Un informe de la Contraloría General de la República reveló que la deuda de las EPS con los hospitales públicos pasó de $12,5 billones a $16,28 billones entre enero y septiembre de 2025. La reducción en el flujo de recursos frente a la facturación y las dificultades de conciliación de cartera concentran la atención de los entes de control y del gremio hospitalario.
La Contraloría General de la República presentó un informe en el que evidencia el crecimiento de las deudas de las EPS con los hospitales públicos del país. De acuerdo con el documento, entre enero y septiembre de 2025 la cartera pasó de $12,5 billones a $16,28 billones, lo que representa un aumento cercano a $4 billones y un incremento del 30 % en solo nueve meses.
Julián Niño, contralor delegado para el sector salud, explicó que la información analizada proviene, entre otras fuentes, de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), gremio que agrupa a más del 50 % de estas instituciones.
Según el funcionario, en el listado de mayores deudores aparece de manera recurrente la EPS más grande del país, responsable de la atención de más de 11 millones de afiliados, seguida por otras entidades como Avia Salud, Emsanar, Asmet Salud y Comparta, esta última ya liquidada.
Niño indicó que, por el peso que tiene en el sistema, la Nueva EPS concentra una parte importante de la cartera reportada y señaló que la Contraloría realizará una aproximación adicional con la Superintendencia Nacional de Salud para revisar el comportamiento del resto de las EPS en materia de deuda. Frente a las causas del incremento, el contralor delegado explicó que el informe evidencia una disminución en el flujo de recursos frente a la facturación de los hospitales.
Como ejemplo, detalló que en 2024 los hospitales públicos facturaron $18,8 billones y recibieron pagos por $15,7 billones, equivalentes al 84 % de lo facturado, lo que dejó un rezago del 16 %. En contraste, entre enero y septiembre de 2025 la facturación fue cercana a $16,3 billones, pero los pagos alcanzaron solo $12,6 billones, lo que redujo el giro al 77 % y dejó un faltante del 23 %. Según la Contraloría, esta brecha impacta directamente la operación de las Empresas Sociales del Estado y las decisiones administrativas que deben tomar sus gerentes
