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Fiscalía y Corte Suprema de Justicia exigen liberación de los agentes secuestrados

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En un comunicado divulgado este miércoles 6 de mayo, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia exigen al ELN liberar sin condicionamientos y de manera inmediata la liberación de los agentes del CTI y los policías secuestrados por ese grupo armado al margen de la ley.

Colombia es un Estado Social de Derecho, que se rige por la Constitución de 1991, cuyo mandato establece que son los jueces, las instituciones que integran la Rama Judicial y los organismos del Estado, los encargados de administrar justicia.

El respeto por la vida, la integridad y la libertad de los colombianos es un principio básico del Estado Social de Derecho.

La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación reiteran el llamado al respeto por la vida y la libertad de los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, y de los integrantes de la Policía Nacional, Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, al tiempo que agradecen a las personas, organizaciones y autoridades que mantienen activos los canales humanitarios para lograr su liberación sin condicionamientos.

El uso repetido de prácticas como el secuestro, prohibidas en Colombia y en el mundo, daña la confianza de la sociedad en los esfuerzos por superar la violencia. La experiencia de años de conflicto armado ha demostrado que el secuestro solo causa más daño y deja
consecuencias permanentes en las víctimas, sus familias y el país.

Los servidores judiciales y los agentes de la Policía Nacional, secuestrados por el
denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Arauca el año pasado, deben ser liberados sin condicionamiento alguno como muestra de voluntad de paz por parte de esa organización ilegal armada.

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Judicializado presunto disidente señalado de reclutamiento de menores de edad

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*El hombre fue capturado en situación de flagrancia en La Tebaida (Quindío), mientras trasladaba a las víctimas en un bus que ofrecía servicios de transporte especial y de turismo.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Cristian Camilo Medina Rebellón, alias El Gordo, presunto integrante del autodenominado Bloque Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc señalado de reclutar menores de edad en Cauca para trasladarlos y ponerlos a disposición de estructuras armadas en Meta.

El pasado 1 de mayo, en el sector La Herradura, en La Tebaida (Quindío), unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional interceptaron un bus que prestaba un supuesto servicio especial y de turismo. En el vehículo se movilizaban 21 adultos y 12 adolescentes, quienes no tenían relación ni parentesco alguno, y portaban documentos de identificación falsos.

Las primeras actividades de policía judicial realizadas permitieron conocer que los jóvenes habrían sido incorporados mediante engaños y falsos ofrecimientos, entrenados en el manejo de armas de fuego y tácticas de combate en zonas campamentarias de Cauca.

Asimismo, dan cuenta de que Medina Rebellón sería el encargado de coordinar y garantizar la llegada al oriente del país para que hicieran parte de las disidencias de alias Iván Mordisco.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Quindío le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, reclutamiento ilícito, uso de documento falso, financiación del terrorismo y de grupos delincuencia organizada, y uso de menores para la comisión de delitos. El procesado no aceptó los cargos.

Los menores de edad fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos. Entre tanto, los otros 20 adultos fueron judicializados por el delito de uso de documento falso y seguirán vinculados a la investigación.

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Cae red delictiva que robó pertenencias a un ruso y luego lo asesinaron

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La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar a cuatro presuntos integrantes de un grupo delincuencial señalado de contactar a extranjeros mediante aplicaciones de citas, concertar encuentros en zonas turísticas de Cartagena y luego trasladarlos a Turbaco (Bolívar) para despojarlos de sus pertenencias o vaciar sus cuentas bancarias.

Se trata de Leobanis de Jesús Mafioli López, alias Leo; Dairo Enrique Herrera Pinto, Carlos Andrés García Morales y Carlos Andrés Navarro Torres, quienes estarían involucrados en siete hechos delictivos registrados entre 2024 y 2025, que afectaron a ciudadanos de Canadá, México, Brasil y El Salvador.
En uno de los eventos delictivos conocidos le habrían causado la muerte a un ciudadano ruso.

La víctima salió del hotel en el que se hospedaba, se reunió en el Centro Histórico con la persona con la que supuestamente había acordado verse y luego aceptó abordar un carro para ir otro lugar. Durante el recorrido otros hombres subieron al automotor y la golpearon para obligarla a entregar sus objetos de valor.

Las evidencias recaudadas dan cuenta de que el extranjero fue golpeado, atacado con arma cortopunzante y estrangulado hasta causarle la muerte. Finalmente, el cuerpo fue incinerado y abandonado en una finca de Turbaco.

Por estos hechos, un fiscal especializado de la Seccional Bolívar les imputó los delitos de homicidio, secuestro extorsivo y concierto para delinquir, las tres conductas agravadas; y ocultamiento de elementos materiales probatorios. Por disposición de un juez de control de garantías los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Intervenido complejo de minería ilegal: once personas capturadas y judicializadas

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*Mediante la utilización de métodos no convencionales de extracción de oro, el vertimiento de sustancias tóxicas y el abandono de residuos sólidos estarían ocasionando graves daños en la ronda del río Quinamayó.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 11 personas señaladas de extraer oro de manera ilegal en las modalidades de socavón y aluvión en la vereda La Alegría, en zona rural de Santander de Quilichao (Cauca).

Estos hombres fueron capturados en situación de flagrancia en una acción coordinada con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional.

En el procedimiento se constató que serían los encargados de realizar las actividades de minería sin los permisos de ley, usar métodos no convencionales de explotación, arrojar residuos sólidos y verter sustancias tóxicas a las fuentes hídricas, generando graves afectaciones al ecosistema, especialmente al río Quinamayó, principal receptor del material contaminante.

De igual manera, en el lugar fueron encontrados 2 motores que eran utilizados para activar un sistema de poleas que trituraba el material obtenido; 2 motobombas empleadas para el drenaje de los socavones y el manejo del agua, 4 dragas tipo buzo, 6 clasificadoras de oro y tres taladros percutores.
Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los capturados los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, daño en los recursos naturales y ecocidio, y contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburos.

Los procesados fueron identificados como: Jhon Jairo Mina Zapata, Mayken Steven Palacios Balanta, Leiner Edilson Gómez Tegue, José Wilson Camilo Caicedo, Ronald Stiven Trochez Coronado, Niber Felipe Mera Asprilla, Juan David Mera Cortez, Julián Andrés Mina Mera, José Jairo Mena Mina, Rogelio Lasso Campo y Víctor José Molina Cortez.

Estas personas no aceptaron cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro
carcelario.

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