*Alexander Herrera Ramírez, alias Capi Ortiz, fue declarado responsable de 28 asesinatos y otros ataques armados en varios municipios de Meta.

Un juzgado penal del circuito especializado de Villavicencio (Meta) avaló el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Alexander Herrera Ramírez, alias Capi Ortiz, y lo declaró responsable de una ola de homicidios selectivos y otros ataques armados perpetrados entre junio de 2014 y febrero de 2016, en Puerto Gaitán, Puerto López y Villavicencio (Meta).

Herrera Ramírez, en su condición de cabecilla del grupo armado ilegal autodenominado ‘Libertadores del Vichada’, asumió la coordinación y ejecución de sicariatos en medio de una confrontación violenta con otras estructuras criminales para asumir el control del tráfico de estupefacientes, y como método de intimidación a las comunidades que se oponían al actuar delictivo en la región.

Entre los hechos acreditados está la agresión a dos integrantes de la Policía Nacional, el 10 de febrero de 2016, durante una diligencia de registro y allanamiento realizada en Mosquera
(Cundinamarca), que tenía como propósito capturar a Herrera Ramírez.

Durante la huida fueron disparadas armas de fuego desde un vehículo. Uno de los uniformados resultó herido y el otro fue arrollado por el automotor.

En el curso de la investigación orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales fueron identificados 28 eventos delictivos en los que participó esta persona.

En ese sentido, fue condenada a 27 años y 8 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso homogéneo.

Además de la pena de prisión, el juzgado le impuso 20 años de inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas.

*Los dos fueron judicializados junto a la madre de una de las víctimas, una adolescente de 16 años.

Entre agosto y octubre de 2025, en un inmueble de Villa del Rosario (Norte de Santander), habría funcionado un estudio clandestino dedicado a realizar transmisiones con contenido sexual explícito a través de plataformas digitales.

A ese lugar habrían sido llevadas una mujer de 19 años y una adolescente de 16 años, quienes debían cumplir horarios y atender todas las solicitudes de los usuarios durante las sesiones en vivo para obtener mayores ingresos económicos. Los pagos eran realizados en dólares y recibidos por los administradores del sitio.

Actividades de policía judicial dirigidas por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que los hermanos Carlos Alberto y Carlos José Colina Herrera, de nacionalidad venezolana, serían los encargados de vigilar y supervisar a las víctimas, y aplicar multas por posibles incumplimientos de las reglas impuestas.

De igual manera, se conoció que la madre de la adolescente también estaría involucrada en las actividades ilícitas y, al parecer, permitió que su hija acudiera al estudio y fuera explotada sexualmente.

Una fiscal de la Seccional Norte de Santander imputó a los tres señalados implicados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de trata de personas agravada y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años.

Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

*Las obras de saneamiento básico, contratadas por más de 21.550 millones de pesos, continúan inconclusas.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al alcalde de Ataco (Tolima), Héctor Fabio Muñoz Briñez; al exalcalde del municipio, Miller Aldana Castro; y al contratista Rodolfo Fajardo Gutiérrez, por su presunta participación en irregularidades relacionadas con un proyecto de saneamiento básico financiado con regalías.

A Muñoz Briñez le fue imputado el delito de peculado por apropiación en favor de terceros agravado; a Aldana Castro, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación; y a Fajardo Gutiérrez, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.

Por disposición de un juez de control de garantías, los tres procesados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia. La Fiscalía apeló la decisión.

La actuación está relacionada con dos contratos de obra y sus interventorías, suscritos entre junio y agosto de 2022 por más de 21.550 millones de pesos, para construir 1.170 unidades sanitarias en 47 veredas.

Los recursos fueron aprobados por el OCAD Paz debido a que Ataco está incluido en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Cuatro años después, el proyecto permanece inconcluso.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, Aldana Castro habría modificado las condiciones y los plazos del proceso de selección para favorecer a Fajardo Gutiérrez, cuya empresa presuntamente no cumplía los requisitos exigidos. El contratista también es señalado de intervenir en la asignación de las interventorías.

Además, se habrían autorizado pagos por actividades no ejecutadas, lo que ocasionó un posible detrimento patrimonial de 499 millones de pesos. El caso hace parte de la priorización de investigaciones por hechos de corrupción que comprometen recursos del Sistema General de Regalías. Las actividades investigativas fueron adelantadas por el Grupo de Tareas Especiales creado para identificar y judicializar este tipo de conductas.