*Registros audiovisuales de una unidad de cuidados crónicos y paliativos dan cuenta de la agresión contra la víctima, una mujer de 59 años con graves limitaciones físicas y cognitivas.

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Nelson Fabián Sáenz Santamaría, un auxiliar de enfermería de un centro asistencial de Bogotá señalado de abusar sexualmente de una paciente que estaba a su cuidado.

El pasado 18 de junio, el hoy procesado se habría valido de su rol como profesional de la salud y del estado de indefensión de la víctima, quien por su condición médica carecía de la capacidad para oponer resistencia, y agredió a la mujer en el pabellón de cuidados crónicos y paliativos donde permanecía internada. Registros audiovisuales, entrevistas y diligencias de inspección judicial, entre otros elementos materiales probatorios recopilados en el lugar, dan cuenta del momento en el que Sáenz Santamaría presuntamente ingresó a la sala y realizó las conductas ilícitas en contra de la voluntad de la paciente.

En consecuencia, una fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá le imputó el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo incapaz de resistir agravado. El cargo no fue aceptado.

*La acción criminal contra la instalación militar dejó tres personas heridas y cuantiosos daños materiales.

Una volqueta transformada en plataforma para lanzar artefactos improvisados fue el instrumento utilizado para atacar las instalaciones del Grupo Aéreo de Casanare, el 10 de enero de 2020.

De acuerdo con las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, el vehículo fue negociado y adquirido por Celino Vargas Cepeda y Yerly Katherine Galvis Gómez, integrantes de una estructura del ELN.

Estos dos hombres entregaron el vehículo que posteriormente fue acondicionado, trasladado a inmediaciones del complejo militar, en Yopal (Casanare), y dispuesto para disparar 25 cilindros cargados con explosivos. La acción criminal dejó tres personas heridas y daños materiales avaluados en más de 2.444 millones de pesos.

La investigación orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales permitió conocer que Vargas Cepeda, siguiendo órdenes de los cabecillas conocidos con los alias de Nando y Oso, gestionó y pagó por la volqueta. Por su parte, Galvis Gómez, quien cumplía labores de vigilancia y logística en el grupo armado ilegal, intervino en la transacción al recibir los documentos de traspaso, con pleno conocimiento del uso que se le daría al automotor.

Por lo anterior, un juez penal especializado condenó a estas dos personas, de acuerdo con su participación en los hechos, por los delitos de terrorismo, homicidio agravado en grado de tentativa, rebelión, daño en bien ajeno agravado y lesiones personales. En consecuencia, Vargas Cepeda fue sentenciado a 29 años de prisión y Galvis Gómez a 12 años de prisión. La decisión es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

*Entre ellas 12 menores de edad y una mujer en estado de gestación, quienes zarparon rumbo a Centroamérica. Desde entonces se desconoce su paradero.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó el delito de tráfico de migrantes agravado a Borghi Kure Gaviria, presunto administrador de la lancha en la que viajaban de manera irregular 42 personas que desaparecieron entre la isla de San Andrés y cayos nicaragüenses, el 21 de octubre de 2023.

De acuerdo con las evidencias obtenidas, tres embarcaciones zarparon de un muelle particular con decenas de migrantes a bordo. Dos arribaron sin contratiempos a su destino; mientras que de la tercera no volvió a tenerse noticia alguna.

Preliminarmente se cree que desapareció por condiciones climáticas adversas.

A bordo iban los dos tripulantes y pasajeros de nacionalidad colombiana, venezolana y china, entre ellos una mujer gestante y 12 menores de edad, uno de ellos un bebé de tres meses.

La nave empleada para el traslado era utilizada para actividades de pesca artesanal con capacidad autorizada para 15 personas, la cual carecía de permiso de la Capitanía de Puerto tanto para navegar en mar abierto como para transportar viajeros.

Kure Gaviria, al parecer, hacía parte de una organización dedicada a facilitar el ingreso irregular de extranjeros a San Andrés, proporcionarles alojamiento temporal y coordinar el posterior traslado marítimo hacia territorio nicaragüense. También se le atribuye la definición de los horarios de zarpe, las condiciones de pago por cada viajero y el número de ocupantes por lancha.

Este hombre fue capturado el pasado 14 de julio en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro (Antioquia), tras ser deportado de Panamá, país al que habría huido tras la desaparición de la embarcación.

Luego de la formulación de cargos en su contra, un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.