*Una fundación que no contaba con la experiencia ni la idoneidad para la construcción de embarcaciones fue beneficiada con un contrato que superó los 1.000 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a dos exfuncionarios de la Gobernación de Atlántico y a un particular a la investigación que se sigue por las presuntas irregularidades detectadas en un contrato que tenía por objeto garantizar el suministro de 200 cascos para lanchas pesqueras artesanales.

Se trata del exasesor financiero, Jorge Luis Sampayo Herrera; y la exasesora jurídica, Gertrudis María Peralta Vásquez, imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento sin requisitos legales y falsedad ideológica en documento público; así como el contratista Julio Cesar Altamar Rodríguez, a quien le fueron formulados los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el contrato 059 de julio de 2014, que superó en valor los 1.000 millones de pesos, habría sido direccionado para beneficiar a una fundación privada representada por Altamar Rodríguez, la cual no tenía la idoneidad para la construcción de embarcaciones.

En ese sentido, el contratista presuntamente presentó un Registro Único de Proponentes (RUP) expedido en Cámara y Comercio de Barranquilla, el cual contenía información falsa para acreditar la experiencia requerida y así cumplir con uno de los requisitos habilitantes.

Los dos exasesores investigados hicieron parte del comité evaluador que otorgó altas calificaciones a la fundación y se afirmó que cumplía con todos los requisitos habilitantes exigidos cuando no era cierto para dar viabilidad a la propuesta presentada.

Adicionalmente, se conoció que el contrato fue suspendido para que el plazo de ejecución de 30 días se prolongara indefinidamente, de tal manera que la fundación tuviera tiempo suficiente para elaborar y entregar los 200 cascos previstos.

*La víctima fue seguida hasta su lugar de residencia, donde los hoy procesados le habrían disparado para arrebatarle una cadena de oro.

En desarrollo de las investigaciones por el crimen del patrullero de la Policía Nacional Hanner Guiseppe Martínez Sarmiento, ocurrido en Barrancabermeja (Santander) el pasado 10 de enero, la Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Santiago Alberto Flórez Joya y Jesús David Tovar Torres.

Estos dos hombres son señalados de seguir al uniformado desde un establecimiento comercial, donde realizaba compras, hasta su lugar de residencia.

Las evidencias indican que lo interceptaron en el momento en el que pretendía ingresar al inmueble e intimidaron para que entregara una cadena de oro y otras pertenencias.

En medio de un forcejeo que se generó para evitar el asalto, la víctima cayó al suelo y fue atacada con arma de fuego. En grave estado de salud fue trasladada a un centro asistencial
y allí murió.

Los presuntos agresores fueron capturados en una acción conjunta con la Policía Nacional en Bucaramanga (Santander) y Ocaña (Norte de Santander).

Un fiscal de la Seccional Santander los imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; hurto calificado y receptación.Tovar Torres aceptó los cargos.

Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Un juez de conocimiento negó el beneficio que había sido concedido en septiembre pasado.

Al atender el recurso de apelación presentado por la Fiscalía, un juzgado penal de conocimiento de Barranquilla (Atlántico) ordenó privación de la libertad en centro carcelario contra Digno José Palomino Rodríguez, señalado cabecilla de una facción de ‘Los pepes’.

De esta manera se revocó una decisión de primera instancia que le había concedido detención preventiva en el lugar de residencia.

Los hechos que se investigan están relacionados con la ejecución de 17 homicidios en Barranquilla, Soledad y Malambo.

En septiembre pasado, el juzgado primero penal del circuito con función de conocimiento de Barranquilla, declaró nula la detención intramural a Palomino que ordenó el juez segundo penal municipal de control de garantías ambulante de la capital del Atlántico.

La defensa de Palomino había señalado inconsistencias de la Fiscalía en la imputación inicial por la presunta comisión de 17 homicidios en Barranquilla, en 11 eventos