*Según las autoridades, el lugar no tenía permisos para este tipo de intervenciones. El caso vuelve a encender alarmas en torno a la presencia de este tipo de sitios en la capital.

Nuevamente se encienden las alarmas en la capital a raíz de un caso por procedimiento estético ilegal, como sucedió meses atrás con Yulixa Toloza.

Las autoridades distritales investigan la muerte de Adriana Manotas, una mujer que falleció luego de presentar complicaciones críticas tras asistir a un procedimiento postoperatorio en un establecimiento que operaba de manera clandestina en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

«Los equipos de las Secretarías de Salud y de Gobierno, en articulación con la Alcaldía Local de Puente Aranda, Policía Nacional y SIJÍN, se desplazaron al lugar de los hechos para iniciar las acciones de rigor. El lugar donde se adelantó el procedimiento funcionaba sin avisos exteriores, identificación visible o información que permitiera advertir la prestación de servicios de salud», indicaron desde la Alcaldía de Bogotá.

Adriana Manotas fue trasladada a la IPS de la Cruz Roja en Kennedy, donde el personal médico adelantó maniobras para intentar salvarle la vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, la mujer falleció debido a la gravedad de las complicaciones que presentaba.

Según las autoridades, el lugar no tenía permisos para este tipo de intervenciones y su representante legal tampoco contaba con la acreditación respectiva.

«La Administración Distrital lamenta profundamente este hecho. Si bien desde el Distrito se han reforzado los operativos de control a clínicas y establecimientos ilegales, es fundamental que la ciudadanía denuncie este tipo de establecimientos que operan de manera clandestina y no cumplen con las normas legales», añadieron.

Como parte de las estrategias de vigilancia sanitaria, la Secretaría Distrital de Salud informó que entre 2025 y el 5 de julio de 2026 se han realizado 1.296 visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos donde se desarrollan actividades relacionadas con estética y belleza.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon el procedimiento al que fue sometida Adriana Manotas y establecer las posibles responsabilidades administrativas y penales derivadas de este hecho.

Miles de colombianos ven vulnerados sus derechos en salud y, en muchos casos, no saben qué hacer ni a quién acudir.

¿Su EPS no le entrega los medicamentos pendientes? ¿Le niegan los viáticos para trasladarse a otra ciudad donde fue remitido a una consulta, examen o procedimiento? ¿No autorizan un cuidador domiciliario para un familiar que requiere atención permanente? ¿Le cambiaron de EPS sin su consentimiento? ¿Le niegan tratamientos, procedimientos o servicios ordenados por el médico?

Lo invitamos a seguir la página «La Voz del Paciente», un espacio creado para Asesorar a los desprotegidos usuarios del sistema de salud colombiano en la defensa de sus derechos.

Ahí le dirán cómo actuar frente a las irregularidades y así adelantar de inmediato, las acciones legales que correspondan.

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En el consejo de ministros que se llevó a cabo en la noche del martes, 16 de junio, Wilmar Mejía, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), dijo que, tras hacer una investigación, su equipo encontró una serie de hallazgos que, según él, muestran que ha habido “un entramado criminal al interior de sistema de salud, que tiene que ver con una de las EPS más importantes del país, que agrupa a 3,5 millones de colombianos”.

Aunque no dio el nombre de la EPS a la que se refería, pues el miércoles presentará la denuncia formal con sus hallazgos ante la Fiscalía General, aseguró que es una red en la que participan 168 actores en un “mecanismo que ocultó pasivos de EPS” y en el que hubo una “triangulación financiera”.

Mejía afirmó tener un informe de inteligencia de cerca de 130 páginas que detalla con nombre propio a las personas que, supuestamente, han participado de ese “entramado” en el que, además, hay 17 IPS (como clínicas y hospitales).

El funcionario dijo que también tienen identificados a sus representantes legales principales y suplentes, así como a sus juntas directivas.

De igual manera, el director de la UIAF señaló que hay 43 personas jurídicas que están dentro de esa supuesta red y tres entidades financieras, a las cuales prefirió no nombrar hasta que su denuncia esté en manos de Fiscalía.

“Encontramos una unión temporal que facilita estas operaciones. Tenemos un grafo que da cuenta de cómo tres personas lograron crear de manera indebida una integración vertical que no es ilegal, pero sí indebida, que facilita el desfalco. Hablamos de personas naturales que crearon un conglomerado de empresas que eran controladas de manera estratégica para mover recursos de EPS a IPS, y de estas a cuentas en Colombia y en el extranjero. Hay hallazgos con los que la DIAN puede actuar y con los que la Fiscalía puede actuar con contundencia”, detalló Mejía en el Consejo de ministros.

De acuerdo con su presentación, tiene pruebas de que pudo haber, entre otros delitos, presunto peculado por apropiación, presunto lavado de activos, presunto enriquecimiento ilícito de personas naturales y jurídicas, presunta falsedad procesal y presunto concierto para delinquir para “desfalcar al sistema de salud”.