*La extinción de dominio afecta a 7 inmuebles, 5 vehículos, 2 sociedades y una establecimiento de comercio. Los bienes están avaluados en más de 3.600 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 15 bienes que estarían vinculados con actividades ilícitas de una organización criminal conocida como Los Carboneros, dedicada al narcotráfico, lavado de activos y enriquecimiento ilícito desde 2019.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, esta red habría utilizado pistas clandestinas ubicadas en Colombia, Venezuela y Brasil para enviar aeronaves con cargamentos de cocaína, con destino a Norteamérica, Centroamérica y Europa.

Su centro logístico principal estaría en Bogotá, con presencia operacional en Meta, Boyacá, Norte de Santander, Antioquia y Amazonas.

Entre los bienes afectados se encuentran 7 inmuebles urbanos y rurales ubicados en Bogotá, Villavicencio (Meta), Maripí (Boyacá) y Cúcuta (Norte de Santander); 5 camionetas de alta gama y un motocarro.

Además, dos sociedades, una de ellas vinculada al comercio de chatarra y recuperación de materiales. Estas últimas serían utilizadas para ocultar recursos de origen ilícito. Todos los bienes están avaluados en más de 3.600 millones de pesos.

Por estos hechos, la Dirección Especializada contra de Lavado de Activos judicializó a tres personas como presuntos articuladores de la organización delincuencial. Todos fueron asegurados en centros carcelarios.

La Fiscalía general de la Nación acusó formalmente a Juan José Benavides Velasco de los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos como uno de los presuntos articuladores de la criptomoneda colombiana Daily Cop.

Según el ente investigador, Benavides sería el cerebro de la millonaria operación de lavado de activos que se concretó en Colombia entre 2019 y 2022, mediante inversiones realizadas por decenas de personas.

«Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos evidenció que entre 2019 y 2022 un grupo de personas tanto naturales como jurídicas que dirigía Benavides Velasco se concertaron para realizar actividades ilícitas que les permitieron blanquear más de $126.702 millones», aseguró el ente acusador.

La promesa era dar un rendimiento del 0,5 y el 12 % sobre el monto total de las inversiones sumado a la difusión de la moneda digital en vallas publicitarias, eventos masivos, entre otros, le dieron a los ciudadanos confianza para creer en la divisa virtual.

La Fiscalía identificó hasta el momento 150 víctimas, las cuales habrían sido defraudadas en por lo menos $8.000 millones.

El ente acusador determinó que Benavides Velasco, al parecer, adquirió en 2022 con parte de los dineros captados un lujoso inmueble y un vehículo de alta gama, bienes que no podría conseguir con sus ingresos.

*Fueron judicializados cuatro presuntos integrantes, entre los que se encuentra un teniente del Ejército Nacional, quien habría entregado información reservada sobre operaciones en contra de cabecillas de una subestructura.

La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el actuar ilícito de una red al servicio de las disidencias de las Farc, de la que harían parte integrantes del Ejército Nacional, que estarían entregando información reservada sobre operativos de las Fuerzas Militares.

En una acción judicial liderada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, en articulación con la Policía Nacional, se realizaron diligencias de registro y allanamiento en Sogamoso (Boyacá) y Villavicencio (Meta), que permitieron la captura de cuatro presuntos integrantes de la red de apoyo.

Se trata de Néstor Orlando Ricaurte Nossa, Otoniel Forero Mosquera, Jhon Alexander Ortiz Sánchez y Juan Sebastián Tangua Corzo, teniente activo del Ejército Nacional.

A estas personas, de acuerdo con su grado de responsabilidad, se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo, cohecho propio, lavado de activos; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos y por disposición de un juez de control de garantías les fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

De acuerdo con la investigación adelantada, el teniente Tangua Corzo habría entregado información reservada y confidencial a los cabecillas de la subestructura 28 (también conocido como ‘José María Córdoba’) a través de canales digitales, a cambio de beneficios económicos.

El oficial sería un colaborador directo de uno de los cabecillas de dicha estructura criminal, e incluso habría facilitado la entrega de material bélico y apoyado la recuperación de armas en operaciones militares.

Por su parte, Ricaurte Nossa se habría encargado de administrar los recursos obtenidos por la estructura a través de extorsiones y con los que se hacían los pagos por la información confidencial de las operaciones militares.

Otoniel Forero Mosquera, sería el responsable de la logística financiera y militar en Villavicencio, recibiendo disidentes provenientes del Cauca para fortalecer las acciones armadas en Arauca y los pagos a los informantes.

El cuarto capturado fue Jhon Alexander Ortiz Sánchez, alias Ingeniero, presunto responsable de la inteligencia delictiva en Arauca, facilitando el traslado seguro de combatientes entre departamentos, así como la comercialización de armas, municiones y explosivos. Acciones delictivas que, al parecer, adelantaba desde Villavicencio.

En los procedimientos judiciales fueron incautados 11.975.000 pesos en efectivo, 14 celulares, un arma de fuego, un fusil, dos tubos de mortero, dos cañones de ametralladora, tres silenciadores, 95 cartuchos calibre 38, 730 gramos de base de coca, cuatro panelas de 3.985 gramos de clorhidrato de cocaína, así como dos libretas con manuscritos, una memoria USB, dos escrituras públicas, nueve vouchers de consignaciones y un computador portátil.