*Víctor Alfonso Gamboa Chaparro habría solicitado un nombramiento y dinero a la
representante legal de una empresa de inversiones.

Como parte de investigación que se sigue en la Dirección Especializada contra la Corrupción, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron efectiva una orden de captura contra el alcalde de Villa de Leyva (Boyacá), Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, por presuntamente hacer exigencias ilícitas para facilitar la expedición de una licencia de construcción.

Los elementos materiales probatorios indican que el mandatario habría sostenido reuniones presenciales y varias conversaciones por mensajería de texto y de voz con la representante legal de la empresa de inversiones.

En estas comunicaciones, al parecer, inicialmente le pidió contratar a una persona conocida, luego aumentarle el sueldo y finalmente le solicitó dinero.

Todo esto a tendría como propósito favorecerla con el permiso que requería para avanzar en un proyecto urbanístico.

Para la Fiscalía General de la Nación, con estas posibles actuaciones ilícitas el exmandatario presuntamente se extralimitó en sus funciones y abusó del cargo. En ese sentido, será imputado por los delitos de concusión y prevaricato por acción.

En un comunicado divulgado este miércoles 6 de mayo, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia exigen al ELN liberar sin condicionamientos y de manera inmediata la liberación de los agentes del CTI y los policías secuestrados por ese grupo armado al margen de la ley.

Colombia es un Estado Social de Derecho, que se rige por la Constitución de 1991, cuyo mandato establece que son los jueces, las instituciones que integran la Rama Judicial y los organismos del Estado, los encargados de administrar justicia.

El respeto por la vida, la integridad y la libertad de los colombianos es un principio básico del Estado Social de Derecho.

La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación reiteran el llamado al respeto por la vida y la libertad de los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, y de los integrantes de la Policía Nacional, Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, al tiempo que agradecen a las personas, organizaciones y autoridades que mantienen activos los canales humanitarios para lograr su liberación sin condicionamientos.

El uso repetido de prácticas como el secuestro, prohibidas en Colombia y en el mundo, daña la confianza de la sociedad en los esfuerzos por superar la violencia. La experiencia de años de conflicto armado ha demostrado que el secuestro solo causa más daño y deja
consecuencias permanentes en las víctimas, sus familias y el país.

Los servidores judiciales y los agentes de la Policía Nacional, secuestrados por el
denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Arauca el año pasado, deben ser liberados sin condicionamiento alguno como muestra de voluntad de paz por parte de esa organización ilegal armada.

*El hombre fue capturado en situación de flagrancia en La Tebaida (Quindío), mientras trasladaba a las víctimas en un bus que ofrecía servicios de transporte especial y de turismo.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Cristian Camilo Medina Rebellón, alias El Gordo, presunto integrante del autodenominado Bloque Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc señalado de reclutar menores de edad en Cauca para trasladarlos y ponerlos a disposición de estructuras armadas en Meta.

El pasado 1 de mayo, en el sector La Herradura, en La Tebaida (Quindío), unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional interceptaron un bus que prestaba un supuesto servicio especial y de turismo. En el vehículo se movilizaban 21 adultos y 12 adolescentes, quienes no tenían relación ni parentesco alguno, y portaban documentos de identificación falsos.

Las primeras actividades de policía judicial realizadas permitieron conocer que los jóvenes habrían sido incorporados mediante engaños y falsos ofrecimientos, entrenados en el manejo de armas de fuego y tácticas de combate en zonas campamentarias de Cauca.

Asimismo, dan cuenta de que Medina Rebellón sería el encargado de coordinar y garantizar la llegada al oriente del país para que hicieran parte de las disidencias de alias Iván Mordisco.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Quindío le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, reclutamiento ilícito, uso de documento falso, financiación del terrorismo y de grupos delincuencia organizada, y uso de menores para la comisión de delitos. El procesado no aceptó los cargos.

Los menores de edad fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos. Entre tanto, los otros 20 adultos fueron judicializados por el delito de uso de documento falso y seguirán vinculados a la investigación.