*Con la compulsa de copias se deberá establecerse si existió una eventual responsabilidad directa de Charlie Zaa, si conocía el origen de los recursos con los que fueron adquiridos los bienes o si mantuvo algún vínculo con integrantes del extinto Bloque Tolima de las AUC.

La Fiscalía General de la Nación compulsó copias para que se investigue la posible responsabilidad penal individual del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa, luego de que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá decretara la extinción de dominio de cuatro bienes avaluados en más de 45.467 millones de pesos, al considerar que harían parte de un entramado patrimonial vinculado con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La decisión judicial cobija un hotel, un centro comercial y dos discotecas ubicados en Girardot ,Cundinamarca e Ibagué ,Tolima, inmuebles que permanecerán bajo administración del Estado mientras avanza el proceso judicial y se garantiza que sean destinados al Fondo para la Reparación de las Víctimas.

El caso tomó un nuevo rumbo luego de que, hace aproximadamente un año, fuera retomado un expediente en el que antiguos cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia mencionaban al intérprete de boleros como presunto testaferro. Ahora, además de las medidas cautelares sobre los inmuebles, la Fiscalía solicitó indagar si existió una eventual responsabilidad penal del artista en relación con el origen de los recursos utilizados para adquirir dichos bienes por medio de una compulsa de copias.

De acuerdo con la investigación, el entonces comandante del Bloque Tolima de las AUC, Diego José Martínez Goyeneche, alias “Daniel”, habría utilizado terceros para mover dinero e invertir en bienes inmuebles con el propósito de ocultar el origen ilícito de los recursos y evitar que estos fueran destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.

La Fiscalía señaló que, para sustentar la solicitud de medidas cautelares, adelantó una amplia investigación que incluyó inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables. Estas diligencias permitieron reconstruir la trazabilidad de los activos y concluir, de manera preliminar, que harían parte del entramado económico relacionado con esa estructura paramilitar.

En el contexto de la investigación también se recuerda que alias “Daniel”, tras su desmovilización, anunció públicamente que revelaría los nombres de políticos y empresarios que habrían mantenido vínculos con el Bloque Tolima de las AUC. En 2008 fue recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, donde posteriormente falleció, al parecer, como consecuencia de un envenenamiento.

Con la decisión adoptada por la Sala de Justicia y Paz, los cuatro inmuebles permanecerán bajo control del Estado mientras continúa el trámite judicial. No obstante, la determinación fue adoptada en primera instancia, por lo que podrá ser apelada.

Paralelamente, la compulsa de copias ordenada por la Fiscalía abre un nuevo frente judicial, en el que deberá establecerse si existió una eventual responsabilidad directa de Charlie Zaa, si conocía el origen de los recursos con los que fueron adquiridos los bienes o si mantuvo algún vínculo con integrantes del extinto Bloque Tolima de las AUC.

*Los activos están representados en un centro comercial, dos discotecas y un hotel en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima).

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá impuso medidas cautelares sobre cuatro bienes avaluados en más de 45.467 millones de pesos, los cuales harían parte del patrimonio del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, mejor conocido como Charlie Zaa, y tendría relación con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Se trata de un centro comercial, dos discotecas y un hotel ubicados en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima). Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ocuparon y tomaron registro de las propiedades, que en los próximos días serán puestas a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas.

En el curso de la investigación se conoció que el entonces cabecilla de la mencionada estructura paramilitar, Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, presuntamente recurrió a terceros para realizar movimientos de dinero e inversiones en inmuebles, y así ocultar el origen ilícito y evitar que fueran destinadas a la reparación de las víctimas del conflicto armado.

En ese sentido, la Fiscalía practicó inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables, entre otras actividades, que permitieron reconstruir la trazabilidad de los activos y establecer que harían parte del entramado ilegal identificado.

Las medidas cautelares decretadas corresponden a una decisión de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley

La Fiscalía General de la Nación radicó una solicitud para una audiencia de imputación de cargos en contra de Jorge Alfredo Vargas, el expresentador de Noticias Caracol que salió del canal después de denuncias internas por acoso sexual. El organismo de investigación le imputará el delito de acoso sexual.

De acuerdo con lo reportado hasta ahora, aún se desconoce la fecha de la imputación de cargos. La Fiscalía recolectó denuncias que datan desde 2024 hasta este año.

Vargas y Ricardo Orrego, los señalados de las denuncias internas

Fue la propia cadena Caracol la que confirmó en marzo la existencia de denuncias en contra de dos presentadores y periodistas del canal, el más visto del país. Cinco días después anunció la salida de Vargas y Ricardo Orrego, subdirector de Deportes del canal.

Hasta el momento no hay información sobre avances en un proceso legal por las mismas causas sobre Orrego. El canal, a su turno, anunció un proceso de investigación y veeduría externa para evitar casos en el futuro.

Vargas fue por casi dos décadas el conductor de Noticias Caracol en sus emisiones de las 7 de la noche, el espacio más visto del país. Además dirigía Voz Populi, un programa de parodias y noticias en las tardes en Blu Radio, propiedad de Caracol Televisión.

En el único comunicado que ha sacado respecto a la situación apeló a que su carácter es “cercano y familiar”, en referencia a videos que han salido en redes sobre cómo invadía el espacio personal de sus colegas.

El metoo del periodismo colombiano

Tras la salida de los dos mediáticos presentadores, cientos de periodistas del país denunciaron en redes prácticas de acoso en salas de redacción de canales de televisión, emisoras y diarios.

Periodistas de varios medios conformaron el colectivo Yo Te Creo Colega, que durante semanas recibió denuncias de 260 trabajadoras de medios de comunicación e identificó, en un informe, patrones de comportamiento de parte de colegas con más poder que configurarían casos de acoso y abuso sexual.

A su turno, este informe de 2021 de la Universidad de los Andes, replicado por la Fundación para la Libertad de Prensa, da cuenta de que “las mujeres periodistas sufren de manera desproporcionada diferentes tipos de violencias y acoso sexual tanto en su lugar de trabajo, como en los entornos digitales”.

Basado en encuestas anónimas a más de 160 periodistas, el estudio concluye que 6 de cada diez periodistas fueron víctimas de violencia de género en sus espacios laborales. 2 de cada 10 dijeron haber sido víctimas de violencia sexual.