La Fiscalía imputó cargos al general en retiro Eduardo Zapateiro por el delito de presunto acoso sexual ante el Tribunal Superior de Bogotá, por hechos que habrían ocurrido cuando se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional. Según el ente acusador, las conductas investigadas habrían sido cometidas contra la uniformada Lina Suárez Londoño y la funcionaria Liliana Zambrano Ruiz, en medio de relaciones marcadas por la subordinación y la jerarquía institucional.

Durante la audiencia, el fiscal del caso aseguró que el General retirado “desplegó conductas de hostigamiento reiterado con finalidad sexual no consentida”, aprovechando “su posición manifiesta de poder, autoridad y jerarquía”, y generando un entorno “intimidante, humillante y degradante” que habría afectado la libertad y dignidad sexual de las dos mujeres.

En el caso de Lina Suárez Londoño, según la imputación, Zapateiro habría sostenido comunicaciones con expresiones de carácter personal e íntimo, manifestando que observaba reiteradamente el rostro de la uniformada y que deseaba continuar mirándola. Además, el ente acusador indicó que el entonces comandante del Ejército solicitó de manera expresa fotografías personales, incluso sugiriendo que fueran tomadas con el celular de la funcionaria.

Para la Fiscalía, estas conductas “desbordaron el ámbito funcional propio de la relación institucional” y ocurrieron en un contexto de subordinación derivado de la relación vertical de poder existente dentro de la institución militar.

El ente investigador también mencionó que, posteriormente, Lina Suárez Londoño fue contactada por un ayudante de Zapateiro para solicitar información relacionada con el proceso administrativo que adelantaba para escalafonarse. Tres días después de entregar los datos requeridos, fue excluida del proceso de ingreso a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, pese a haber aprobado las pruebas físicas y académicas. Según la Fiscalía, recibió calificaciones desfavorables en las evaluaciones psicológicas “sin que mediara una explicación objetiva suficiente”.

En cuanto a Liliana Zambrano Ruiz, la Fiscalía aseguró que el general retirado le habría enviado múltiples mensajes de índole sexual.

De acuerdo con el ente acusador, las llamadas y mensajes insistentes evidenciarían un comportamiento persistente orientado a ejercer presión e intimidación en medio de la relación de subordinación existente.

Durante la diligencia judicial, Zapateiro no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

El oficial retirado fue comandante del Ejército durante el gobierno del expresidente Iván Duque Márquez y en los últimos meses había acompañado actividades políticas relacionadas con la campaña del abogado Abelardo de la Espriella.

*Las directrices buscan acelerar y fortalecer las investigaciones homicidios, intimidaciones y otras agresiones vinculadas con el ejercicio de su labor informativa.

La Fiscalía General de la Nación expidió la Resolución 00119 de 2026, la cual establece lineamientos para orientar la investigación de los crímenes y amenazas cometidos contra
periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios de comunicación.

Esta decisión fortalece la respuesta institucional respecto a las agresiones contra la prensa, al incorporar estándares más rigurosos, oportunos y con enfoque diferencial, en
reconocimiento del papel esencial que cumple el periodismo en la sociedad.

Las expresiones de violencia contra periodistas, además de afectar a las víctimas de manera individual, impactan directamente el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información y el debate público.

En ese sentido, el acto administrativo dispone que las investigaciones deben desarrollarse con una comprensión amplia del contexto, considerando tanto la agresión sufrida por el periodista como los hechos que este venía denunciando o verificando en ejercicio de su labor, con el fin de identificar posibles móviles relacionados con censura o retaliación por poner en evidencia intereses ilícitos.

La Resolución 00119 de 2026, fija un estándar de debida diligencia reforzada para que los fiscales actúen con celeridad, de manera exhaustiva y con rigor técnico, evitando dilaciones injustificadas y garantizando la recolección, preservación y análisis integral de las pruebas.

Asimismo, introduce medidas específicas para casos que impliquen riesgo actual o inminente para la vida, la integridad o el ejercicio periodístico, en los que se deberá priorizar la protección de la víctima, la verificación inmediata del riesgo y la activación de mecanismos de protección o que prevengan nuevas agresiones.

De igual manera, incorpora un enfoque diferencial que permite reconocer la condición de periodista a partir del ejercicio real de la labor informativa, sin exigir acreditaciones formales, incluyendo a quienes desarrollan su trabajo en entornos digitales. Con esta perspectiva, cada caso será analizado teniendo en cuenta el posible efecto de amedrentamiento o autocensura, así como su impacto en la circulación de información de interés público.

En materia operativa, se fortalecen los procesos de recepción, registro y enrutamiento de denuncias, con el propósito de garantizar una adecuada identificación de la condición de la víctima y del nexo entre los hechos denunciados y su actividad periodística.

Igualmente, se promueve la articulación entre las distintas dependencias y direcciones especializadas de la entidad, facilitando el intercambio de información, el análisis conjunto de los casos y la identificación de patrones criminales, y así evitar la fragmentación de las investigaciones y mejorar la efectividad en la respuesta.

De manera complementaria, fija un canal permanente de interlocución con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de la libertad de prensa, lo que permitirá fortalecer la prevención, el acompañamiento a las víctimas y la obtención de información relevante para las investigaciones.

También se prevé la puesta en marcha de planes de capacitación dirigidos a fiscales y servidores encargados de la recepción de denuncias.

*Víctor Alfonso Gamboa Chaparro habría solicitado un nombramiento y dinero a la
representante legal de una empresa de inversiones.

Como parte de investigación que se sigue en la Dirección Especializada contra la Corrupción, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron efectiva una orden de captura contra el alcalde de Villa de Leyva (Boyacá), Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, por presuntamente hacer exigencias ilícitas para facilitar la expedición de una licencia de construcción.

Los elementos materiales probatorios indican que el mandatario habría sostenido reuniones presenciales y varias conversaciones por mensajería de texto y de voz con la representante legal de la empresa de inversiones.

En estas comunicaciones, al parecer, inicialmente le pidió contratar a una persona conocida, luego aumentarle el sueldo y finalmente le solicitó dinero.

Todo esto a tendría como propósito favorecerla con el permiso que requería para avanzar en un proyecto urbanístico.

Para la Fiscalía General de la Nación, con estas posibles actuaciones ilícitas el exmandatario presuntamente se extralimitó en sus funciones y abusó del cargo. En ese sentido, será imputado por los delitos de concusión y prevaricato por acción.