• El procesado habría utilizado siete importadoras fachada para simular operaciones de comercio exterior y dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.

• En simultáneo al proceso de judicialización, se materializaron las medidas cautelares sobre el patrimonio de la red delictiva y fueron puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) bienes avaluados en más de 534.000 millones de pesos, así como 11 activos financieros por valor de 3.068 millones de pesos.

La Delegada para las Finanzas Criminales, a través de sus direcciones especializadas de Delitos Fiscales, Extinción del Derecho de Dominio e Investigaciones Financieras, logró la judicialización de Walter Francisco Martínez Martínez, señalado integrante de una red transnacional que estaría dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, que posteriormente comercializaba los productos en una cadena de almacenes de ropa femenina.

Según la investigación, Martínez Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de, al menos, siete empresas de papel importadoras, utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros.

De esta manera, se habría facilitado el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, productos cosméticos y otros artículos, con apariencia de legalidad.

Las actividades investigativas evidenciaron que varias de las sociedades identificadas registraban direcciones inexistentes, correspondientes a lotes desocupados o inmuebles residenciales sin relación con el objeto social reportado.

Adicionalmente, se estableció que las maniobras fraudulentas habrían favorecido el incremento patrimonial de los presuntos articuladores del entramado ilegal.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Martínez Martínez los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.

*Mediante falsedades y otras maniobras ilícitas habría recibido más de 6.800 millones de pesos por concepto de remuneración tarifaria de la actividad de aprovechamiento, sin cumplir en realidad con labores de recolección, transporte y clasificación de residuos.

La Fiscalía General de la Nación identificó a los presuntos articuladores principales de una red delictiva señalada de realizar cobros por servicios de reciclaje en Tunja, Duitama y Sogamoso (Boyacá), que no se realizaron con la frecuencia reportada ni en las condiciones que acreditaron ante las autoridades competentes.

Se trata de Laura Maritza Castro Alezones y Ronald Yosefer Pulido Forero, representantes legales de dos empresas recolectoras de residuos; y la particular Ingrid Yineth Amaro Guavare. Estas personas se habrían articulados para entregar información falsa a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre la cantidad de material reciclable recolectado y clasificado.

Los elementos materiales probatorios indican que las dos sociedades no contaban con bodegas operativas para el almacenamiento y disposición del material, ni con el personal requerido para cumplir con la labor. Además, en sus informes incluyeron nombres de habitantes de calle y recicladores para justificar facturas por toneladas inexistentes de material reciclable. Estos documentos con información espuria fueron cargados al Sistema Único de Información (SUI) de la Superservicios y les permitieron recibir en dos años más de 6.829 millones de pesos, por concepto de la remuneración tarifaria de la actividad de aprovechamiento, un reconocimiento monetario que contempla la ley para los recicladores de oficio por recolectar, transportar y clasificar residuos.

En el curso de la investigación se conoció que parte de los recursos, al parecer, fueron destinados para la compra de vehículos de gama alta e inmuebles, entre otros bienes. Asimismo, quedaron al descubierto diversas actuaciones posteriores como ajustes ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), simulaciones documentales y alteración de información con el propósito de evitar que fuera detectado el entramado ilícito y obstaculizar la acción de la justicia.

*Durante nueve años la víctima soportó las agresiones de la mamá y el padrastro, fue encerrada y encadenada en diferentes momentos en una vivienda de Ibagué (Tolima) porque conseguía amigos, y obligada a abortar en dos oportunidades.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a una pareja señalada de abusarsexualmente y someter a tratos crueles e inhumanos a una menor de edad en un inmueble de Ibagué (Tolima).

Los hechos investigados comenzaron en 2016, cuando la víctima tenía ocho años, y se prolongaron hasta 2025. Durante este tiempo la mujer habría permitido que su compañero sentimental ejerciera un ciclo de violencia sistemática y prolongada contra su hija, afectando su integridad, libertad y formación sexual.

En ese sentido, se conoció que el hombre, al parecer, agredía sexualmente a la niña y grababa en video los vejámenes a los que la sometía para generarle vergüenza y chantajearla. Adicionalmente, hay evidencias de que presuntamente la encerraba y encadenaba en la vivienda cada vez que se enteraba que tenía amigos.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que producto del recurrente abuso sexual la menor de edad quedó embarazada y fue obligada a abortar en dos oportunidades sin recibir asistencia médica, situación que puso en grave riesgo su vida y salud emocional.

Por lo anterior, la pareja fue capturada en una diligencia de registro y allanamiento realizada de manera articulada con la Policía Nacional en el sector Praderas de Santa Rita, en Ibagué.

En el procedimiento fueron incautados dos celulares.

Entre tanto, una fiscal de la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó al hombre y a la mujer los delitos de acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años, pornografía con personas menores de 18 años, tortura agravada, violencia intrafamiliar agravada, aborto sin consentimiento e inducción al suicidio.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario