*Se les atribuyen delitos como falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal. 

Elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de irregularidades en la adjudicación del contrato 012 del 31 de diciembre de 2024, suscrito entre el Ministerio de Defensa y una empresa norteamericana, el cual ascendió a 32 millones de dólares y tenía por objeto el mantenimiento y suministro de repuestos para los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

En ese sentido, se conoció que el particular Carlos Martín Uribe Forero y el contratista James Lester Montgomerie se habrían concertado con el entonces viceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, Luis Edmundo Suárez Soto, para que la compañía extranjera se quedara con el contrato sin tener la idoneidad, experiencia, capacidad técnica y financiera para ejecutar las actividades encomendadas.

Para consolidar esta actividad ilegal presuntamente contaron con la intervención del exsecretario general, Hugo Alejandro Mora Tamaño, y el exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa, Herbert Arnulfo Buitrago Galán; y el excomandante de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional, coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte.

Los entonces funcionarios, al parecer, no adelantaron un proceso abierto y recurrieron a una contratación directa para adjudicar el contrato y realizaron una convocatoria directa, flexibilizaron requisitos habilitantes y extendieron plazos para la presentación de cotizaciones. Adicionalmente, son señalados de convocar reuniones de estructuración en busca de beneficiar al oferente, permitirle entregar información financiera y técnica no real, y modificar la forma de pago para girar 16 millones de dólares con el primer corte de ejecución, que correspondía al 50% del valor total del contrato.

Por lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra la corrupción radicó escrito de acusación contra los seis procesados, de acuerdo con su posible rol y grado de intervención, por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal. La audiencia de acusación se hará en la fecha y la hora establecidas por la Judicatura.

*Fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y a los sargentos segundo Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna, como posibles responsables de recibir dinero de una estructura del ‘Clan del Golfo’ en Antioquia a cambio de revelar información reservada sobre operativos y ubicación de tropas del Ejército Nacional.

Los tres uniformados, adscritos en su momento al Batallón Rifles de Caucasia (Antioquia) y al Batallón de Infantería de Selva N.º 48 ‘Prócer Manuel Rodríguez Torices’ con sede en el sur de Bolívar, habrían integrado una red delictiva señalada de obtener y suministrar datos sobre despliegues y acciones contra el grupo armado ilegal.

Dicha estructura delinquió entre enero de 2022 y febrero de 2025, con la intermediación de Teresa Jaramillo Giraldo, alias La Tía, condenada por estos hechos. En ese sentido, los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el 2 de enero de 2022, el entonces subteniente Bravo Olaya presuntamente recibió un millón de pesos, transferido por un militar retirado, para que posteriormente alertara sobre los desplazamientos de los uniformados a su cargo en inmediaciones de Ayapel (Córdoba).

De otra parte, Sicacha López es señalado de aceptar una promesa remuneratoria por compartir detalles sobre las operaciones en las que participaba; al igual que Henao Luna, quien estaría involucrado en la recepción de dinero por la entrega de datos privilegiados sobre los movimientos de los integrantes de la escuadra que comandaba, esto, luego de recibir una llamada de un suboficial retirado, el 14 de abril del 2022.

Los tres uniformados fueron capturados por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional en Cali (Valle del Cauca), el corregimiento Buenavista, en Distracción (La Guajira) y Yopal (Casanare). Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó, conforme a su posible participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado. Los cargos fueron aceptados por Sicacha López, quien deberá permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia. Entre tanto, los otros procesados recibieron medida de aseguramiento intramural.

*Otras tres mujeres habrían sufrido secuelas graves y afectaciones en su salud.

La Fiscalía General de la Nación judicializó al médico Gabriel Fernando Cubillos Valencia por su posible responsabilidad en la muerte de cuatro pacientes y las afectaciones causadas a otras tres personas luego de practicarse procedimientos estéticos en Bogotá.

La investigación, dirigida por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, permitió conocer que desde 2022 el galeno ofrecía servicios de cirugía plástica y reconstructiva a través de redes sociales.

Las publicaciones también ofertaban paquetes quirúrgicos que podían ascender en valor a los 80 millones de pesos, con la posibilidad de acceder a descuentos de hasta el 50%.

El profesional presuntamente solicitaba anticipos de tres millones de pesos para programar las intervenciones en diferentes centros médicos.

Algunas pacientes eran trasladadas posteriormente a inmuebles que, al parecer, no contaban con las adecuaciones y protocolos necesarios para el desarrollo de las actividades médicas.

En cuatro casos, las pacientes fallecieron por complicaciones posteriores a las cirugías. Los dictámenes medicolegales determinaron diferentes causas de muerte relacionadas con afectaciones derivadas de los procedimientos.

Además, fueron documentados casos en los que tres mujeres habrían sufrido secuelas graves en los cuerpos producto de malas prácticas.

Los elementos materiales probatorios también dan cuenta de consentimientos informados suscritos en blanco y de la inclusión, en algunas historias clínicas, de firmas de médicos especialistas que no habrían tenido contacto con las personas atendidas.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó al médico los delitos de homicidio en la modalidad de dolo eventual y lesiones personales.

El procesado no aceptó los cargos y continuará vinculado al proceso penal.