*El exfuncionario, al parecer, direccionó un contrato por 32 millones de dólares en favor de una empresa que no cumplía los requisitos técnicos, jurídicos y financieros.

La Fiscalía General de la Nación judicializó al exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, Luis Edmundo Suárez Soto, por su presunta participación en las irregularidades detectadas en la planeación y ejecución del contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el entonces viceministro, sin tener competencia funcional, habría direccionado el proceso contractual para el mantenimiento y suministro de repuestos de las aeronaves, suscrito el 31 de diciembre de 2024 por 32 millones de dólares.

Los elementos materiales probatorios indican que, presuntamente, ordenó adelantar la contratación mediante la modalidad de selección directa reservada para favorecer a una empresa representada por un ciudadano estadounidense que no acreditaba la experiencia técnica, la capacidad jurídica ni la solidez financiera requeridas.

Asimismo, habría intervenido en reuniones de estructuración para flexibilizar requisitos, mantenido comunicación directa con los contratistas y realizado gestiones ante la Aerocivil para agilizar un trámite indispensable para la ejecución del contrato. La investigación también estableció que conoció informes técnicos y jurídicos que advertían el incumplimiento de los requisitos por parte del contratista y, al parecer, dispuso que un funcionario específico realizara la evaluación financiera. Posteriormente, la forma de pago fue modificada para autorizar un desembolso anticipado del 50% del valor del contrato.

En ese sentido, el 15 de abril de 2025 fueron girados 16.231.700 dólares, aunque únicamente se habían ejecutado actividades por cerca de 2,6 millones de dólares. Tras la declaratoria de incumplimiento, permanecen pendientes de reintegro más de 13 millones de dólares.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal. Los cargos no fueron aceptados.

*Los involucrados habrían aprovechado la situación de poder que tenían sobre sus estudiantes para cometer los abusos.

Como resultado de las acciones investigativas lideradas por la Fiscalía General de la Nación, fueron judicializados tres docentes señalados de vulnerar la libertad, integridad y formación sexual de siete menores de edad en hechos ocurridos en Cesar, Bogotá y Meta.

El primer caso se registró en El Paso (Cesar), donde José Nolberto Muñoz Villazón fue judicializado por hechos ocurridos entre febrero y marzo de 2026. De acuerdo con la investigación, habría aprovechado su posición de autoridad para acercarse en múltiples ocasiones a una de sus alumnas, una adolescente de 14 años.

Por otra parte, en Bogotá, Hugo Horacio Poveda Lotero, entre 2019 y 2020, presuntamente sometió a un estudiante a múltiples agresiones de índole sexual.

Asimismo, en Villavicencio (Meta) fue judicializado Jimmy Cárdenas Machado, señalado de realizar conductas de naturaleza sexual contra cinco estudiantes menores de 14 años entre 2023 y marzo de 2026.

Por lo anterior, fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (UENNA) imputaron a los investigados, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, delitos como acto sexual violento agravado, acoso sexual, acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años agravados, demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años agravada y acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado.

Los tres investigados no aceptaron los cargos y jueces de control de garantías les impusieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

*La víctima, que presentaba una discapacidad cognitiva, fue retenida durante cerca de cinco horas y sometida a torturas que le causaron la muerte.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que el cabo segundo del Ejército Nacional Cristian Daniel Córdoba Piamba y los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada Fabra, Neider de Jesús Oyola Ortiz y Miguel Ángel Caicedo Hernández aceptaran, mediante preacuerdo, su responsabilidad en la tortura y posterior homicidio de un campesino, en hechos ocurridos el 7 de octubre de 2025 en una base militar de Frontino (Antioquia).

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Antioquia, la víctima, de 27 años y con discapacidad cognitiva, fue retenida en las instalaciones militares bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal. Allí fue desnudada, golpeada, amarrada y colgada de un árbol.

Las labores de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) establecieron que permaneció retenida durante cerca de cinco horas, tiempo en el que fue sometida a tratos crueles, entre ellos asfixia y sofocamiento.

La investigación demostró que el campesino murió en un baño de la base militar.

Posteriormente, su cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado al helipuerto y arrojado al río El Cerro.

Tres semanas después fue recuperado por las autoridades y remitido al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que determinó que la muerte fue consecuencia de los actos de tortura.

Un juez de conocimiento avaló la negociación judicial y condenó a los cinco militares a 20 años y 2 meses de prisión por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todas las conductas agravadas.

Por estos mismos hechos, el teniente Leider Ortiz Ortiz, comandante de la base militar, ya había sido condenado mediante preacuerdo a 20 años y 3 meses de prisión.

En este proceso también fueron acusados el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros y los soldados Alberto Rojo Giraldo y Didian Fernando Ruiz Reyes, quienes permanecen privados de la libertad.