y septiembre de 2025 la facturación fue cercana a $16,3 billones, pero los pagos alcanzaron solo $12,6 billones, lo que redujo el giro al 77 % y dejó un faltante del 23 %. Según la Contraloría, esta brecha impacta directamente la operación de las Empresas Sociales del Estado y las decisiones administrativas que deben tomar sus gerentes

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Nacionalidad estadounidense de Abelardo De La Espriella sería «incompatible» con la Presidencia

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Un grupo de exmagistrados de altas cortes emitió un comunicado cuestionando la candidatura por el juramento que hizo en ese país.

Un grupo de 20 exmagistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, cuestionó en las últimas horas la candidatura de Abelardo De La Espriella y advirtieron que su nacionalidad estadounidense sería «incompatible» con la Presidencia de la República.

Recordemos que el abogado tiene tres nacionalidades: colombiana, italiana y estadounidense.

En la carta firmada por los exmagistrados, la nacionalidad italiana «no suscita ningún problema jurídico para sus aspiraciones presidenciales, por cuanto la Constitución permite que un presidente colombiano tenga doble nacionalidad y la nacionalidad italiana no implica obligaciones hacia ese país incompatibles con la función presidencial en Colombia».

Eso sí, en el documento precisan y aclaran que la ley colombiana no establece que una doble nacionalidad impida que una persona ocupe la Presidencia de la República.

De hecho, el Presidente Gustavo Petro también tiene nacionalidad italiana.

«Sin embargo, es posible que la adquisición de una nacionalidad específica genere una incompatibilidad con el cargo de presidente, no por la doble nacionalidad en sí, sino por los eventuales compromisos que pueda implicar esta nueva nacionalidad», advirtieron.

Puntualizaron que podría haber «conflictos de lealtad nacional».

«El ciudadano De la Espriella tuvo que hacer el siguiente juramento: ‘Por la presente declaro, bajo juramento, que renuncio absoluta y enteramente y abjuro de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera, de quien o de los que hasta ahora he sido súbdito o ciudadano; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales (…)’», argumentaron.

«Consideramos que una persona nacionalizada estadounidense no puede ocupar la presidencia de Colombia, no porque tenga formalmente doble nacionalidad sino por las exigencias impuestas por ese país para adquirir su nacionalidad, que son incompatibles con la función presidencial en Colombia», agregaron.

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Así delinquían ‘Los Náuticos’, red que traía armas desde EE.UU para Clan del Golfo en Colombia

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*Nueve personas fueron capturadas en una operación simultánea desarrollada en cinco departamentos. Las autoridades establecieron que la organización movilizó armamento ilegal avaluado en más de $1.300 millones.

En una operación coordinada entre la Dijin de la Policía y la Fiscalía, las autoridades desarticularon la estructura criminal conocida como ‘Los Náuticos’, señalada de importar armas de fuego y municiones desde Estados Unidos para abastecer a organizaciones criminales que delinquen en Antioquia y otras regiones del país.

El operativo permitió la captura de nueve integrantes de la red mediante diligencias de allanamiento y registro realizadas de manera simultánea en los departamentos de La Guajira, Antioquia, Córdoba, Caldas y Putumayo. Según las investigaciones, que se extendieron durante cerca de un año, la organización adquiría material bélico de forma fraudulenta en territorio estadounidense y lo transportaba por vía marítima hasta las costas de La Guajira, desde donde era ingresado ilegalmente al país.

De acuerdo con la Dijin, la estructura utilizaba empresas legalmente constituidas, especialmente academias de tiro deportivo, para encubrir el desvío de grandes cantidades de munición y armamento.

Las autoridades establecieron que el material terminaba en manos de grupos delincuenciales como ‘El Mesa’, ‘Pachelly’ y ‘Los Triana’, además de estructuras asociadas al Clan del Golfo.

Durante la investigación se determinó que ‘Los Náuticos’ traficaron más de 80 armas de fuego de alto calibre, entre ellas fusiles de asalto y pistolas de marcas reconocidas como Glock, Smith & Wesson y Sig Sauer, así como cerca de 12.000 cartuchos. El valor estimado de este arsenal en el mercado ilegal superaría los 1.332 millones de pesos.

En los procedimientos fueron incautadas 11 armas de fuego, 555 cartuchos de distintos calibres, dos miras telescópicas, cuatro tarros de pólvora, nueve teléfonos celulares, más de 30 millones de pesos en efectivo, 2.285 dólares y 30 euros.

Adicionalmente, en inspecciones realizadas en Medellín fueron decomisadas otras siete armas de fuego y se iniciaron procesos administrativos por posibles irregularidades relacionadas con servicios de vigilancia y seguridad privada.

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Asesinan a contratista de la Alcaldía de Suárez, Cauca: meses atrás había sido secuestrada

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*Trabajaba como reguladora de tránsito y hacía parte de la Defensa Civil.

En el municipio de Suárez, Cauca, fue asesinada una funcionaria de la Alcaldía, identificada como Adriana Agredo, contratista que laboraba como reguladora de tránsito y era parte de la Defensa Civil Colombiana.

El crimen de la funcionaria fue confirmado por la Alcaldía municipal.

“La Administración Municipal de Suárez rechaza de manera contundente los hechos de violencia que siguen arrebatando vidas y sembrando dolor en nuestro territorio. Con profundo pesar lamentamos el asesinato de Adriana Agredo, contratista de la Administración Municipal, reguladora de tránsito e integrante de la Defensa Civil Colombiana, una mujer que dedicó su tiempo, esfuerzo y vocación al servicio de la comunidad suareña”, indicó la Alcaldía en un comunicado.

Expresaron su solidaridad y acompañamiento a sus hijos, familiares, amigos, compañeros de trabajo e integrantes de la Defensa Civil en este difícil momento.

Adriana Agredo fue secuestrada el pasado 23 de enero y permaneció retenida durante 20 días por desconocidos que después la dejaron en libertad en el mes de febrero, por presión de la comunidad.

Las autoridades investigan si su secuestro y posterior asesinato tendrían alguna relación.

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