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Alcaldesa de Fundación pedirá cuentas a órganos de control por los hallazgos fiscales y disciplinarios del acueducto de Doña María

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*Contraloría del Magdalena y la Procuraduría General de la Nación determinaron que hubo Detrimento Patrimonial por más de $.1600 millones de pesos y que la obra se construyó en un terreno que particulares reclaman titularidad.

La alcaldesa de Fundación Magdalena, Luz Helena Andrade, anunció que requerirá formalmente a la Procuraduría General de la Nación que informe las acciones que ha adelantado frente a una denuncia instaurada por un veedor ciudadano sobre demostradas irregularidades en la construcción del acueducto del corregimiento de Doña María, una de las comunidades más vulnerables del municipio.

El caso, que ha generado indignación en la opinión pública, involucra la inversión de $4.420 millones en un sistema de acueducto y alcantarillado inaugurado en diciembre de 2023 y que, a fecha de hoy, sus habitantes ven el preciado líquido a medias.

Acción de la Alcaldía actual

Ante este panorama, la alcaldesa Andrade en entrevista dada al canal de tv y radio Cayena TV, que pedirá a los órganos de control un informe detallado sobre el avance de las investigaciones y las acciones tomadas contra los presuntos responsables.

“La comunidad de Doña María merece respuestas y justicia. No podemos permitir que una obra de esta magnitud termine como un monumento a la corrupción”, declaró un habitante de dicho corregimiento.

¿Qué ha dicho la Procuraduría?

Hasta el momento, dicho órgano de control, solo ha indicado a través de un oficio, que en la obra hubo Detrimento Patrimonial y que está proyectada a que sea un Elefante Blanco, pero no se conoce las acciones realizadas ante dichos hallazgos.

Obra inservible y en terrenos en disputa

Según el reporte de la Contraloría del Magdalena, desde su inauguración, el acueducto ha operado con dificultades debido a problemas técnicos, falta de permisos ambientales y disputas legales sobre la propiedad del terreno donde se construyó.

Bandera roja en la contratación

La denuncia interpuesta por un veedor ciudadano, quien este medio reserva su nombre, dejó plasmada en la denuncia, que si hubo irregularidades en el Contrato de Obra Pública L.P.-006-2022, el cual, de forma atípica, fue firmado no por el alcalde, sino por una asesora jurídica, en representación del exmandatario y por el contratista Luis Alfonso Negrete Ramos, representante legal de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (ARCA).

Deficiencias en la selección del contratista

La denuncia también cuestiona el proceso de calificación que llevó a la adjudicación, incluyendo los puntajes otorgados en aspectos técnicos, jurídicos, financieros y de calidad.

A pesar de la millonaria inversión, el resultado fue un acueducto inoperante, con fallas estructurales y problemas jurídicos que impiden su uso, dejando a la población de Doña María con un servicio básico prometido y gozado por sus habitantes a medias.

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Condenado a 43 años y 6 meses de prisión el asesino de un periodista en Sucre

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*El crimen sucedió el 24 de enero de 2024 en la casa del comunicador.

Un juez condenó a 43 años y 6 meses de cárcel a un hombre por el asesinato del periodista Mardonio Mejía Mendoza, perpetrado el 24 de enero de 2024 en el departamento de Sucre, informó este lunes la Fiscalía.

Mejía, quien dirigía la emisora Sonora Estéreo y cubría la actualidad del municipio de San Pedro, en Sucre, fue atacado a tiros por la espalda en su vivienda, que también servía como sede de su trabajo. Tras el atentado, fue trasladado a un hospital de la zona, donde falleció poco después.

Por ese crimen, la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía determinó que Ledinwint Yesith Díaz Mercado, «en compañía de otra persona, ingresó armado al inmueble donde estaba la víctima (…) ubicó al comunicador y, aprovechando que estaba de espaldas, le propinó varios disparos».

Varios videos de cámaras de seguridad mostraron que Díaz Mercado y su cómplice vigilaron previamente al periodista hasta encontrar «el momento exacto» para ingresar a su domicilio y perpetrar el ataque.

El asesino fue sentenciado por los delitos de «homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones», agregó el ente acusador.

Mardonio Mejía era un reconocido periodista de Sucre, con 25 años de experiencia, que conducía el programa ‘Amanecer campesino’ en el que informaba sobre temas de seguridad, política y ganadería, ya que también era miembro de la Federación de Ganaderos de San Pedro.

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Dos muertos y siete heridos dejó violenta riña entre comunidad y Policía en Valledupar

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La Policía informó que fue abierta una indagación preliminar para “establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentaron estos hechos”.

Mientras en gran parte de Valledupar habitantes y turistas disfrutaban de uno de los últimos días del Festival Vallenato, en un sector conocido como Torres de Nando Marín se reportó en la madrugada de este sábado un violento enfrentamiento entre la comunidad y la Policía que le quitó la vida a dos personas y dejó heridas a otras siete, entre los que destacan tres uniformados.

Según reportes iniciales, a las autoridades llegó el aviso de un hombre armado que estaba a las afueras de un negocio. Por lo que, rodeando la zona, la persona, al parecer, no solo se negó a un registro personal sino que se abalanzó contra los uniformados junto con otros allegados para herirlos con disparos y piedras. La escena causó desesperación en los varios presentes que no tenían nada que ver con lo ocurrido y tuvieron que correr para resguardarse del peligro.

“De acuerdo con la información preliminar, siendo aproximadamente las 02:55 de la madrugada, patrullas de vigilancia atendieron un requerimiento ciudadano, en el cual se alertaba sobre la presencia de un individuo, presuntamente, armado en las inmediaciones de un establecimiento abierto al público”, se puede leer en un comunicado de la Policía.

“Al llegar al lugar, los uniformados intentaron realizar un procedimiento de registro a persona a un ciudadano que coincidía con las características reportadas; sin embargo, esta se negó al procedimiento y, con el apoyo de varios acompañantes, incitó una reacción violenta contra los policías mediante el uso de armas de fuego y el lanzamiento de objetos contundentes, generando un escenario de alta tensión que obligó al uso legítimo y proporcional de la fuerza para restablecer el orden y salvaguardar la vida e integridad de las personas”, agregó.

De los dos subintendentes de la Policía y el patrullero que resultaron heridos; uno de ellos registra un disparo y los otros dos cuentan con laceraciones y contusiones. El resto de lesionados también está bajo observación médica en el municipio.

Los actos urgentes fueron asumidos por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), entidad que realizó la inspección técnica al lugar de los hechos y la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física.

Asimismo, la Policía informó que fue abierta una indagación preliminar “con el fin de garantizar la transparencia institucional y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentaron estos hechos”.

“La institución reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos, la legalidad y el mantenimiento del orden público, al tiempo que hace un llamado a la ciudadanía para dirimir los conflictos por vías pacíficas y legales”, concluye la comunicación.

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Insólito: carro que impone fotomultas no está al día con el pago del impuesto de placas

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En el municipio de Fundación, Magdalena, una nueva controversia rodea el sistema de fotodetección de infracciones, luego de que un ciudadano demostrara haber consultado en plataformas el estado del vehículo de fotodetección asociado a la empresa SOPREMAVI, utilizado como carro de fotomultas.

Según dicha verificación ciudadana, el automotor a la fecha, está en mora en el pago del impuesto de porte de placas durante los años 2024, 2025 e incluso 2026, lo que ha generado indignación y fuertes cuestionamientos en la comunidad.

La crítica ciudadana se centra en lo que consideran una contradicción evidente, ya que mientras el organismo de tránsito continúa aplicando embargos y medidas de cobro coercitivo a más de 5 mil conductores por comparendos e impuestos asociados al tránsito, surgen datos claros sobre el cumplimiento de obligaciones básicas por parte de su aliado y socio Sopremavi, del vehículo que opera el sistema.

Habitantes señalan que resulta incoherente la rigurosidad en el cobro a los ciudadanos, mientras existen irregularidades en el estado tributario del vehículo encargado de la fotodetección.

De acuerdo con la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito), todo vehículo que circule en el territorio nacional debe cumplir con las obligaciones legales vigentes para su movilización, incluyendo el pago de impuestos, tasas y derechos establecidos por las autoridades competentes.

Obviamemente, no existirá pronunciamiento oficial que confirme o desvirtúe esta versión ni de Intrafun y mucho menos de Sopremavi, pero lo que si está claro, es que esos valores y eso años de mora, no serán pagados y muy seguramente serán borrados del sistema.

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