En un comunicado divulgado este miércoles 6 de mayo, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia exigen al ELN liberar sin condicionamientos y de manera inmediata la liberación de los agentes del CTI y los policías secuestrados por ese grupo armado al margen de la ley.

Colombia es un Estado Social de Derecho, que se rige por la Constitución de 1991, cuyo mandato establece que son los jueces, las instituciones que integran la Rama Judicial y los organismos del Estado, los encargados de administrar justicia.

El respeto por la vida, la integridad y la libertad de los colombianos es un principio básico del Estado Social de Derecho.

La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación reiteran el llamado al respeto por la vida y la libertad de los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, y de los integrantes de la Policía Nacional, Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, al tiempo que agradecen a las personas, organizaciones y autoridades que mantienen activos los canales humanitarios para lograr su liberación sin condicionamientos.

El uso repetido de prácticas como el secuestro, prohibidas en Colombia y en el mundo, daña la confianza de la sociedad en los esfuerzos por superar la violencia. La experiencia de años de conflicto armado ha demostrado que el secuestro solo causa más daño y deja
consecuencias permanentes en las víctimas, sus familias y el país.

Los servidores judiciales y los agentes de la Policía Nacional, secuestrados por el
denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Arauca el año pasado, deben ser liberados sin condicionamiento alguno como muestra de voluntad de paz por parte de esa organización ilegal armada.

*El hombre fue capturado en situación de flagrancia en La Tebaida (Quindío), mientras trasladaba a las víctimas en un bus que ofrecía servicios de transporte especial y de turismo.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Cristian Camilo Medina Rebellón, alias El Gordo, presunto integrante del autodenominado Bloque Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc señalado de reclutar menores de edad en Cauca para trasladarlos y ponerlos a disposición de estructuras armadas en Meta.

El pasado 1 de mayo, en el sector La Herradura, en La Tebaida (Quindío), unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional interceptaron un bus que prestaba un supuesto servicio especial y de turismo. En el vehículo se movilizaban 21 adultos y 12 adolescentes, quienes no tenían relación ni parentesco alguno, y portaban documentos de identificación falsos.

Las primeras actividades de policía judicial realizadas permitieron conocer que los jóvenes habrían sido incorporados mediante engaños y falsos ofrecimientos, entrenados en el manejo de armas de fuego y tácticas de combate en zonas campamentarias de Cauca.

Asimismo, dan cuenta de que Medina Rebellón sería el encargado de coordinar y garantizar la llegada al oriente del país para que hicieran parte de las disidencias de alias Iván Mordisco.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Quindío le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, reclutamiento ilícito, uso de documento falso, financiación del terrorismo y de grupos delincuencia organizada, y uso de menores para la comisión de delitos. El procesado no aceptó los cargos.

Los menores de edad fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos. Entre tanto, los otros 20 adultos fueron judicializados por el delito de uso de documento falso y seguirán vinculados a la investigación.

La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar a cuatro presuntos integrantes de un grupo delincuencial señalado de contactar a extranjeros mediante aplicaciones de citas, concertar encuentros en zonas turísticas de Cartagena y luego trasladarlos a Turbaco (Bolívar) para despojarlos de sus pertenencias o vaciar sus cuentas bancarias.

Se trata de Leobanis de Jesús Mafioli López, alias Leo; Dairo Enrique Herrera Pinto, Carlos Andrés García Morales y Carlos Andrés Navarro Torres, quienes estarían involucrados en siete hechos delictivos registrados entre 2024 y 2025, que afectaron a ciudadanos de Canadá, México, Brasil y El Salvador.
En uno de los eventos delictivos conocidos le habrían causado la muerte a un ciudadano ruso.

La víctima salió del hotel en el que se hospedaba, se reunió en el Centro Histórico con la persona con la que supuestamente había acordado verse y luego aceptó abordar un carro para ir otro lugar. Durante el recorrido otros hombres subieron al automotor y la golpearon para obligarla a entregar sus objetos de valor.

Las evidencias recaudadas dan cuenta de que el extranjero fue golpeado, atacado con arma cortopunzante y estrangulado hasta causarle la muerte. Finalmente, el cuerpo fue incinerado y abandonado en una finca de Turbaco.

Por estos hechos, un fiscal especializado de la Seccional Bolívar les imputó los delitos de homicidio, secuestro extorsivo y concierto para delinquir, las tres conductas agravadas; y ocultamiento de elementos materiales probatorios. Por disposición de un juez de control de garantías los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.